Haitiano detenido por tráfico de migrantes en Pedro Aguirre Cerda lideraba una ONG que recibió $50 millones de pesos del Estado de Chile
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La Unidad de Investigación del medio Bio Bio Chile dio a conocer un grave caso que expone la alarmante falta de control y la vulnerabilidad en la entrega de fondos públicos en nuestro país. Este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Jean Chery Dormeus, un ciudadano haitiano acusado de liderar una red criminal dedicada al tráfico ilícito de personas, el lavado de activos y la asociación criminal. Lo indignante del hecho es que, en paralelo a su presunta actividad delictiva, Dormeus presidía una Organización No Gubernamental (ONG), es decir, una agrupación sin fines de lucro, que recibió más de 50 millones de pesos por parte del Estado de Chile. Estos fondos financiaban actividades de la entidad mientras su líder operaba de forma ilegal, encendiendo las alarmas sobre los criterios de asignación de recursos fiscales bajo las administraciones de Sebastián Piñera y el gobierno de Gabriel Boric.
Puntos Claves:
La doble fachada y los delitos imputados
- Detención y cargos criminales: Jean Chery Dormeus fue capturado por la PDI junto a su socio Ezechiel Rome, y ambos enfrentan cargos por los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos.
- Red de tráfico de personas: La fiscalía investiga a la Agencia Cananeen, propiedad de Dormeus, por coordinar el ingreso ilegal de niños, niñas y adultos desde Haití hacia Chile mediante pasos no habilitados hacia República Dominicana, para luego trasladarlos en vuelos comerciales usando permisos notariales falsos gestionados en nuestro país.
Financiamiento con recursos de todos los chilenos
- Millonarios fondos desde el Gobierno Regional: La Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile (ODEHC) —entidad comunitaria que Dormeus preside desde 2019— obtuvo un total de 30 millones de pesos del Gobierno Regional Metropolitano (GORE) a través de tres convenios de 10 millones cada uno firmados desde el año 2022.
- Falta de claridad en el destino del dinero: Los recursos públicos entregados a la ONG provenían en parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) —un porcentaje de dinero estatal destinado a iniciativas locales—, pero los documentos de aprobación legal no detallaban de manera específica en qué se debía gastar el dinero, bajo títulos genéricos de inclusión social en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Responsabilidades políticas y nexos ministeriales
- Aportes del Ministerio del Interior en dos administraciones: La organización liderada por el hoy detenido también captó 20 millones de pesos provenientes del fondo de la Organización Regional de Acción Social del Ministerio del Interior (Orasmi), un programa estatal diseñado para entregar ayuda económica a personas en situación de vulnerabilidad.
- Financiamiento bajo el gobierno de Sebastián Piñera: En agosto de 2021, bajo la gestión del entonces ministro del Interior Rodrigo Delgado, la ONG recibió $15.150.000 de pesos con el objetivo de financiar cursos grupales para el aprendizaje del idioma español para la población inmigrante.
- Financiamiento bajo el gobierno de Gabriel Boric: En el año 2024, la ministra del Interior de la administración de Gabriel Boric, Carolina Tohá, firmó el decreto que le otorgó otros 5 millones de pesos a la misma organización de Dormeus para ejecutar el proyecto «Escuela de lenguaje español para migrantes haitianos vulnerables de Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y La Cisterna».
- Gestiones y reuniones de lobby con autoridades: Los registros públicos muestran que Dormeus utilizó los canales oficiales para reunirse en mayo de 2024 con la asesora del director del Servicio Nacional de Migraciones, Charlene Dilla, donde el imputado solicitó la cita formal para abordar la «elaboración e implementación de un programa de facilitadores interculturales para mejorar la atención y permitir que todos tengan la misma oportunidad».
Este indignante caso deja en evidencia una alarmante falta de fiscalización e ineficiencia del aparato estatal para resguardar los recursos que pertenecen a todos los chilenos. Resulta completamente inadmisible que los fondos de los contribuyentes terminaran en las manos del presunto líder de una banda de crimen organizado, financiando una fachada social mientras, en paralelo, se vulneraba la soberanía nacional y la seguridad de nuestras fronteras mediante la internación ilegal de personas, afectando incluso a menores de edad indefensos.
La permisividad ideológica y las políticas de fronteras abiertas que caracterizaron al ya pasado gobierno de Gabriel Boric y sus ministerios no solo profundizaron la crisis migratoria, sino que facilitaron que organizaciones delictivas aprovecharan la burocracia del Estado para validarse y recibir financiamiento. Chile exige una revisión profunda, mano dura contra la corrupción y una reestructuración total en la entrega de dineros públicos a fundaciones y organizaciones no gubernamentales, garantizando de una vez por todas que el dinero fiscal se use para el bienestar nacional y jamás para subsidiar flagelos delictivos.
