Congreso aprueba multas de $34 mil a $103 mil para chilenos que no voten, mantiene sin sanción a extranjeros y eleva residencia a 10 años para sufragio desde 2026

A pocas semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley dos reformas clave: la aplicación de multas para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar y el endurecimiento de los requisitos para que extranjeros puedan ejercer su derecho a sufragio. La tramitación estuvo marcada por tensiones, contradicciones en la izquierda y fuertes reproches cruzados, pero terminó con un acuerdo que asegura cambios permanentes en el sistema electoral.

Puntos Claves:

• Multa obligatoria y permanente: El proyecto, impulsado originalmente por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), fija sanciones económicas entre 0,5 y 1,5 UTM (entre $34.632 y $103.897) para quienes no concurran a las urnas. La norma se aplicará a partir de las elecciones de noviembre y, al ser una ley permanente, no será necesario volver a discutir en el futuro cómo sancionar el incumplimiento del voto obligatorio.
• Exclusión polémica de los extranjeros: Aunque la Constitución consagra el voto obligatorio para todos los electores, el Congreso aprobó que los extranjeros residentes con derecho a sufragio no sean sancionados si se abstienen de votar. En la práctica, la multa quedó limitada únicamente a los ciudadanos chilenos, lo que generó críticas sobre incoherencias en la aplicación de la norma. Esta decisión contrasta con lo establecido en la Constitución, que consagra el voto obligatorio para todos los electores —chilenos y extranjeros habilitados—, lo que abre un debate sobre la coherencia de la medida y sobre una posible manipulación de las reglas electorales en favor de ciertos sectores.
• Excepciones definidas: Quedarán exentos de la multa quienes acrediten impedimentos graves como enfermedad, estar fuera del país, encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación, cumplir funciones encomendadas por la ley electoral o tener discapacidad certificada.
• Reforma al voto extranjero: El segundo proyecto aprobado modifica la Constitución para aumentar de cinco a diez años la residencia definitiva ininterrumpida requerida para que un extranjero pueda votar en Chile. Además, no deberán registrar salidas del país superiores a 90 días en un período de doce meses. Esta reforma entrará en vigor desde 2026.
• Divisiones en la izquierda: A pesar de que el gobierno defendió la medida como cumplimiento del mandato constitucional, en la izquierda hubo descuelgues notables. Diputados del PC, Frente Amplio y PPD rechazaron o se abstuvieron en la votación de las multas, pese a que el propio Presidente Gabriel Boric había respaldado la propuesta. El episodio reflejó tensiones internas y contradicciones frente a un tema clave del sistema electoral.
• Críticas a la oportunidad política: Desde la oposición se acusó al oficialismo de actuar con cálculo electoral. El diputado Johannes Kaiser cuestionó: “Hacer esto a semanas de la elección no corresponde”. Por su parte, Leonardo Soto (PS) replicó que “no pudimos llegar a un acuerdo porque algunos quisieron pasar una aplanadora”. El debate estuvo marcado por recriminaciones sobre oportunismo y cambios de postura según conveniencia política.
• Contexto y antecedentes: El voto obligatorio fue restituido en 2022, pero sin un mecanismo de sanción, lo que dejaba la norma constitucional incompleta. La oposición presionó para aprobar multas, argumentando que sin ellas la obligatoriedad era solo formal. La izquierda había bloqueado inicialmente montos más altos (cercanos a $206 mil), pero finalmente cedió a una cifra menor para viabilizar la aprobación.
• Impacto electoral y encuestas: Expertos y sondeos han advertido que la obligatoriedad del voto podría favorecer a candidatos opositores como José Antonio Kast y Franco Parisi, mientras que podría debilitar a la abanderada oficialista Jeannette Jara. Este factor electoral explica en parte las resistencias y contradicciones de sectores de izquierda durante la tramitación.
• Gestión del Gobierno: La ministra Segpres, Macarena Lobos, jugó un rol clave en destrabar la negociación con la oposición, mientras que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue cuestionado incluso dentro del oficialismo por frenar el diálogo en etapas previas. Finalmente, el Presidente Boric debió intervenir para alinear a su sector y asegurar la aprobación.

A LEY✅| La Cámara respalda las modificaciones del Senado al proyecto que sanciona el incumplimiento de la obligación de sufragar, con las excepciones que indica.

Se despacha del Congreso.

— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 29, 2025

✅ A LEY | La Cámara ratifica el proyecto de reforma constitucional en materia de derecho de sufragio de personas extranjeras.
Podrán votar los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos y que no registren salidas del país por más de 90 días en un período…

— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 29, 2025

Con estas reformas, Chile refuerza de manera permanente el carácter obligatorio del voto y establece una nueva regulación para el sufragio de extranjeros, aunque con una salvedad polémica: los migrantes habilitados para votar seguirán exentos de sanción si no cumplen con esa obligación.

Más allá de los acuerdos políticos que permitieron la aprobación, la tramitación dejó en evidencia las contradicciones de la izquierda, que terminó defendiendo medidas que en el pasado había rechazado. El resultado, sin embargo, tendrá un impacto duradero en el sistema electoral chileno, en el que a partir de noviembre quienes no concurran a las urnas deberán pagar multas y desde 2026 los migrantes tendrán mayores exigencias para votar.