Juan Pichún, vocero de la CAM, es detenido y formalizado por atentados incendiarios terroristas, sigue recibiendo sueldo municipal mientras subdirectora de Conadi lo respalda públicamente

Un lonco acusado de graves delitos terroristas y con vínculos directos con la CAM seguía recibiendo sueldo desde la Municipalidad de Traiguén como agente comunitario. La detención de Juan Pichún por atentados incendiarios reabre el debate sobre la permisividad institucional y la falta de control del gobierno frente a actos violentos. A esto se suma la polémica acción de la subdirectora (s) de Conadi, quien compartió una convocatoria en apoyo al detenido.

Puntos Claves:

• Detención por atentados incendiarios: Juan Pichún Collonao, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue detenido en la comuna de Traiguén por su presunta participación en dos ataques incendiarios ocurridos en noviembre de 2021. La operación fue ejecutada por la Policía de Investigaciones (PDI), en cumplimiento de una orden emanada por el Juzgado de Garantía de Purén.
• Formalizado por delitos graves: El fiscal de alta complejidad, César Schibar, formalizó a Pichún por los delitos de incendio reiterado y porte ilegal de arma de fuego. Según la investigación, los hechos ocurrieron en el fundo La Coña, propiedad de la familia del diputado RN Jorge Rathgeb, donde un grupo armado quemó bodegas, maquinaria y una vivienda, con daños que superan los $170 millones.
• Pruebas contundentes: El tribunal determinó prisión preventiva, considerando pruebas como declaraciones de víctimas, peritajes sobre el origen del fuego, interceptaciones telefónicas y geolocalización mediante antenas. El fiscal Schibar detalló que “se logró posicionar al imputado en el sitio del suceso, en compañía de este grupo, estos co-imputados que planificaron este hecho”.
• Contratado por la Municipalidad mientras delinquía: A pesar de estar involucrado en una organización investigada por terrorismo, Juan Pichún sigue recibiendo una remuneración bruta de $950.000 mensuales como “Agente Comunitario del Programa de Reparación en DD.HH.” en Temulemu, bajo contrato a honorarios con la Municipalidad de Traiguén. Esta vinculación laboral comenzó en 2019, y se mantuvo activa incluso hasta mayo de este año, según el portal de Transparencia.
• Una función financiada como reparación por fallo internacional: El programa en que trabajaba Pichún fue creado tras la condena al Estado chileno por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014, por la aplicación de la Ley Antiterrorista a dirigentes mapuche, entre ellos su padre, Pascual Pichún. Aunque el objetivo del plan era garantizar atención en salud con pertinencia cultural, resulta alarmante que se haya usado como justificación para sostener a un vocero de la CAM bajo sueldo estatal, sin supervisión ni sanción previa.
• Informe de actividades muestra vínculos con organismos oficiales: El último informe entregado por Pichún detalla reuniones con la ONU, FIDH, PDTI, CORFO y concejales, además de tareas comunitarias. A pesar de su abierta militancia en una organización que reivindica la “acción directa”, no había sido removido del cargo.
• Polémica por apoyo institucional a imputado por terrorismo: La subdirectora (s) de la Conadi, Carmen Gloria Oñate, compartió en redes sociales una convocatoria a manifestarse frente a la cárcel de Temuco en apoyo a Juan Pichún. En la publicación se acusa a la fiscalía de “hostigamiento y racismo”. Oñate también es parte del Comité de Gobernanza de la Consulta Indígena impulsada por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, lo que agrava su posición institucional.
• Diputado denuncia y acudirá a Contraloría: El parlamentario Miguel Mellado (RN) anunció que presentará un requerimiento ante la Contraloría General de la República. “Esta es una actuación reñida con la ley”, señaló, criticando que una autoridad pública utilice su cargo para respaldar a una figura clave de la CAM en horario laboral.
• Apoyo público a la CAM pese a historial violento: Juan Pichún ha sido una figura recurrente en la vocería de la CAM desde la detención de Héctor Llaitul. Participó en la presentación del libro “Chem ka Rakiduam”, donde se destacó su comunidad por su rol en la “acción directa y control territorial”. En 2020 y 2021 apareció en videos reivindicatorios junto a miembros de las ORT, las células operativas de la CAM, responsables de numerosos atentados.
• Pasividad estatal y riesgo para la sociedad: La orden de detención fue emitida en diciembre de 2024, pero Pichún logró postergar su aprehensión mediante licencias médicas y vacaciones. Solo tras una planificación detallada del Ministerio Público se ejecutó su captura. El retraso en la detención, sumado al contrato vigente y el respaldo desde instituciones públicas, demuestra una preocupante permisividad estatal ante la violencia organizada.
• Comunidades convocan protestas en defensa del imputado: Grupos mapuche afines convocaron una manifestación para este miércoles 2 de julio a las afueras del penal de Temuco. Familiares y adherentes acusan una “persecución política” en contra de los Pichún y denuncian supuestos abusos del Ministerio Público.
• Reacción del gobierno y autoridades sigue siendo débil: Aunque la detención fue confirmada por el seremi de Seguridad Pública de la zona, Israel Campusano, no ha habido pronunciamientos claros desde el Ministerio del Interior ni sanciones administrativas para quienes defienden a figuras vinculadas con el terrorismo. Esta falta de acción profundiza el cuestionamiento al compromiso del gobierno con el estado de derecho.
• La CAM continúa operando pese a condenas: A pesar de los múltiples antecedentes judiciales y el historial de violencia de sus miembros, la Coordinadora Arauco Malleco continúa activa, articulando ataques y promoviendo discursos radicalizados. La detención de Juan Pichún muestra que la organización no ha sido desarticulada y que algunos de sus miembros siguen accediendo a recursos del Estado sin sanción.

La detención de Juan Pichún pone en evidencia no solo su rol activo en hechos violentos, sino también las fallas institucionales que le permitieron mantenerse vinculado a una municipalidad y ser parte de programas financiados con recursos públicos. Es una situación que exige respuestas firmes, coherentes y urgentes del Estado.

El respaldo de autoridades como la subdirectora de la Conadi agrava aún más el escenario. No es admisible que funcionarios públicos, con acceso a información y recursos estatales, validen o promuevan actos en defensa de personas imputadas por delitos tan graves como terrorismo. Las víctimas de la violencia merecen justicia, y el país necesita instituciones que actúen con decisión frente al crimen organizado.