Petro desconoce soberanía peruana sobre isla Santa Rosa y exige negociación; Perú rechaza el reclamo y reafirma su control histórico

En medio de crecientes tensiones diplomáticas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, han intensificado sus declaraciones por la soberanía de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, frente a la ciudad colombiana de Leticia y próxima a la triple frontera con Brasil. La controversia se desató tras la aprobación en el Congreso peruano de la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, hecho que Colombia considera una apropiación unilateral contraria a tratados internacionales vigentes.

Puntos Claves:

• Rechazo colombiano a la soberanía peruana en Santa Rosa: Gustavo Petro afirmó en Leticia que Colombia “no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”. Argumentó que la isla habría surgido después de 1929 y que, conforme al Protocolo de Río de Janeiro de 1934, su asignación debe definirse por acuerdo bilateral o en tribunales internacionales.
• Vinculación histórica y geográfica del conflicto: El Tratado Lozano-Salomón de 1922 fijó la frontera en el río Amazonas, asignando la isla Chinería a Perú. Un fenómeno natural en la década de 1970 habría originado Santa Rosa como una isla separada, aunque cambios en el caudal la unieron nuevamente a Chinería. Para Colombia, se trata de una formación fluvial nueva y no asignada; para Perú, es parte del territorio histórico entregado en 1929.
• Respuesta inmediata del gobierno peruano: El primer ministro Eduardo Arana, desde la propia Santa Rosa, leyó un pronunciamiento de Boluarte rechazando “categóricamente” las declaraciones de Petro y asegurando que “no existe discusión alguna sobre la soberanía peruana en Santa Rosa de Loreto”. Resaltó que Perú administra el lugar desde hace más de medio siglo, con presencia de policía, armada, oficinas estatales y servicios públicos.
• Visitas simultáneas y acciones simbólicas: El 7 de agosto, Petro trasladó los actos por el aniversario de la Batalla de Boyacá a Leticia, como gesto de reafirmación soberana. Ese mismo día, ministros peruanos llegaron a Santa Rosa en el barco Río Yavarí para realizar acciones sociales y censos poblacionales. Durante la visita, un avión militar colombiano fue avistado sobrevolando la zona durante unos 30 minutos, lo que generó inquietud en la población local.
• Declaraciones cruzadas y acusaciones políticas: Petro cuestionó la llegada de un “helicóptero ruso con militares” a Santa Rosa y calificó de “provocación” la ley peruana que creó el distrito. Boluarte, desde Japón, replicó que “no hay nada que tratar” con Colombia y que el tratado de 1922, reforzado en 1934, respalda plenamente la soberanía peruana. Algunos analistas en Lima acusaron a Petro de usar el conflicto como distracción política interna, algo que él negó.
• Marco legal y posibles instancias internacionales: Expertos señalaron que Colombia no puede llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia por haberse retirado del Pacto de Bogotá, salvo que Perú acepte voluntariamente. Sin embargo, Petro advirtió que, si la Comisión Mixta Permanente (Comperif) no resuelve el asunto en la reunión prevista en septiembre en Lima, recurrirá a otros mecanismos internacionales.
• Dimensión estratégica del Amazonas: Petro subrayó que la disputa no solo es territorial sino estratégica: la eventual unión física de Santa Rosa con la ribera colombiana podría alterar el acceso directo de Colombia al río Amazonas, un punto clave para su comercio y conexión fluvial.

La confrontación por la isla Santa Rosa ha reavivado viejas tensiones entre ambos países y se desarrolla en un contexto de relaciones frías entre Petro y Boluarte, marcado por desencuentros políticos previos. Mientras Perú asegura que no existe ningún diferendo limítrofe, Colombia insiste en que la soberanía de la isla debe decidirse conjuntamente, sin descartar un arbitraje internacional.

Ambos gobiernos coinciden en que no buscan un conflicto armado, pero sus gestos y declaraciones elevan el riesgo de que la controversia se prolongue y complique la cooperación en la región amazónica. Para las comunidades locales, más allá de la disputa diplomática, persisten carencias en servicios básicos, seguridad y desarrollo económico, lo que suma urgencia a un diálogo que, por ahora, parece distante.