El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la revocación de visas a tres funcionarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, acusándolos de haber comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y de “socavar la seguridad regional”. La medida, inédita en la relación bilateral, se da en medio de la controversia por el proyecto del cable submarino Chile–China Express y ha abierto una fuerte crisis diplomática entre Santiago y Washington, con críticas directas al mandatario chileno y un llamado a trabajar con la futura administración de José Antonio Kast.
Puntos Claves:
- Revocación de visas y acusaciones formales desde Washington: El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que tres funcionarios del Gobierno chileno “dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”. Además, señaló que “estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”. La medida fue adoptada bajo las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU., que permiten restringir el ingreso por razones de política exterior y seguridad.
- Crítica directa al Presidente Boric y guiño a la futura administración: En el mismo comunicado, Rubio sostuvo que “en su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”, y añadió que esperan avanzar en prioridades comunes con “la próxima Administración Kast”. Se trata de una declaración de alto impacto político, ya que involucra directamente al mandatario chileno en el contexto de una disputa geopolítica.
- Quiénes serían los sancionados: Aunque Estados Unidos no ha entregado oficialmente los nombres, altas fuentes diplomáticas señalan que los afectados serían el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de Chile aseguró no haber recibido notificación formal con la identidad de los funcionarios.
- El proyecto Chile–China Express en el centro de la controversia: La tensión se relaciona con el proyecto de cable submarino Chile–China Express, impulsado por China Mobile, HMN Technologies y Huawei, que contempla unir Valparaíso con Hong Kong mediante fibra óptica, con una inversión cercana a US$500 millones. Los cables submarinos son considerados infraestructura estratégica, ya que transportan más del 95% del tráfico mundial de datos, incluyendo información financiera, gubernamental y militar. Según publicaciones internacionales, la preocupación radica en que la legislación china —como la Ley de Ciberseguridad de 2017 y la Ley de Inteligencia Nacional— obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado, lo que podría exponer datos sensibles que circulen por infraestructura controlada por empresas chinas.
- Advertencias previas y tensiones diplomáticas: El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ya había manifestado públicamente inquietudes sobre los riesgos de cables submarinos chinos. Tras reunirse con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, escribió: “Conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con (el cable) Humboldt. Los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales”. Estas señales anticipaban una incomodidad creciente por parte de Washington frente al avance del proyecto.
- Respuesta del Presidente Boric: Desde Isla de Pascua, el Mandatario rechazó categóricamente las acusaciones. “Como Jefe de Estado, como Presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad, ni de Chile, por supuesto, ni de ningún otro país”, afirmó. Además, enfatizó: “No aceptamos, no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile”. La Cancillería citó al embajador estadounidense para exigir explicaciones formales y conocer los nombres de los funcionarios afectados.
- Reacciones políticas internas y llamado a mayor responsabilidad: El senador Iván Moreira calificó la situación como “extremadamente grave” y exigió que se transparenten los nombres de los involucrados, señalando que se debe investigar a fondo lo ocurrido. Más allá del legítimo debate sobre soberanía, el episodio deja en evidencia una gestión que no logró anticipar adecuadamente el impacto geopolítico del proyecto. En materias tan sensibles como infraestructura digital estratégica, la prudencia, la construcción de consensos amplios y la evaluación de riesgos internacionales resultan fundamentales. Muchos ciudadanos esperan mayor autocrítica y claridad frente a decisiones que pueden afectar la posición de Chile en el escenario global.
Para tener perspectiva
Qué nivel de poder implica un cable submarino: Los cables submarinos no son simples “internet bajo el mar”; son la autopista por donde circula más del 95% del tráfico mundial de datos. Por ahí pasan transferencias bancarias, comunicaciones gubernamentales, operaciones empresariales, información estratégica e incluso datos vinculados a defensa. Quien construye, administra u opera un cable tiene capacidad técnica sobre el flujo, mantenimiento, gestión y seguridad de esa información. No significa que pueda “leer todo” automáticamente, pero sí que controla una infraestructura crítica por donde pasan datos sensibles. No es la primera vez que China participa en infraestructura digital en América Latina —ya lo hace en redes 4G y 5G—, pero un cable directo de esta magnitud y con este nivel de participación representaría un paso estratégico mucho más relevante respecto de la presencia que ya mantiene en la región.
Por qué eso es geopolíticamente relevante: Si el cable es operado por una empresa sujeta a leyes que obligan a colaborar con su Estado —como ocurre en China— existe el riesgo de que ese gobierno pueda exigir acceso, cooperación o información relacionada con esa infraestructura. Además, un cable directo Chile–China permitiría que parte del tráfico entre Sudamérica y Asia no dependa de rutas bajo influencia estadounidense, lo que cambia el equilibrio estratégico. En términos simples: no es solo un negocio tecnológico, es una pieza de poder digital que puede influir en seguridad, soberanía y posicionamiento internacional.
La revocación de visas a altas autoridades chilenas marca uno de los momentos más tensos en la relación con Estados Unidos en décadas. Más allá de las declaraciones cruzadas, lo cierto es que el debate sobre soberanía tecnológica y seguridad regional exige transparencia, responsabilidad y visión estratégica de largo plazo.
En un mundo tensionado por la rivalidad entre China y Estados Unidos, Chile no puede permitirse improvisaciones en materia de infraestructura crítica. La ciudadanía espera explicaciones claras, responsabilidades asumidas y una conducción que proteja, ante todo, los intereses permanentes del país y su seguridad.