El país entero quedó en shock tras la revelación de videos que muestran brutales agresiones contra un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base de Osorno. Entre 2018 y 2020, la víctima sufrió humillaciones, torturas físicas y psicológicas a manos de sus propios colegas, quienes incluso grababan y se burlaban de los vejámenes. Aunque se identificó a los responsables y los registros son indiscutibles, increíblemente estos funcionarios aún mantienen contratos en el recinto, lo que ha generado profunda indignación social y un llamado urgente a la justicia. Esta denuncia la dio a conocer Bio Bio
Puntos Claves:
- Agresiones inhumanas registradas en video: Camilo —nombre ficticio para resguardar su identidad— fue sometido a torturas que resultan difíciles de creer en pleno siglo XXI y al interior de un hospital. Lo amarraron de pies y manos, lo quemaron con vapor caliente, lo desnudaron, lo amordazaron y lo raparon en contra de su voluntad. Cada episodio era acompañado de burlas, risas y golpes, mientras él lloraba impotente.
- Sadismo y humillación constante:
- Fue quemado con la boquilla de un limpiador de vapor directo en rostro, abdomen y glúteos.
- Lo envolvieron con alusa y cinta de embalaje, obligándolo a posar con objetos para ridiculizarlo.
- Lo llevaron a un baño para raparlo mientras varios funcionarios lo sujetaban y se reían de su sufrimiento.
- En otro episodio, uno de los agresores simuló un acto sexual con él frente a testigos que aplaudían y tomaban fotografías.
Todo fue grabado por los mismos atacantes, quienes parecían disfrutar de su crueldad.
- Primer sumario sin sanciones: Aunque la dirección del hospital de esa época abrió un sumario, este se cerró en 2020 sin aplicar sanción alguna. La omisión institucional permitió que los agresores continuaran impunes y trabajando con normalidad.
- Reapertura tardía del caso: En 2024, la nueva dirección recibió antecedentes adicionales y reabrió el sumario, además de denunciar los hechos al Ministerio Público por posibles delitos de tortura y apremios ilegítimos. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de notificación de sanciones.
- Funcionarios siguen trabajando: La indignación crece porque, pese a la gravedad de los hechos y la evidencia audiovisual, los cuatro funcionarios identificados no fueron expulsados. Siguen contratados en el hospital, aunque fueron reasignados a otras funciones. Para muchos, esto es una burla a la víctima y a la sociedad que exige justicia.
- Condena del Ministerio de Salud: El Minsal calificó los hechos como “extremadamente graves” y aseguró estar vigilando las acciones legales y administrativas. La ministra Ximena Aguilera reafirmó el compromiso de la cartera en supervisar el caso y asegurar que no quede en la impunidad.
- Reacciones políticas y repudio transversal:
- El senador Iván Flores expresó: “Qué tipo de bestias abusivas son estos ‘funcionarios’ del Hospital de Osorno que apatotados y con abominables ventajas se ensañan con una persona TEA. Reclamo justicia y máximo rigor de castigo administrativo y penal para viles abusadores”.
- El diputado Roberto Celedón denunció un “sadismo extremo, constitutivo de delitos de la mayor gravedad, como la tortura y los apremios ilegítimos”.
- La diputada Carolina Marzán (PPD), autora de la ley de autismo, manifestó su “profundo dolor” y aseguró que los hechos “constituyen un atentado a los derechos más esenciales”.
- La diputada Erika Olivera agregó que el caso evidencia “la cultura del abuso que afecta al mundo laboral en Chile” y cuestionó el silencio institucional.
- Gremios exigen justicia real: La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) condenó enérgicamente lo ocurrido, recordando que no es un hecho aislado, sino reflejo de una violencia estructural en el mundo laboral. Exigieron sanciones inmediatas para agresores y directivos que, al no denunciar, actuaron como cómplices.
- Denuncia paralela por filtración de videos: El hospital anunció acciones contra quienes difundieron las grabaciones, argumentando vulneración de la honra de la víctima. Sin embargo, esta medida ha generado críticas, ya que muchos consideran que el esfuerzo debería centrarse en sancionar a los responsables de las torturas y no en perseguir a quienes evidenciaron los abusos.
Video real obtenido de Redes Sociales/Fuentes externas
El caso de Camilo no solo duele, indigna. Es inconcebible que en un hospital público, un lugar destinado a cuidar vidas, se hayan perpetrado actos tan crueles, sistemáticos y prolongados. La víctima fue tratada con una violencia que evoca prácticas de tortura propias de regímenes brutales, no de colegas de trabajo en democracia.
Hoy la sociedad chilena exige justicia real, que los responsables enfrenten sanciones ejemplares y que se proteja de verdad a las personas en situación de vulnerabilidad. Este caso debe marcar un antes y un después: nunca más la complicidad, la indiferencia ni la impunidad frente a atrocidades de esta magnitud.