La Contraloría General de la República inició un sumario administrativo tras detectar que la directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota de la administración anterior, Andrea Quiero Gelmi, accedió a una endoscopía exprés en el Hospital de Quilpué el pasado 23 de octubre de 2025, saltándose una lista de espera de 914 personas. El procedimiento, que fue revelado por Radio Bio Bio, se habría gestionado mediante influencias internas y llamadas telefónicas coordinadas por subalternos, sin que existiera un registro formal del ingreso de la autoridad al sistema de salud pública, lo que constituye una grave falta a la probidad y un trato preferencial frente a ciudadanos que esperan años por una atención.
Puntos Claves:
- El «telefonazo» de la influencia: La gestión para la atención médica fue realizada por Denise Cataldo Urbina, subdirectora de Gestión Asistencial y media hermana del exministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien se comunicó directamente con los directivos del Hospital de Quilpué para asegurar el cupo.
- Una lista de espera masiva ignorada: Al momento de la intervención de la directora, existían 914 pacientes aguardando por el mismo examen; entre ellos, personas que esperaban desde el año 2012, 2018 y 2021, evidenciando una postergación inhumana de los usuarios comunes.
- Ausencia total de registros oficiales: El órgano contralor constató que no hay rastro de la atención en los sistemas de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE) ni en los registros de urgencia, lo que desmiente la versión de las autoridades de la época que intentaron justificar el hecho como una «atención de urgencia».
- Médicos exclusivos para la autoridad: La denuncia presentada ante Contraloría detalla que no solo se saltó la fila, sino que se asignaron dos médicos exclusivos para realizar el procedimiento a la directora, cuya renta mensual superaba los $7 millones.
- Similitud con el caso de la exministra Aguilera: Este escándalo se suma al registrado en diciembre de 2025, donde la madre de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, también habría recibido atención privilegiada en el Hospital del Salvador tras gestiones del Ministerio de Salud.
Detalles del Sumario en Curso
- Investigación en la Región de Valparaíso: La sede regional de la Contraloría instruyó procedimientos disciplinarios tanto en el Hospital de Quilpué como en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota para determinar las responsabilidades de quienes facilitaron este privilegio.
- Sanciones administrativas pendientes: El proceso se encuentra en etapa de investigación, y de confirmarse el mal uso de recursos públicos y el salto de protocolos, los funcionarios involucrados arriesgan sanciones que van desde multas hasta la destitución.
Este caso de «privilegios de salud» en la administración anterior refleja una desconexión total con la realidad de miles de chilenos que dependen del sistema público. Mientras familias humildes esperan más de una década por un examen diagnóstico, quienes ostentaban el poder utilizaban llamadas telefónicas para obtener tratos VIP, demostrando que la ineficiencia del Estado no afectaba a sus propios directivos, sino únicamente a los ciudadanos de a pie.
Es inaceptable que la burocracia estatal se convierta en un obstáculo insalvable para el chileno común, pero funcione con rapidez quirúrgica cuando se trata de favorecer a una autoridad política. Este «telefonazo» no es solo una falta administrativa, sino un golpe a la dignidad de los 914 pacientes que fueron ignorados para que una jefa de servicio evitara la espera que ella misma debía gestionar.