Las pruebas del masivo fraude para acceder a la gratuidad universitaria: Miles de estudiantes estarían falseando datos socioeconómicos y generando un millonario sobrecosto a los recursos públicos en Chile
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Un reportaje del medio Ex-Ante ha puesto al descubierto un fraude masivo y sistemático en el sistema de gratuidad universitaria en Chile, donde miles de estudiantes falsean sus datos socioeconómicos para acceder a beneficios que no les corresponden. Esta práctica, que ha contado con la complicidad de asesorías informales y una fiscalización inexistente durante la administración de Gabriel Boric, ha generado un agujero financiero que supera todas las proyecciones estatales. Mientras las autoridades del gobierno anterior ignoraron las alertas de los rectores, el gasto público en educación superior se ha disparado sin control, afectando directamente los recursos destinados a los sectores más vulnerables del país.
Puntos Claves:
- Mecanismos de engaño en el Registro Social de Hogares: Los estudiantes utilizan diversas técnicas para bajar su calificación socioeconómica, como declarar que viven solos (hogares unipersonales) o registrarse en el domicilio de un abuelo con bajos ingresos. El Registro Social de Hogares (RSH) es la herramienta del Estado para medir la pobreza, y su vulnerabilidad permite que jóvenes de familias con recursos aparenten una situación de precariedad para no pagar el arancel universitario.
- La desaparición de la clase media en las universidades: Rectores de diversas instituciones han denunciado que los alumnos del «séptimo decil» (el grupo que está justo por encima del límite para recibir el beneficio) prácticamente han desaparecido de las estadísticas. Esto se debe a que estas familias, presionadas por el costo de la educación y el «incentivo perverso» del sistema, prefieren mentir en sus fichas para bajar al sexto decil y así obtener la gratuidad total.
- Negocio informal de asesorías para el FUAS: En redes sociales como TikTok han proliferado perfiles que cobran entre $50.000 y $80.000 por «asesorar» a los postulantes a completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Estos servicios garantizan el acceso al beneficio enseñando a los estudiantes cómo declarar ceses de convivencia falsos de sus padres o cómo traspasar bienes para ocultar el patrimonio familiar.
- Un agujero fiscal de miles de millones de dólares: El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, advirtió que el gasto en gratuidad ya suma US$4.400 millones adicionales a lo proyectado originalmente. Si se suma el descontrol en la morosidad del CAE, el costo extra para el Estado llega a los US$11.400 millones, una cifra que equivale a más de 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile.
- Cifras que confirman el fraude: Un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) detectó que el 23,3% de los estudiantes que recibieron gratuidad en 2022 pertenecen en realidad a los sectores de mayores ingresos (deciles 7 al 10). Esto significa que casi uno de cada cuatro beneficiarios está utilizando recursos públicos que legalmente deberían estar destinados a los más pobres.
- Negacionismo ideológico frente a la evidencia: A pesar de los datos presentados por centros de estudios como Horizontal y el CEP, figuras del Frente Amplio han intentado desestimar las denuncias. Constanza Martínez, presidenta de dicha coalición, llegó a declarar: «Yo no sé de dónde sacan esos datos», cuestionando la evidencia de organismos técnicos y de los propios rectores de las universidades chilenas.
El impacto de las promesas de condonación del CAE
- Aumento explosivo de la morosidad: Durante el gobierno de Gabriel Boric, la promesa de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) provocó que miles de personas dejaran de pagar sus cuotas. La tasa de morosidad saltó al 67,9%, transformando un sistema de crédito en una «gratuidad de facto» financiada por todos los chilenos, debido a que el Estado debe actuar como aval y pagar las deudas de quienes no cumplen.
- Falta de fiscalización y recursos: Las autoridades del Mineduc del gobierno anterior admitieron que no contaban con personal para fiscalizar en terreno las declaraciones de los estudiantes, delegando esa responsabilidad en las universidades. Según Matías Acevedo: «No se estimó el comportamiento estratégico que adoptarían los estudiantes de deciles superiores, que no calificaban para la gratuidad».
Esta crisis de honestidad y gestión evidencia cómo las políticas públicas diseñadas bajo un prisma ideológico, y sin los controles adecuados, terminan perjudicando a quienes más lo necesitan. El uso de recursos públicos por parte de quienes tienen capacidad de pago no es solo una ineficiencia administrativa, sino una injusticia social profunda que desvía fondos de áreas críticas como la salud o la seguridad.
El descontrol heredado de la administración de Boric ha forzado al actual gobierno a proponer medidas urgentes para frenar este «fraude social masivo». Recuperar la disciplina en el pago de beneficios y asegurar que la ayuda estatal llegue exclusivamente a los hogares vulnerables es el único camino para salvar un sistema de educación superior que hoy se encuentra financieramente al borde del abismo por la falta de rigor y la demagogia política del pasado reciente.
