INDH defiende rayados y destrozos como «expresión artística»: El insólito informe que prefiere proteger el vandalismo antes que cuidar los barrios de los chilenos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desató una profunda controversia en Santiago al presentar una minuta de veinticuatro páginas ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en la cual califica la penalización de rayados y daños a monumentos en espacios públicos y privados como una «criminalización de la expresión artística». El informe, expuesto por el director del organismo, Yerko Ljubetic, y duramente confrontado por autoridades como el ministro de Seguridad, Martín Arrau, argumenta además que sancionar penalmente a menores de edad por actos vandálicos, como la quema de buses, vulnera los tratados internacionales protectores de la infancia, abriendo una severa confrontación entre los defensores del orden público y la institución estatal.

Puntos Claves:

• El polémico informe del INDH: El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó una minuta a los parlamentarios donde sostiene que sancionar los rayados no autorizados y los grafitis en propiedades ajenas vulnera el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Según el organismo, el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades posee una redacción tan amplia que confunde los daños intencionales con la legítima creación cultural.
• Incompatibilidad con tratados internacionales: La institución aseguró que la nueva ley contradice pactos globales como la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos, que rige para los países de América) y el PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un acuerdo global para proteger las libertades democráticas), argumentando que sancionar estas conductas de manera desproporcionada vulnera la libertad de expresión política de la ciudadanía.
• Sobre los conceptos legales: Durante su exposición, el director del INDH, Yerko Ljubetic, criticó que se castiguen faltas a la propiedad privada con sanciones de otra naturaleza, como la pérdida de beneficios tributarios o estatales, mezclando lo que los abogados llaman bien jurídico protegido (término legal que se refiere a las cosas valiosas que la ley busca cuidar, como la propiedad ajena o la seguridad pública).

Defensa de menores ante actos vandálicos graves

• Amparo a menores involucrados en destrozos: En su informe, el INDH también cuestionó las sanciones dirigidas a los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) que cometan delitos como la quema de micros, el no pago del transporte público o daños a monumentos nacionales. La institución expuso que suspender la gratuidad en la educación superior, becas o subsidios habitacionales a jóvenes infractores atenta directamente contra el principio del «interés superior del niño», el cual exige que el Estado priorice la reinserción social de los menores en lugar de aplicar castigos que limiten sus oportunidades educativas.

Reacción del Gobierno y defensores del orden

• Dura respuesta de las autoridades de Seguridad: El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó duramente al organismo, acusándolo de «romantizar el vandalismo» y de dar la espalda a las verdaderas víctimas del desorden urbano. El secretario de Estado manifestó categóricamente en sus redes sociales: «El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos». En sintonía, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, fustigó al INDH catalogándolo como un brazo de la izquierda política que busca justificar la destrucción bajo pretextos artísticos.
• La postura del Ministerio de las Culturas: El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, también se distanció tajantemente de las conclusiones de la minuta y defendió la necesidad de resguardar los espacios comunes que pertenecen a toda la nación. Ante el debate parlamentario, el secretario de Estado recalcó con firmeza que «el arte y el vandalismo no son sinónimos», haciendo un llamado a no caricaturizar la discusión legislativa.

Esta nueva postura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) deja de manifiesto un sesgo ideológico preocupante que insiste en priorizar el supuesto derecho a vandalizar por sobre el derecho elemental de los ciudadanos a vivir en un entorno limpio, seguro y en paz. Al equiparar un rayado ilegal, un garabato con spray o la destrucción de monumentos históricos con una «expresión artística», la institución no solo debilita el respeto por la propiedad pública y privada, sino que le da la espalda a miles de locatarios, vecinos y trabajadores chilenos que deben financiar con su propio esfuerzo y trabajo la reconstrucción de los daños causados por minorías violentas.

La justificación del vandalismo y la permanente victimización de quienes infringen las leyes y destruyen la infraestructura pública reflejan la urgencia de reestructurar a fondo un organismo que ha desviado por completo su misión original. Un Chile moderno y respetuoso de las normas exige que quienes cometan destrozos asuman su responsabilidad real ante la justicia, garantizando que el sentido común, el orden público y la protección de los ciudadanos honestos vuelvan a ser la verdadera y única prioridad nacional.