San Antonio: detenido por disparar contra carabineros en megatoma era beneficiario de pensión de gracia del 18-O otorgada por el Gobierno de Boric

Un nuevo y grave episodio de violencia registrado durante el desalojo de la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso, volvió a encender el debate sobre las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social y el manejo del orden público por parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego de que uno de los imputados por disparar contra carabineros resultara ser beneficiario de este polémico beneficio estatal.

Puntos Claves:

• Detención por homicidio frustrado en San Antonio: Bryan Andrés Serrano Godoy, de 21 años, fue detenido durante el operativo de desalojo en la megatoma del Cerro Centinela, acusado de homicidio frustrado contra carabineros en servicio, además de porte de municiones y armas de fuego, incluyendo armamento artesanal. Dos funcionarios policiales resultaron heridos a bala, aunque se encuentran fuera de riesgo vital.
• Beneficiario de pensión de gracia del estallido social: El imputado integra la nómina de las 418 personas beneficiadas con pensiones de gracia otorgadas tras el 18-O, por supuestas violaciones a los derechos humanos. En su caso, el monto asignado supera los 515 mil pesos mensuales, pese a que hoy enfrenta a la justicia como imputado por delitos gravísimos.
• Versión del Gobierno y cuestionamientos: Desde el Ejecutivo se intentó contener el impacto político señalando que Serrano nunca habría cobrado efectivamente la pensión. El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, afirmó textualmente: «no ha recibido nunca esa pensión», explicación que no logró disipar las críticas, ya que el beneficio fue igualmente concedido y nunca revocado, pese a los antecedentes penales del sujeto.
• Historial delictual y prisión preventiva: Además de este ataque armado, se conoció que Serrano cumplía una condena previa por robo en libertad. Tras la formalización, el Juzgado de Garantía de San Antonio decretó su prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos y el peligro que representa para la sociedad. La justicia fue clara en describir un actuar concertado, con ánimo homicida, utilizando armas de fuego contra Carabineros.
• Condena transversal y presión política: Parlamentarios electos de distintos sectores acusaron al Gobierno de mantener una política ideológica que termina beneficiando a delincuentes. Desde la oposición se exige terminar con las pensiones de gracia y revocar inmediatamente los beneficios a quienes cometan delitos. La diputada electa Valentina Becerra sostuvo que «la ley debe estar del lado del uniforme, no del delincuente», reflejando el sentir de amplios sectores de la ciudadanía.
• Contexto más amplio de indultos y beneficios: El caso se suma a una larga lista de controversias que arrastra el Gobierno de Boric, incluyendo los indultos presidenciales otorgados en 2022 a condenados por hechos violentos del estallido social, varios de los cuales reincidieron en delitos graves. Pese a reconocer “desprolijidades”, el propio Presidente ha reiterado que no se arrepiente de esas decisiones.

Los hechos ocurridos en San Antonio son una muestra concreta de las consecuencias de una política que, para muchos, ha sido indulgente con la violencia y dura con quienes cumplen la ley. Atacar a carabineros con armas de fuego no es protesta ni reivindicación social: es un delito gravísimo cometido por delincuentes que deben enfrentar todo el rigor de la justicia.

Mientras las autoridades insisten en explicaciones administrativas, la ciudadanía exige señales claras. La condena a la violencia debe ser total y sin matices, y los recursos del Estado no pueden seguir destinados a personas que, lejos de reintegrarse a la sociedad, vuelven a delinquir poniendo en riesgo la vida de quienes tienen el deber de proteger a Chile.