Contraloría revela graves fallas en la “Tía Rica”: entre 2023 y 2024 más de 1.600 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por $1.500 millones sin control

La Contraloría General de la República (CGR) reveló graves irregularidades en la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), más conocida como la “Tía Rica”. Según el informe N°400, durante 2023 y 2024, más de 1.600 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por más de $1.500 millones sin que el organismo verificara la procedencia de las especies ni denunciara los hechos a las autoridades. Además, cerca de 5.000 usuarios realizaron operaciones reiteradas por más de $14 mil millones, lo que encendió las alarmas por un posible financiamiento indirecto de actividades ilícitas.

Puntos Claves:

• Falta de control en la DICREP: La auditoría de la Contraloría determinó que la “Tía Rica” carece de procedimientos y controles mínimos sobre la verificación de identidad de los usuarios, la procedencia lícita de los bienes y la detección de operaciones inusuales o reiteradas.
• Usuarios con antecedentes penales: Durante 2023 y 2024, 1.681 personas con antecedentes penales realizaron empeños por un total de $1.507 millones, sin que las especies fueran retiradas posteriormente. Pese a ello, el organismo no presentó denuncias ni entregó información a las autoridades competentes.
• Operaciones reiteradas y montos millonarios:
  • En 2023, se registraron 4.769 usuarios que realizaron entre 10 y 229 empeños cada uno, por un total de $7.139 millones.
  • En 2024, la cifra aumentó a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y con hasta 230 empeños por persona.
• Ausencia de coordinación con las policías: La Contraloría verificó que la DICREP no mantiene mecanismos de coordinación con Carabineros ni con la PDI, pese a que las especies empeñadas contenían información relevante para investigaciones, como números de serie, modelos o características identificables.
• Posible receptación de artículos robados: El informe advierte que el Estado, a través de la “Tía Rica”, podría estar funcionando como receptador de especies robadas, ya que muchos objetos de procedencia dudosa terminan siendo rematados tras no ser recuperados por los usuarios.
• Debilidad institucional:
  • El organismo no cuenta con alertas tempranas para detectar comportamientos sospechosos.
  • No se verifican los datos personales de quienes empeñan objetos, ni la legitimidad de las especies.
  • La DICREP argumentó que la falta de personal explica parte de las deficiencias, pero la Contraloría estimó que ello no exime de responsabilidad administrativa.
• Medidas ordenadas por Contraloría:
  • La “Tía Rica” deberá elaborar un manual de procedimientos que establezca controles formales de verificación de identidad y procedencia de bienes.
  • Se ordenó implementar sistemas de alerta y coordinación con organismos policiales.
  • El organismo tendrá 60 días hábiles para corregir las falencias detectadas.
• Acciones legales y disciplinarias: La Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público y ordenó la apertura de sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades en la DICREP.
• Reacción política:
  • La bancada de diputados de la UDI exigió la renuncia inmediata del director de la DICREP, Cristóbal Sepúlveda, nombrado en julio de 2024 por el presidente Gabriel Boric.
  • Los parlamentarios Jorge Alessandri y Flor Weisse señalaron: “Hubo casi 1.700 personas con antecedentes penales, a quienes el Estado les estuvo financiando sus actividades ilícitas durante bastante tiempo”.
  • Acusaron que la “Tía Rica” terminó funcionando “como una agencia receptadora de artículos robados” y solicitaron que el Gobierno asuma las responsabilidades políticas correspondientes.
• Dependencia ministerial: La DICREP depende del Ministerio del Trabajo, actualmente dirigido por Giorgio Boccardo (FA). El caso ha generado presión sobre la cartera, dada la magnitud del hallazgo y el riesgo reputacional que implica para un organismo estatal.

🔴INFORME DE AUDITORÍA | Detectamos deficiencias de control en @LaTiaRica: 230 empeños por persona al año y usuarios frecuentes con antecedentes penales que realizaron operaciones por más de $1.500 millones.
La nota acá 👉 https://t.co/aabTER6ZR7 pic.twitter.com/0fImDJqsTx

— Contraloría (@Contraloriacl) December 17, 2025

La situación revelada por la Contraloría pone en entredicho los controles internos de una institución que históricamente ha buscado brindar apoyo financiero a personas de bajos recursos. Sin embargo, la falta de fiscalización y la omisión de denuncias frente a posibles delitos levantan una seria preocupación sobre el uso de recursos públicos y la integridad institucional.

Las medidas ordenadas por la Contraloría y la intervención del Ministerio Público serán claves para esclarecer las responsabilidades administrativas y penales, así como para restaurar la confianza en un servicio que, hasta ahora, habría estado operando al margen de los estándares mínimos de control estatal.