Giro en caso Dominga: Corte de Antofagasta suspende su propio fallo de rechazo y reactiva permisos de megaproyecto minero-portuario en Coquimbo

La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió este 16 de marzo suspender los efectos de la sentencia que ella misma había dictado el mes pasado en contra de Dominga, una iniciativa que busca extraer hierro y cobre e instalar un puerto en la zona norte del país. Tras acoger a trámite un recurso legal presentado por el sindicato de pescadores de Totoralillo Norte, el tribunal permitió que el proyecto recupere temporalmente su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que es el documento oficial que certifica que una obra cumple con las normas para funcionar. Esta sorpresiva medida congela el rechazo previo y traslada la definición definitiva del conflicto a la Corte Suprema, permitiendo que la validez legal del megaproyecto se mantenga vigente de manera provisional mientras se resuelve el fondo del asunto.

Puntos Claves:

• Restablecimiento de los permisos ambientales: Al suspenderse el fallo anterior, Dominga vuelve a contar con su permiso ambiental activo. Esto significa que la autorización que el Estado otorga para ejecutar la obra recupera su validez legal de forma transitoria hasta que el máximo tribunal del país dicte una sentencia final.
• Protagonismo de los trabajadores locales: El vuelco judicial fue impulsado por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, quienes se oponen al cierre del proyecto por el impacto en el empleo. Raúl Julio, presidente del gremio, señaló: «Estamos cansados de la incertidumbre y la espera. Los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la normativa ambiental. ¡Basta ya de politizar un proceso que lleva más de 12 años!».
• Un mismo tribunal con dos posturas: La situación ha generado sorpresa en el mundo legal, ya que es la misma Corte de Antofagasta la que, tras haber fallado en contra del proyecto en febrero, ahora decide poner en pausa su propia resolución. Este tipo de medidas suelen aplicarse para evitar que se ejecuten órdenes judiciales mientras una instancia superior, en este caso la Corte Suprema, aún tiene pendiente revisar si el juicio se realizó correctamente.
• Defensa de la evaluación técnica: Desde la empresa Andes Iron, su gerente de Asuntos Corporativos, Francisco Villalón, valoró la decisión indicando que «a lo largo del extenso proceso de evaluación ambiental ha quedado demostrado una y otra vez que el proyecto cumple con la ley y con los más altos estándares ambientales».
• Impacto en la Región de Coquimbo: Dominga es un megaproyecto diseñado para la comuna de La Higuera que integra la extracción minera con un terminal portuario. Su avance ha estado marcado por una larga batalla judicial que ya suma más de una década entre organismos ambientales, tribunales y comunidades locales.
• El rol de la Corte Suprema: Con esta resolución, el expediente será enviado a Santiago para que los ministros de la Corte Suprema analicen los recursos de casación, que son herramientas legales para anular fallos cuando se considera que no se aplicó bien la ley, dictando así el veredicto definitivo sobre el futuro de la iniciativa.

Este nuevo giro en el caso Dominga pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la certeza jurídica en Chile. Que un mismo tribunal deba suspender su propia resolución a las pocas semanas de haberla dictado refleja un escenario de inestabilidad que afecta tanto a la protección del medio ambiente como al desarrollo de inversiones necesarias. Para que la institucionalidad funcione, es fundamental que las decisiones judiciales se basen en criterios técnicos sólidos y procesos transparentes que no dejen espacio a interpretaciones contradictorias que solo prolongan la incertidumbre.

En última instancia, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La transparencia en cada etapa del proceso y el rigor en las evaluaciones técnicas son la única vía para garantizar que proyectos de esta magnitud se resuelvan con justicia. Las comunidades de Coquimbo y el país entero esperan que la resolución final de la Corte Suprema brinde la claridad definitiva que este caso requiere, priorizando siempre el bienestar de las personas y el respeto estricto al Estado de Derecho.