Senadora Fabiola Campillai contrató como chofer a su yerno imputado por amenazas meses después de que su propia abogada asumiera la defensa judicial del sujeto, lo que pone en duda su alegado desconocimiento

La senadora de extrema izquierda Fabiola Campillai quedó en el centro de la polémica tras revelarse que contrató con recursos públicos del Senado a su yerno, Gerard Cortés Guerrero, como chofer de reemplazo en Santiago por un sueldo de un millón de pesos mensuales, a pesar de que el sujeto cuenta con antecedentes penales por robo con violencia y enfrenta una investigación judicial vigente por amenazas de muerte y agresiones con armas de fuego ocurridas en mayo de 2025 en San Bernardo.

Puntos Claves:

El polémico contrato en el Congreso

• Un sueldo estatal para la familia: Gerard Cortés Guerrero fue contratado bajo la modalidad a honorarios —un tipo de contrato temporal para prestar servicios específicos— como chofer de reemplazo de la senadora Fabiola Campillai, recibiendo una remuneración mensual de un millón de pesos chilenos financiada con recursos del Senado.
• Prontuario por robo y un juicio pendiente: El yerno de la parlamentaria arrastra una condena de 2017 por robo con violencia en la comuna de San Miguel y actualmente enfrenta un juicio oral por amenazas de muerte y lesiones, tras un incidente ocurrido en mayo de 2025 en San Bernardo.

El violento incidente y las agresiones armadas

• Amenazas de muerte y agresiones con pistola: Según la investigación de la Fiscalía —el Ministerio Público encargado de dirigir las investigaciones criminales—, Cortés amenazó de muerte a unos vecinos con un arma de fuego y golpeó a uno de ellos en el cráneo. Respecto a esta agresión física, la víctima declaró textualmente ante la policía: «Gerard me pegó un cachazo con la misma pistola en la cabeza, produciéndome una herida de gravedad con alto sangrado».
• La hija de la senadora también implicada: Paloma Castillo Campillai fue formalizada —es decir, la Fiscalía le notificó oficialmente que la investigaba— por amenazas; sin embargo, obtuvo una suspensión condicional del procedimiento, un beneficio judicial que congela el juicio a cambio de cumplir requisitos como no acercarse a los denunciantes.

El encubrimiento y la caída de la versión oficial

• La abogada de confianza que destapó la mentira: Aunque la senadora Fabiola Campillai publicó una declaración pública afirmando que: «De haber sabido, esa contratación nunca se habría ejecutado», se descubrió que su abogada personal, Alejandra Arriaza, ya había defendido a su yerno y a su hija en enero en esta misma causa judicial por amenazas, haciendo inviable o muy difícil su supuesto desconocimiento.
• Negativa a cooperar con la justicia: Detectives de la PDI —Policía de Investigaciones de Chile— intentaron registrar voluntariamente el domicilio de la senadora en San Bernardo para buscar el arma involucrada, pero la familia de la legisladora rechazó el ingreso de los oficiales debido a que no contaban con una orden judicial de allanamiento.
• Vínculos con un homicidio de alta connotación: El reportaje reveló además que el chofer contratado por el Senado es sobrino de uno de los principales imputados por el robo con homicidio de un niño de 12 años, ocurrido en junio de este año en la misma comuna de San Bernardo.

Este grave episodio desnuda, una vez más, la tremenda desconexión y la profunda hipocresía de ciertos sectores de la izquierda radical en Chile. Aquellos líderes políticos que durante años capitalizaron el descontento social bajo falsas promesas de «dignidad», igualdad y combate a los abusos de los poderosos, terminan utilizando el dinero de todos los contribuyentes para otorgar privilegios a su círculo íntimo, sin importar que posean graves antecedentes penales. Financiar con recursos estatales a familiares que amedrentan violentamente a sus propios vecinos es un insulto directo a las miles de familias chilenas que claman a diario por mayor seguridad y justicia frente a la delincuencia.

Resulta inaceptable que una senadora de la República, que vota sistemáticamente en contra de los proyectos de ley que buscan fortalecer el combate al crimen organizado, recurra a la protección de abogados personales y argucias técnicas para evitar el ingreso de la Policía de Investigaciones a su propio domicilio. En un Chile sumido en una profunda crisis de seguridad, las explicaciones tardías e insostenibles de Fabiola Campillai no hacen más que acrecentar la desconfianza ciudadana hacia la clase política que tanto criticaba y hoy representa con sus peores mañas.