Sergio Muñoz Riveros denuncia ante la Cámara de Diputados que el estallido de 2019 fue una agresión de Venezuela amparada por la izquierda chilena

El escritor y columnista Sergio Muñoz Riveros compareció el pasado martes 7 de julio ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en Valparaíso con el fin de esclarecer los hechos ocurridos en octubre de 2019. Durante su intervención, el intelectual sostuvo con firmeza que las violentas jornadas vividas en el país no correspondieron a un movimiento social espontáneo, sino a una operación política y delictiva planificada desde el extranjero por la dictadura de Venezuela, la cual contó con el respaldo de sectores de la izquierda local que buscaron desestabilizar el gobierno democrático de la época.

Puntos Claves:

• Un origen estrictamente político y no social: Sergio Muñoz Riveros detalló ante los parlamentarios que los desmanes de 2019 no nacieron del malestar del pueblo, sino que fueron un ataque directo contra la convivencia nacional. En sus propias palabras, el analista afirmó de forma textual: «El estallido no fue social. Pero, no sólo eso. Estoy convencido de que fue gestado en el exterior y luego fueron alineados los aliados internos que estaban en deuda con el chavismo».
• Venganza de la dictadura de Maduro por el viaje a Cúcuta: La agresión del régimen venezolano fue planeada como una represalia inmediata por el viaje que el presidente chileno de la época realizó a la frontera colombiana en febrero de 2019 para entregar alimentos y medicinas a la población desabastecida. El expositor recordó que los líderes extranjeros Diosdado Cabello y Nicolás Maduro celebraron los ataques en Santiago tildándolos como la «brisa bolivariana», revelando que el ataque buscaba cobrar venganza contra quienes desafiaron su dictadura.
• Complicidad y oportunismo de la izquierda radical: El Partido Comunista y otros sectores de izquierda del país actuaron con una evidente deslealtad democrática al amparar la violencia callejera para debilitar la institucionalidad. Sergio Muñoz Riveros criticó el entusiasmo del PC por utilizar métodos extremos y exigir la renuncia del jefe de Estado solo un día después de iniciados los desmanes, usando las marchas pacíficas como un escudo humano para validar saqueos e incendios.
• Nexos económicos y financiamiento millonario extranjero: Los ataques coordinados a infraestructura crítica, como la quema simultánea de 77 estaciones del Metro de Santiago, requirieron una logística avanzada y millones de dólares en financiamiento. Se expusieron antecedentes de la DEA, que es la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, sobre cómo operadores de Diosdado Cabello ocultaban dinero en efectivo en Caracas para financiar revueltas en Colombia y Chile.
• La conexión con el Tren de Aragua y el crimen de Ronald Ojeda: El expositor vinculó la violencia del año 2019 con delitos de alta gravedad ocurridos recientemente, como el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en la comuna de Maipú en febrero de 2024. Este crimen político fue ejecutado por el Tren de Aragua, cuyos sicarios usaron uniformes falsos de la PDI, bajo las órdenes directas de la dictadura caraqueña.
• Petición urgente para una profunda investigación de Estado: Debido a que la comisión legislativa terminará sus funciones en agosto, el columnista solicitó formalmente que el país impulse una indagación que involucre todas las herramientas de seguridad nacional. El intelectual cerró su intervención con una fuerte exigencia ciudadana: «Necesitamos toda la verdad. Es hora de investigar a fondo la agresión venezolana de 2019», lo que obligaría a actuar al Ministerio de Seguridad y a los departamentos de inteligencia de las FFAA, es decir, las Fuerzas Armadas chilenas.

La violencia desatada a partir de octubre de 2019 causó heridas profundas en la sociedad chilena, destruyendo el sustento de miles de familias de esfuerzo. Los daños materiales en infraestructura pública superaron los 1.000 millones de dólares, gatillando el cierre masivo de pequeñas empresas, el desempleo y una fuga de capitales que frenó el progreso del país, mientras los sectores de izquierda justificaban la barbarie bajo una falsa bandera de justicia social.

La gran lección de este oscuro episodio es que la democracia corre un peligro inminente si se tolera la condescendencia y el oportunismo de políticos radicales que validan la destrucción de la legalidad. Para resguardar el futuro de Chile, el Estado debe sacudirse el miedo, desmantelar las redes de intervención extranjera y asumir con firmeza la defensa de las instituciones frente a quienes pretenden imponer el caos por la vía de la fuerza.