Gobierno obliga a Corfo a vender casi US$400 millones por error en cálculo del litio: explicación fácil de entender del nuevo golpe a las finanzas públicas

Mientras el Gobierno celebraba como un “legado” la firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en Maricunga entre Codelco y Rio Tinto, se conoció una noticia que encendió la polémica: el Ministerio de Hacienda ordenó a Corfo vender activos por casi US$400 millones para cubrir un error en la estimación del precio del litio incluido en la Ley de Presupuesto 2025. La decisión abrió un fuerte debate político y técnico sobre el manejo fiscal y la dependencia de ingresos variables para financiar el gasto público.

Puntos Claves:

• ¿Qué ocurrió exactamente?:
  El año pasado, el Gobierno calculó que los contratos de litio del Salar de Atacama recaudarían US$737 millones en 2025. Esa cifra fue incorporada en la Ley de Presupuestos, que es la norma que fija cuánto dinero puede gastar el Estado y de dónde provienen esos recursos. Sin embargo, el precio del litio fue menor al proyectado, lo que generó una brecha de US$387 millones.
• ¿Dónde estuvo el error?:
  El cálculo se hizo suponiendo que el precio del carbonato de litio estaría entre US$13.000 y US$15.000 por tonelada. Pero el valor cayó a un rango de entre US$8.900 y US$10.000. Como el Estado recibe parte de sus ingresos en función del precio de este mineral, la caída redujo significativamente la recaudación esperada.
• ¿Qué significa “brecha presupuestaria”?:
  Es la diferencia entre el dinero que el Estado esperaba recibir y el que realmente ingresó. En este caso, se esperaban US$737 millones, pero solo se obtuvieron US$349 millones. La diferencia (US$387 millones) debía cubrirse para cumplir con los gastos ya comprometidos por ley.
• ¿Por qué Corfo tuvo que vender activos?:
  Corfo (Corporación de Fomento de la Producción) es un organismo público que administra contratos de litio y promueve la inversión y el desarrollo productivo. Como los ingresos no alcanzaron, el Ministerio de Hacienda solicitó completar el monto comprometido.
  En diciembre, el Consejo de Corfo autorizó:
  • Venta de activos financieros por $225.500 millones.
  • Liquidación de inversiones transitorias por $80.000 millones.
  • Transferencia de $49.776 millones por reembolsos de operaciones con bancos multilaterales.
  En simple: se vendieron inversiones y recursos que eran parte del patrimonio de la institución para cubrir el déficit.
• Es la tercera vez que ocurre algo similar:
  Esta es la tercera ocasión en que el Gobierno recurre a recursos de Corfo para fines distintos al fomento productivo, lo que ha generado críticas por el uso de fondos destinados originalmente a impulsar la inversión y el crecimiento económico.
• La defensa del Gobierno:
  Desde el Ejecutivo calificaron la medida como “necesaria y responsable” para resguardar el equilibrio fiscal.
  El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, explicó que “la Ley de Presupuestos estableció una contribución de Corfo al Estado de Chile que iba a financiar una multiplicidad de gastos, pero los ingresos del litio que se proyectaron el año anterior fueron menores y, por lo tanto, Corfo debió sumar recursos adicionales”.
  Además, sostuvo que “efectivamente se sabía que los precios del litio iban a ser menores, pero el gasto estaba comprometido y, como se sabe, una altísima proporción del gasto público corresponde a leyes que hay que cumplir”.
• Críticas desde la oposición y expertos:
  El diputado de RN, Frank Sauerbaum, marcó diferencias con situaciones anteriores y advirtió: “Eso fue una cosa distinta porque eran excesos de ingresos que habían recibido más allá de lo proyectado. Pero estos recursos son recursos que se necesitan casi para la operación de Corfo. Por lo tanto, va a afectar el funcionamiento futuro”.
  Por su parte, el economista Hermann González apuntó directamente a Hacienda: “El Ministerio de Hacienda es responsable de las proyecciones fiscales, no Corfo. Además, se olvida que frente errores de este tipo también existe la posibilidad de ajustar el gasto público. No era la única opción obligar a Corfo a reemplazar los ingresos faltantes enajenando recursos patrimoniales”.
• ¿Quién es responsable de las proyecciones?:
  Aquí se abrió un nuevo conflicto. Hacienda señaló que Corfo entrega información proyectada para elaborar el presupuesto. Sin embargo, desde Corfo afirmaron que ellos no realizan proyecciones fiscales, sino que esa tarea corresponde a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y al Ministerio de Hacienda.
  Este cruce dejó en evidencia un problema de coordinación y transparencia en una materia clave para las finanzas públicas.
• El contraste con el anuncio del CEOL en Maricunga:
  El mismo día en que se conoció la polémica, el Presidente Gabriel Boric encabezó la firma del CEOL entre Codelco y Rio Tinto, proyecto que contempla producir entre 15.000 y 20.000 toneladas anuales de litio desde 2030, y escalar hasta 55.000 toneladas desde 2033.
  El Mandatario destacó que el acuerdo será parte de su legado y afirmó que no solo generará recursos, “sino que también estamos generando conocimiento y por eso el Instituto Nacional del Litio es muy importante, porque Chile no está para sacar mineral de la tierra y venderlo, Chile está para generar valor, conocimiento, tecnología”.
• El debate de fondo: dependencia del litio y manejo fiscal:
  El litio es un recurso estratégico y una fuente relevante de ingresos para el Estado. Pero su precio es altamente variable, lo que significa que puede subir o bajar abruptamente según el mercado internacional.
  Basar el presupuesto en precios optimistas puede generar problemas si el mercado cambia. Expertos han planteado la necesidad de crear una institucionalidad similar al comité de expertos que proyecta el precio del cobre, para evitar errores de estimación que terminen afectando las finanzas públicas.

La situación deja en evidencia un problema estructural: cuando el Estado compromete gastos en base a ingresos que dependen de precios internacionales, cualquier error de cálculo puede traducirse en ajustes dolorosos. En este caso, la solución fue recurrir al patrimonio de Corfo, lo que podría impactar su capacidad futura para fomentar inversión y emprendimiento.

Más allá del debate político, el episodio reabre preguntas sobre la responsabilidad en las proyecciones fiscales, la transparencia en el uso de recursos públicos y la prudencia con que se elaboran los presupuestos. En un contexto económico desafiante, los errores de cálculo no solo afectan cifras en un papel, sino que pueden tener consecuencias concretas para el desarrollo y la estabilidad financiera del país.