Corrupción en el Mineduc: pareja de funcionarios vendió más de 5.500 certificados falsos a extranjeros, ganó $360 millones y quedó en prisión preventiva

Una investigación revelada por Radio Biobío destapó un millonario caso de corrupción al interior del Ministerio de Educación (Mineduc), donde dos funcionarios —Rodrigo Morales y Constanza Garín— están acusados de liderar una red que vendía certificados escolares falsos a extranjeros. El esquema, que comenzó en 2019 durante la administración anterior y se extendió hasta 2023, permitió a los implicados acumular más de 360 millones de pesos mediante la alteración de los sistemas internos del ministerio. Tras una investigación judicial que comprobó la emisión de más de 5.500 documentos fraudulentos, ambos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva por falsificación de instrumento público, cohecho agravado y lavado de activos.

Puntos Claves:

• Funcionarios públicos bajo investigación y origen del caso:
  Rodrigo Morales Pereira, funcionario de la Unidad de Ayuda del Mineduc, y su pareja, Constanza Garín, también empleada de la institución, fueron formalizados por los delitos de falsificación de instrumento público, cohecho agravado y lavado de activos. Ambos quedaron en prisión preventiva tras ser acusados de montar una estructura ilícita que operó durante tres años.
  La investigación se inició en diciembre de 2022, cuando el propio Ministerio de Educación detectó irregularidades en su sistema de certificación digital: cientos de certificados escolares aparecían registrados sin respaldo administrativo. Tras una auditoría interna, se descubrió que los accesos irregulares correspondían a los usuarios de Morales y Garín, quienes habrían manipulado las bases de datos para emitir documentos falsos. Con estos antecedentes, el Mineduc presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, lo que permitió destapar la red y cuantificar el fraude.
• El negocio de los certificados falsos: Los funcionarios alteraban los sistemas internos del Mineduc para generar certificados de estudios ideológicamente falsos. Estos documentos eran vendidos principalmente a extranjeros —principalmente ciudadanos venezolanos, colombianos y haitianos— que necesitaban acreditar estudios en Chile para obtener licencias de conducir, postular a trabajos o ingresar a instituciones educativas.
• Ganancias millonarias: Según la investigación judicial, Morales y Garín acumularon más de 360 millones de pesos producto de estas operaciones fraudulentas. De acuerdo con los antecedentes recopilados por BBCL Investiga, al menos 1.069 de los certificados emitidos permitieron la obtención de licencias de conducir en la Región de O’Higgins.
• Origen del esquema: La red de certificados falsos se habría originado a partir de una banda criminal que operaba en la Dirección del Tránsito de Requínoa, Región de O’Higgins. Esa organización requería documentos válidos para que sus clientes extranjeros pudieran tramitar licencias de conducir. A través de un intermediario, se estableció un vínculo con los funcionarios Morales y Garín, quienes comenzaron a emitir certificados falsos a cambio de dinero.
• Creación de una organización propia: Tras la experiencia inicial con el grupo de Requínoa, los funcionarios habrían decidido operar de manera independiente. Según el Ministerio Público, Morales organizó una estructura jerárquica con roles definidos, donde él lideraba el esquema y su pareja colaboraba en la manipulación del sistema informático del Mineduc para ingresar datos falsos, como años de egreso o promedios inventados.
• Captadores y red externa: El equipo de apoyo estaba conformado por tres captadores: Joshua Zúñiga, Niober Martínez y Roger Duarte —estos dos últimos de nacionalidad venezolana—. Su tarea era contactar clientes, gestionar los cobros y transferir el dinero a Morales. Documentos judiciales señalan que Zúñiga transfirió más de $118 millones, Martínez $203 millones y Duarte cerca de $38 millones, sumando el total de $360 millones obtenidos ilícitamente.
• Lavado de activos y adquisición de bienes: Los imputados usaron las ganancias para adquirir bienes y ocultar el origen del dinero. Compraron una vivienda de más de $110 millones en 2021 y un vehículo Peugeot modelo 2008. Entre 2019 y 2022, Morales transfirió a Garín más de $207 millones en 202 operaciones bancarias. El fiscal jefe de Alta Complejidad de O’Higgins, Javier von Bischoffshausen, informó que se incautaron vehículos, inmuebles y fondos en cuentas bancarias de los involucrados.
• Medidas adoptadas por el Mineduc: La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, indicó que fue el propio ministerio quien interpuso la denuncia tras detectar irregularidades. “Paralelamente, aplicamos medidas de control preventivo, como cambios en los accesos a las plataformas de certificación, exigencia de contraseñas más robustas, trazabilidad de las cargas y separación de funciones en el proceso de búsqueda y carga de certificados de estudio”, explicó. También detalló que desde diciembre de 2022 se suspendió a los dos funcionarios implicados y se inhabilitaron los certificados sin respaldo detectados. Actualmente, se mantiene un sumario interno en su etapa final y una auditoría que confirmó las irregularidades.

La investigación expone uno de los casos más graves de corrupción interna en el Mineduc en los últimos años, donde se combinó el abuso de poder público con la manipulación de información estatal para lucrar de manera ilegal. Este tipo de delitos no solo socava la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también daña la credibilidad de todo el sistema educativo, afectando a miles de personas que realizan sus trámites legítimamente. La magnitud del fraude —que involucró más de 5.500 documentos falsos y millones de pesos en coimas— demuestra una falla profunda en los controles internos y una vulneración directa del deber ético de los funcionarios públicos.

Más allá de las sanciones judiciales, el caso debe servir como una advertencia y un llamado a reforzar la fiscalización, la trazabilidad digital y la responsabilidad administrativa dentro del Estado. La corrupción en la función pública no solo representa un delito, sino una traición a la confianza colectiva. Proteger la transparencia y la integridad de los procesos institucionales es clave para evitar que prácticas como estas vuelvan a repetirse y para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus organismos públicos.