Derecha dividida salva al exministro Nicolás Grau de la acusación constitucional por descalabro fiscal

Este martes, la Sala del Senado en Valparaíso rechazó en forma definitiva la Acusación Constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, el economista del Frente Amplio Nicolás Grau. El libelo acusatorio, que buscaba establecer la responsabilidad política de la exautoridad por graves inconsistencias y el ocultamiento de información en el Informe de Finanzas Públicas, no logró alcanzar el quórum mínimo de veintiséis votos debido al sorpresivo desmarque de varios parlamentarios de oposición, quienes con sus votos en contra y abstenciones terminaron por sepultar la iniciativa levantada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano.

Puntos Claves:

• El masivo rechazo en las votaciones: La Cámara Alta desestimó uno a uno los cuatro capítulos de la Acusación Constitucional (AC) —un mecanismo legal para destituir o sancionar a altas autoridades—. El primer capítulo obtuvo 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones; el segundo capítulo, relativo a la subestimación del déficit fiscal —que es el saldo negativo que se produce cuando el Estado gasta más dinero del que recibe—, sumó apenas 9 votos a favor y 32 en contra; el tercero logró 16 a favor y 26 en contra; mientras que el cuarto cerró con 10 votos a favor y 33 en contra, sepultando la opción de inhabilitar a la exautoridad por cinco años para ejercer cargos públicos.
• Los desmarques claves de la centroderecha: La iniciativa fracasó rotundamente debido a la falta de cohesión en las bancadas de oposición, destacando el rol de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, militante del partido Renovación Nacional (RN), quien votó en contra de la totalidad del libelo. A ella se sumó la timonel del mismo partido, Andrea Balladares, quien se abstuvo en el primer capítulo y rechazó los tres restantes, junto con las alarmantes abstenciones en los cuatro capítulos de los senadores Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), y el independiente Rojo Edwards.
• Las advertencias técnicas ignoradas: El libelo acusatorio se fundaba en las preocupantes diferencias detectadas en el Informe de Finanzas Públicas (IFP), el documento oficial que rinde cuentas sobre cómo se proyecta la economía del país. El economista Jorge Quiroz había denunciado una evidente subestimación de la deuda pública y del déficit presupuestario proyectado para el año 2026, lo que la bancada impulsora del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (PR) calificó como un burdo «maquillaje» de cifras intolerable para la fe pública.
• Las declaraciones de la jornada: La sesión estuvo marcada por defensas corporativas y críticas cruzadas entre los parlamentarios, donde los sectores de izquierda celebraron la impunidad del exsecretario de Estado. El diputado oficialista Gonzalo Winter, perteneciente al Frente Amplio (FA), atacó la acusación señalando que «construyeron una acusación sobre afirmaciones que no resistían los hechos y montaron un espectáculo político». Por su parte, el exministro Nicolás Grau evitó asumir cualquier tipo de autocrítica por dejar las arcas fiscales debilitadas y declaró: «En esta votación ha quedado demostrado que se trataba de una acusación sin fundamentos».

La caída de este juicio político deja un amargo sabor ciudadano y pone en evidencia la alarmante desconexión de ciertos sectores de la centroderecha, que prefirieron unirse al oficialismo antes que exigir rendición de cuentas a los responsables de la crisis económica. Al negarse a sancionar la evidente negligencia en el manejo de la billetera fiscal del país, el Senado chileno entrega una peligrosa señal de impunidad frente a la ineficiencia gubernamental de la administración anterior, validando proyecciones distorsionadas que impactan directamente en el bolsillo de las familias, el costo de la vida y el empleo de los chilenos.

Resulta incomprensible que, ante datos duros de endeudamiento y advertencias explícitas de organismos técnicos sobre el ocultamiento del déficit presupuestario, primen los cálculos políticos pequeños y las ausencias injustificadas por sobre el deber cívico de proteger los recursos del Estado. La ciudadanía, que día a día sufre los efectos de las malas políticas públicas de la izquierda, asiste una vez más a un espectáculo donde las autoridades eluden sus responsabilidades institucionales con la increíble complicidad de quienes debieron ser los primeros en defender la rigurosidad presupuestaria de la nación.