Alerta en las costas chilenas: informe revela incursión de buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva y la CPC advierte millonario impacto de la pesca ilegal

Un reciente informe independiente elaborado por el investigador especialista en conservación marina, Milko Schvartzman, reveló que al menos seis buques pesqueros procedentes de China ingresaron de forma no autorizada a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile entre fines de 2024 y principios de 2026. La investigación detalla que estas naves utilizaron los puertos del norte chileno, como Arica e Iquique, como su principal base de abastecimiento logístico en Sudamérica debido a las restricciones que implementó Perú, una situación que coincide con la alerta entregada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sobre las millonarias pérdidas y el daño al ecosistema que provoca la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) en el territorio nacional.

Puntos Claves:

Incursiones de la flota extranjera en el mar chileno

• El impacto logístico en los puertos chilenos: Tras el cierre y las severas restricciones satelitales impuestas por Perú en 2024 para evitar la captura ilegal de la jibia o calamar gigante, la flota de naves asiáticas trasladó sus operaciones de reabastecimiento a los puertos de Arica e Iquique, registrando un aumento en sus escalas de cerca de un 3.000% entre los años 2024 y 2025. El informe independiente de Milko Schvartzman denuncia que las autoridades nacionales permitieron este masivo desembarco logístico entregando infraestructura barata y acceso a la Zona Franca de Iquique, a pesar de que estos buques cuentan con un amplio historial de pesca ilícita, uso de trabajo forzado y graves abusos contra los derechos humanos.
• La polémica trastienda política y el viaje a China de la exministra: El descontrolado auge del 3.000% en las visitas de barcos chinos a los puertos del norte comenzó en octubre de 2024. Esto coincidió de forma inmediata con el mes posterior a una visita oficial de una semana que la entonces ministra de Defensa del gobierno de izquierda, Maya Fernández, realizó a China para reunirse con autoridades militares y de construcción naval de ese país. Esta situación levanta profundas interrogantes sobre la falta de firmeza y la alarmante ineficiencia del Ejecutivo anterior para defender nuestra soberanía marítima frente a flotas extranjeras que además están financiadas por el estado chino.
  
  Es importante entender esto para comprender la naturaleza del negocio y la expansión depredadora de las barcas chinas. Resulta que el estado chino subsidia el combustible y la construcción de nuevas naves de forma directa. Gracias a este financiamiento estatal, estos barcos pueden recorrer miles de kilómetros para operar de forma continua, generando una competencia totalmente injusta que destruye el sustento de los pescadores chilenos, quienes no reciben ayuda del gobierno, deben autofinanciarse por completo y están obligados a respetar estrictas normas locales. Aunque la exministra argumentó que el viaje fue para coordinar satélites de emergencia, la coincidencia temporal evidencia el débil compromiso de la administración anterior para resguardar las fronteras de Chile frente a una potencia extranjera. En pocas palabras, desde 2024 estas barcas se reabastecen en puertos chilenos sabiendo el perjuicio que están provocando.
• Incursiones detectadas mediante rastreo satelital: El investigador Milko Schvartzman utilizó el Sistema de Identificación Automática (AIS), que es una herramienta de posicionamiento satelital obligatorio para barcos, confirmando el ingreso ilegal de naves como el Zhong Ju 817 y el Fu Yuan Yu 7873 dentro de las 200 millas náuticas chilenas, espacio conocido como la Zona Económica Exclusiva (ZEE) donde solo nuestro país tiene derechos para extraer recursos marinos.
• Comportamientos altamente sospechosos en el mar: La investigación detectó que barcos como el Lu Rong Yuan Yu 667 navegaron a velocidades extremadamente bajas de 0,7 nudos (unidades de medida de velocidad en el mar que equivalen a 1,3 kilómetros por hora), lo que representa un indicador clásico de faenas de captura activa; además, se identificó al buque frigorífico Huan Xiang 6, encargado de recolectar la pesca en alta mar para que los pesqueros operen sin interrupciones.
• Evidencia visual nocturna captada por la NASA: El satélite de la agencia espacial estadounidense (NASA) identificó luces de alta potencia operadas en plena noche por el buque Zhan Hai 004 dentro de la ZEE chilena, una técnica utilizada para atraer a la jibia, mientras que el resto de las embarcaciones que lo acompañaban apagaron deliberadamente sus sistemas de ubicación para evitar ser descubiertas en aguas nacionales.

El informe de la CPC y la realidad de la fiscalización

• Las demoledoras cifras de la economía ilícita nacional: Paralelamente, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) —gremio que reúne a los empresarios de Chile— presentó un estudio donde detalla que los mercados fuera de la ley movilizan más de 5.700 millones de dólares al año en el país, situando a la pesca ilegal dentro de las diez actividades ilícitas más grandes con un movimiento anual de 430 millones de dólares y una pérdida de dinero para el Estado de 50 millones de dólares.
• La crítica falta de recursos para la fiscalización: El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), entidad pública encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes del mar, cuenta con apenas 1.200 funcionarios a nivel nacional y de sus siete embarcaciones solo tres están operativas, lo que explica que el 96% de los casos detectados de pesca ilegal en el país terminen sin una sanción real debido a las dificultades para controlar más de 4.000 kilómetros de costa.
• Operativos locales logran detenciones e incautaciones: En el ámbito local, Sernapesca y la Armada de Chile detuvieron en Coquimbo a cuatro personas que extraían 63,5 kilos de machas en un área protegida de Peñuelas, de la misma forma que en Tocopilla se decomisaron cerca de tres meses antes casi ocho toneladas de jurel que se transportaban en un camión sin documentos legales y durante un periodo de veda, que es la prohibición temporal de capturar una especie para proteger su conservación.

Reacciones y estrategias de control internacional

• La advertencia de los expertos sobre el fenómeno: Ante este escenario, Schvartzman señaló la gravedad de la desprotección marina para la economía regional: «Esta flota es reconocida por tener muchos casos de pesca ilegal, de abuso a los derechos humanos, de depredación pesquera, de pesca no regulada y que a su vez no sólo afecta al ecosistema marino, sino que afecta negativamente a las comunidades pesqueras de Chile».
• Estrategias internacionales y mecanismos de control: Frente a la crisis, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) expuso en España los avances en el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), un tratado impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para frenar estas prácticas ilegales, mientras que la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) de la Armada destacó que Chile es uno de los diez países que hace públicos los datos de monitoreo de sus barcos. De hecho, el Capitán de Corbeta LT Gonzalo Jiménez afirmó que estas instancias «fortalecen la colaboración a nivel internacional en el combate a la pesca INDNR y, al mismo tiempo, permiten dar a conocer el compromiso de Chile en este ámbito».

La proliferación de la pesca ilegal en el mar chileno no solo representa un severo golpe a la economía nacional y fiscal, sino que golpea directamente el corazón de las comunidades costeras y de los miles de pescadores artesanales que operan bajo los márgenes de la ley y respetan las cuotas asignadas para subsistir. Detrás de las estadísticas de toneladas incautadas o de kilómetros de incursión marítima, se encuentra el peligro inminente de agotar recursos fundamentales para la seguridad alimentaria de las familias chilenas y la destrucción de ecosistemas marinos irreemplazables que sostienen el empleo formal en las regiones del país.

Frente a un escenario donde la capacidad operativa del Estado se ve desafiada por la sofisticación logística de flotas internacionales y redes delictivas en tierra, la protección de los océanos se alza como una prioridad cívica urgente que requiere la modernización de los marcos regulatorios y un aumento sustancial en los recursos de fiscalización. Avanzar hacia una agenda transversal que sancione de forma efectiva el tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos y consolide los tratados de monitoreo satelital es la única vía para resguardar la soberanía productiva de Chile, garantizando que el mar siga siendo una fuente de sustento sostenible para las futuras generaciones.