Acuerdo por la megarreforma desata profunda división entre el PPD y el PS mientras la izquierda más obstruccionista busca bloquear el proyecto en el Tribunal Constitucional

El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la bancada de senadores del Partido Por la Democracia (PPD) sellaron este miércoles en Valparaíso un sorpresivo acuerdo político en el marco de la megarreforma de reconstrucción nacional impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. El pacto modifica las condiciones de la invariabilidad tributaria —un seguro legal que congela las normas de impuestos a los grandes inversionistas para darles seguridad— estableciendo un sistema escalonado de plazos y una sobretasa de beneficio fiscal, lo que provocó un quiebre inmediato y un intenso caos interno en los partidos de la centroizquierda, quienes acusaron a sus propios parlamentarios de actuar a espaldas de las directivas partidarias.

Puntos Claves:

• Detalles del nuevo esquema escalonado: El compromiso fija que la invariabilidad tributaria ya no será fija por un plazo único de 25 años, sino que se otorgará proporcionalmente según el monto invertido: 10 años para inversiones entre 50 y 100 millones de dólares, 15 años entre 100 y 350 millones, y hasta un máximo de 20 o 25 años para montos superiores.
• Creación de una sobretasa compensatoria: Las grandes empresas que se acojan a este beneficio deberán pagar un recargo adicional del 1,5% sobre el impuesto corporativo —que es el tributo aplicado directamente a las utilidades de las compañías—, dinero que el Ejecutivo utilizará para financiar el Fondo Común Municipal y apoyar el desarrollo de las comunas del país.
• Excepciones clave y resguardo del Royalty: El pacto estipula expresamente que las firmas beneficiadas no quedarán protegidas ante futuras modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos verdes o el royalty minero —el impuesto especial que cobra el Estado por la extracción de minerales—, manteniendo intacta la facultad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos (SII).
• Declaración oficial sobre el costo empresarial: El documento redactado por los parlamentarios enfatiza las nuevas exigencias para el sector privado, señalando textualmente que “La estabilidad tributaria tendrá un costo para las empresas, no será gratis”, complementando que quienes reciban certeza jurídica para sus capitales deberán realizar un mayor aporte económico al país.

Rebelión interna y quiebre en la centroizquierda

• Desconocimiento de las directivas de oposición: El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, y la timonel del PS (Partido Socialista), Paulina Vodanovic, se desmarcaron completamente del trato argumentando que fue una decisión inconsulta de los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal, lo que desató duras recriminaciones cruzadas en las bases militantes y declaraciones públicas de rechazo de las juventudes y concejales de la colectividad.
• Ofensiva conjunta ante el Tribunal Constitucional: A pesar del acuerdo alcanzado por los senadores en la Cámara Alta, las directivas del bloque opositor —que incluye al FA (Frente Amplio), el PC (Partido Comunista) y la DC (Democracia Cristiana)— ratificaron que presentarán de todas formas un requerimiento ante el TC (Tribunal Constitucional) para intentar frenar la megarreforma, bajo la asesoría del abogado Tomás Jordán.
• Respaldo al ordenamiento de las arcas públicas: Este avance legislativo coincide con las metas fijadas en el Decreto de Política Fiscal del Gobierno, el cual busca resguardar la estabilidad financiera del país reduciendo el déficit estructural —la diferencia negativa entre los ingresos y gastos estables del Estado— desde un 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 hasta un 1,5% en 2030.
• Compromiso del Ejecutivo con la eficiencia fiscal: Respecto a la rigurosidad en la gestión de los fondos fiscales, el ministro Jorge Quiroz defendió la conducción económica de la actual administración manifestando que “Cada peso que gasta el Estado es un peso de todos los chilenos; y vamos a seguir con ese celo en el cuidado de los recursos que son de todos”.

Este importante acuerdo liderado por el Ministerio de Hacienda representa un triunfo estratégico clave para la administración de La Moneda, consolidando una señal de estabilidad y certeza jurídica indispensable para reactivar la inversión privada en el país. En un escenario económico complejo, avanzar en fórmulas que incentiven la creación de nuevos empleos, eleven los salarios y generen recursos frescos para el bienestar social es una prioridad urgente que sintoniza con las necesidades cotidianas de las familias chilenas, dejando en evidencia que el diálogo constructivo y responsable rinde frutos concretos.

Por el contrario, la fractura expuesta en los partidos de la oposición demuestra cómo las posturas más extremas de la izquierda insisten en bloquear el progreso a través de disputas políticas e impugnaciones judiciales en el Tribunal Constitucional. Mientras el oficialismo y los sectores parlamentarios pragmáticos logran poner el crecimiento económico de Chile por delante de los intereses partidistas, las cúpulas de la centroizquierda arriesgan profundizar su propia división interna al cerrarse a consensos básicos que van en directo beneficio del desarrollo de las regiones y de la clase media.