Peligroso sicario venezolano imputado por homicidio en Ñuñoa fue liberado por error tras insólita corrección de identidad: Poder Judicial aclara que orden no revocaba prisión preventiva

El Poder Judicial confirmó que la resolución que permitió la excarcelación de Osmar Ferrer Ramírez, imputado por el asesinato del empresario conocido como el “Rey de Meiggs”, fue originalmente emitida para corregir un error en su identificación. Sin embargo, la confusa secuencia de resoluciones fue interpretada por Gendarmería como una orden definitiva de libertad, lo que permitió que el acusado quedara en libertad. El caso ha desatado múltiples investigaciones administrativas y penales.

Puntos Claves:

• Resolución judicial tenía como objetivo corregir datos de identidad: El 8° Juzgado de Garantía de Santiago emitió el 9 de julio a las 20:17 horas una orden de ingreso a prisión preventiva para Osmar Ferrer Ramírez. Debido a un error en la identidad del imputado, se dictó a las 20:25 una nueva resolución anulando la anterior, con el único propósito de corregir los datos personales del acusado, según informa el Propio Poder Judicial.
• Una nueva resolución restableció la prisión preventiva, pero no fue considerada: A las 20:28 se emitió una tercera orden que restablecía la prisión preventiva con la identidad ya corregida. No obstante, esta última resolución no fue considerada al momento de ejecutar la decisión judicial, lo que permitió la excarcelación del imputado.
• Gendarmería actuó conforme a documento auténtico recibido por canales regulares: La institución penitenciaria aseguró que recibió una orden judicial válida, con firma electrónica verificada y a través del sistema oficial, por lo que simplemente cumplió con el mandato del tribunal. El problema no estuvo en la ejecución, sino en la coordinación y claridad del flujo de resoluciones por parte del juzgado.
• Poder Judicial confirma autenticidad de todas las resoluciones: La presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, encabezó una revisión del sistema y confirmó que todas las resoluciones fueron auténticas, sin evidencia de hackeo o intervención externa. Además, se enviaron dos correos electrónicos a Gendarmería el 10 de julio informando sobre la corrección y restitución de la prisión preventiva, pero no surtieron efecto en la práctica.
• Fiscalía y OS9 investigan cómo se produjo la excarcelación: El Ministerio Público abrió una investigación penal para determinar posibles responsabilidades, ya sea por omisiones en la cadena de validación de resoluciones o por manipulación indebida del proceso. La pesquisa apunta a establecer si existieron conductas constitutivas de delito, como falsificación de instrumento público o intervención dolosa del sistema.
• Contexto del caso: crimen por encargo y vínculos con crimen organizado: Ferrer Ramírez fue formalizado el 9 de julio, junto a otros dos ciudadanos venezolanos, por el homicidio calificado de José Felipe Reyes Ossa, empresario apodado el “Rey de Meiggs”. La Fiscalía ECOH determinó que fue un asesinato por encargo, organizado en varios niveles, con un pago acordado de $30 millones, del cual ya se habían entregado más de cuatro millones a los autores materiales.
• Imputado continúa prófugo y es buscado por Carabineros: Tras su liberación a las 18:00 horas del 10 de julio, el paradero de Ferrer es desconocido. El OS9 de Carabineros emitió una alerta nacional, distribuyó su fotografía y pidió extremar medidas de seguridad ante eventuales fiscalizaciones. Se activaron protocolos de búsqueda y control fronterizo.
• Ministros del Gobierno califican el caso como gravísimo e inexplicable:
  • Jaime Gajardo, ministro de Justicia, afirmó que “si fue un error, es impresentable; si fue una falsificación, es gravísimo”, y enfatizó la necesidad de revisar los protocolos.
  • Luis Cordero, ministro de Seguridad, sostuvo que el hecho “afecta la confianza en el sistema de justicia” y reiteró que Gendarmería actuó conforme al documento judicial recibido.

La excarcelación de Osmar Ferrer Ramírez fue consecuencia de una cadena de decisiones judiciales mal comunicadas y no adecuadamente procesadas entre instituciones. Aunque Gendarmería actuó en base a una orden válida, el hecho de que una resolución intermedia se aplicara como definitiva permitió que un imputado por sicariato quedara en libertad. El caso ha evidenciado debilidades críticas en el sistema de tramitación penal, que hoy son objeto de profundas investigaciones para prevenir hechos similares en el futuro.