Grave descoordinación del Gobierno: fallas en el Simce dejan a cientos de estudiantes sin poder rendir la prueba en la Región Metropolitana

La aplicación del Simce 2025 para octavo básico, programada para el 22 y 23 de octubre, terminó en un verdadero bochorno nacional. En diversos colegios de la Región Metropolitana los examinadores simplemente no llegaron, obligando a suspender la evaluación. Las críticas apuntan directamente al Ministerio de Educación (Mineduc) y a la Agencia de la Calidad de la Educación, dependiente de este, por una gestión calificada como “vergonzosa”, “negligente” e “improvisada” por alcaldes, directores y comunidades educativas.

Puntos Claves:

• Graves fallas en la aplicación del Simce: En comunas como Santiago, Providencia, Paine, Lo Barnechea, Pedro Aguirre Cerda y San Bernardo, la prueba no pudo aplicarse por ausencia total o retraso de examinadores. En algunos casos, los alumnos fueron enviados a sus casas tras horas de espera.
• Responsabilidad del proveedor y falta de control estatal: La Agencia de Calidad de la Educación reconoció que los problemas se originaron por “incumplimientos del proveedor INFER”, empresa contratada para aplicar la prueba. Sin embargo, distintos alcaldes cuestionaron duramente al Mineduc por la falta de fiscalización y supervisión previa.
• Críticas transversales al Gobierno:
  • El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, calificó la situación como “una vergüenza” y agregó: “Exigimos explicaciones inmediatas al Ministerio, basta de chascarros y descoordinaciones en cada cosa que hace este Gobierno, porque jugar con la educación de los niños no tiene justificación”.
  • Desde Paine, Rodrigo Contreras denunció que “faltó total prolijidad del Mineduc. Ayer no hubo visitas inspectivas y hoy no llegaron los examinadores en al menos 10 colegios”.
  • La candidata presidencial Evelyn Matthei también se sumó a las críticas, señalando: “Esto es otra muestra de ineptitud y una falta de respeto a las familias, profesores y estudiantes. La educación merece orden y compromiso, no improvisación”.
• Impacto en la comunidad educativa: Docentes y apoderados denunciaron la desorganización del proceso. En el Instituto Nacional, por ejemplo, los estudiantes de tres octavos básicos fueron enviados a casa. Desde el establecimiento se explicó que “la Agencia de la Calidad de la Educación no envió a los examinadores correspondientes” y que incluso “se rechazó la solicitud de aplicar el examen por cuenta propia”.
• Colegio de Profesores: crítica estructural al sistema: Su presidente, Mario Aguilar, señaló que lo ocurrido es “un reflejo de esta educación mercantilizada, donde todo es unidad y negocio finalmente”. Agregó que “no se puede minimizar el problema, porque echa a perder toda una planificación y afecta directamente a las comunidades escolares”.
• Descontento ciudadano y reacciones en redes sociales: En X (ex Twitter) se multiplicaron las denuncias de sostenedores, docentes y padres. En algunos casos, como en Paine y Providencia, más de 600 estudiantes quedaron sin rendir la prueba.
• Fallas reiteradas e improvisación: Desde Lo Barnechea, el director del Colegio Bicentenario, Humberto Garrido, denunció que “los examinadores llegaron dos horas tarde” y calificó la situación como “una irresponsabilidad tremenda y una falta de seriedad con el proceso”.
• Reprogramación e intento de control de daños: La Agencia de la Calidad de la Educación informó que reprogramará la aplicación del Simce y que se evalúan sanciones al proveedor. Sin embargo, el daño ya está hecho: la confianza en el sistema de evaluación quedó en entredicho.
• Defensa oficial del Mineduc: El ministerio intentó minimizar la crisis, señalando que “en el 97% de los cursos la evaluación se aplicó con normalidad”. No obstante, para los más de 9.000 estudiantes afectados en la Región Metropolitana, la cifra resulta irrelevante frente al caos vivido.

Las fallas en la aplicación del Simce 2025 revelan una preocupante falta de planificación y control por parte del Gobierno, que no solo delegó una tarea fundamental a una empresa externa, sino que además no fiscalizó su cumplimiento. Las explicaciones posteriores no bastan para reparar el daño pedagógico, emocional y organizativo causado a cientos de comunidades escolares.

La educación pública chilena, ya golpeada por brechas y desigualdades, vuelve a ser víctima de la desidia institucional. Lo que debió ser una jornada de evaluación nacional terminó convertida en un símbolo de desorganización estatal. Los estudiantes y docentes merecen respuestas, pero, sobre todo, merecen respeto.