Informe final de Contraloría confirma ilegalidad de exdirector Luis Thayer en descontrolado ingreso de niños haitianos en gobierno de Boric

La Contraloría General de la República (CGR) —el organismo público encargado de fiscalizar que las instituciones usen de forma correcta los recursos del Estado y cumplan las leyes— publicó este miércoles 24 de junio su esperado informe final de investigación, revelando graves faltas a la ley y una alarmante ausencia de control entre los servicios a cargo de las fronteras de nuestro país. La auditoría, gatillada tras denuncias por el masivo arribo de menores de edad de nacionalidad haitiana mediante vuelos chárter bajo el programa de reunificación familiar entre enero y abril de 2025, apuntó de manera directa a la gestión del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) del gobierno de Gabriel Boric, Luis Thayer, acusándolo de dictar instrucciones paralelas y flexibilizar de forma ilegal requisitos fijados por la Constitución Política de la República.

Puntos Claves:

Un memorándum al margen de la ley chilena

• Exdirector actuó sin atribuciones legales: La investigación de la Contraloría determinó que el entonces jefe del SERMIG —la entidad estatal a cargo de regular la entrada de extranjeros—, Luis Thayer, perteneciente al Frente Amplio, flexibilizó las exigencias obligatorias de ingreso para ciudadanos haitianos mediante el memorándum interno N° 1.886.
• Validación de antecedentes penales vencidos: La fiscalización constató la aprobación de permisos migratorios utilizando certificados de antecedentes vencidos por hasta 349 días o sin las debidas legalizaciones, una medida que vulneró la normativa legal y reglamentaria vigente en Chile.
• Arrogación de facultades exclusivas: El informe de 147 páginas es tajante al señalar que Thayer, al intentar rebajar requisitos de la Ley de Migraciones mediante un simple documento de comunicación interna, terminó por atribuirse competencias que corresponden únicamente a los poderes del Congreso Nacional o a decretos presidenciales. En palabras sencillas, un documento de comunicación interna no es suficiente para alterar lo que dice explícitamente una ley.
• Defensa del exdirector ante el Congreso: Tras conocerse los lapidarios hallazgos, Luis Thayer compareció ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para justificar las excepciones aplicadas debido a la crisis interna de Haití, declarando de forma textual: “Vamos a defender nuestros argumentos, que no solo están en la defensa del interés superior del niño, sino también en las facultades que otorga el Estatuto Administrativo a las jefaturas de servicio”.

Caos institucional y desprotección de menores

• Grave desarticulación entre organismos del Estado: El órgano fiscalizador acusó un “desorden mayor y bajo nivel de coordinación entre las instituciones a cargo del Programa de Reunificación Familiar”, un engranaje compuesto por el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) —la policía civil responsable del control de fronteras— y la Subsecretaría de la Niñez, lo que impidió realizar un seguimiento real para proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA).
• Falta de trazabilidad y datos erróneos: Durante los cuatro meses auditados por la Contraloría, ingresaron al país 2.792 haitianos por reunificación familiar, de los cuales el 83% correspondía a menores de edad (1.229 niños); las visitas de control en terreno alertaron que 64 menores no pudieron ser ubicados inicialmente en las direcciones registradas debido al descontrol informático de las autoridades.
• Sistemas vulnerables y riesgo de corrupción: Los fiscalizadores detectaron fallas críticas en las plataformas digitales de Migraciones, tales como la falta de definición de roles o perfiles de usuario, condiciones deficientes que abren espacio a irregularidades; en este contexto, los antecedentes debieron ser remitidos al Ministerio Público tras denuncias por una funcionaria que presuntamente cobraba dinero a cambio de apurar trámites.

Aviones sin control y sospechoso traslado de menores

• Vuelo chárter operó sin lista de pasajeros: La Contraloría detectó que el vuelo no regular WAL-801, perteneciente a la aerolínea Caribbean Sun Airlines, aterrizó en territorio chileno el 15 de octubre de 2025 omitiendo la entrega obligatoria del listado de pasajeros, una infracción ante la cual las autoridades de gobierno no aplicaron las multas económicas correspondientes en su debido momento.
• Adultos a cargo de decenas de niños: Se encendieron las alarmas al constatarse que, entre 2024 y 2025, un grupo de 12 ciudadanos extranjeros ingresó recurrentemente al país figurando de forma habitual como acompañantes responsables de una gran cantidad de menores, registrándose el caso extremo de una persona registrada a cargo de 34 niños en un solo viaje de abril de 2025.
• Instrucción inmediata de sumarios administrativos: Ante el nivel de las faltas, la Contraloría ordenó abrir de inmediato sumarios administrativos —investigaciones internas para establecer faltas de los funcionarios públicos y aplicar sanciones— en el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, además de iniciar un examen de cuentas autónomo —una revisión especial enfocada en pérdidas de dinero fiscal— por las multas no cobradas a las líneas aéreas.

🔴INFORME DE AUDITORÍA | Reunificación Familiar: CGR confirma irregularidades administrativas en instituciones a cargo de permisos migratorios.
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— Contraloría (@Contraloriacl) June 24, 2026

Este contundente informe de la Contraloría viene a ratificar el severo impacto y las profundas grietas que las políticas de fronteras abiertas y la condescendencia ideológica provocan en la institucionalidad de nuestro país. La gestión de las autoridades de izquierda, empecinadas en implementar agendas humanitarias sin el debido rigor técnico ni respeto por el marco legal chileno, terminó exponiendo a más de mil niños extranjeros a un peligroso limbo de descontrol y falta de trazabilidad. Dejar el resguardo de la seguridad nacional y la integridad de menores de edad sujetos a meros criterios personales e ilegales no es solo una negligencia administrativa, sino el reflejo de una ineficiencia crónica por parte de un gobierno que debilita el Estado de derecho.

Ante el evidente caos migratorio destapado por el ente fiscalizador, se vuelve imperativo que los sumarios administrativos instruidos y las investigaciones derivadas a la Fiscalía avancen con la máxima celeridad para hacer efectivas las responsabilidades políticas y funcionarias. El Estado no puede transformarse en un espectador pasivo frente a vuelos sin registros obligatorios o particulares transportando decenas de menores de edad sin fiscalización real. Corregir este desolador panorama exige recuperar de inmediato el imperio de la ley, endurecer de manera categórica los controles en los pasos fronterizos y terminar definitivamente con las improvisaciones ideológicas que vulneran la soberanía de Chile.