Campamento Santa Marta en Maipú: desalojo de toma con mayoría de extranjeros deja detenidos tras violentos altercados

El desalojo del campamento Santa Marta en Maipú se realizó este lunes en medio de enfrentamientos, cuatro detenidos y un intento de agresión contra el alcalde Tomás Vodanovic. La toma, instalada desde 2022 en un bien nacional de uso público, estaba compuesta por 102 hogares y 375 personas, en su mayoría extranjeros, muchos de ellos en situación migratoria irregular.

Puntos Claves:

• Toma ilegal activa desde 2022 en terreno fiscal: El campamento Santa Marta se emplazaba en Camino a Melipilla con Avenida Los Pajaritos, ocupando más de 7.000 m² de un bien nacional de uso público. Esto significa que el terreno pertenece al Estado y no puede ser habitado ni subdividido por particulares sin autorización. Ninguna de las 102 familias tenía derecho legal sobre ese espacio.
• Mayoría de extranjeros y alta irregularidad migratoria: Según el catastro municipal, el 91% de los residentes eran extranjeros, principalmente venezolanos y colombianos, y cerca del 74% se encontraba en situación migratoria irregular. En total vivían 375 personas, entre ellas 150 niños, niñas y adolescentes. La magnitud del asentamiento y su composición migratoria reabrieron el debate sobre control fronterizo y cumplimiento de la ley.
• Cuatro detenidos y enfrentamientos con Carabineros: El procedimiento contó con apoyo de Carabineros, PDI y otras instituciones. Durante el operativo se registraron incidentes y al menos cuatro personas fueron detenidas. Carabineros informó que se trató de “Un hombre y una mujer por oponerse a la acción de Carabineros en servicio y dos detenidos por maltrato de obra a Carabineros en servicio y desorden”. Además, una mujer intentó acercarse de forma agresiva al alcalde, lo que obligó a su resguardo policial.
• Querella por arriendo ilegal y presunta estafa: La Municipalidad de Maipú presentó una querella contra Ruth Fuentes Hevia, sindicada como dirigenta del campamento, por el presunto cobro de hasta $100.000 por grupo familiar bajo la promesa de soluciones judiciales para frenar el desalojo. El alcalde señaló: “nosotros pusimos una querella porque lo que vemos es que lamentablemente en este sector ha habido una apropiación de los terrenos, un arriendo ilegal de parte de los terrenos, una falsa idea que se le ha dado a las familias de que al pagarle a cierta dirigente ella va a contactar a un abogado que va a impedir el desalojo de este campamento y eso no es así”.
• Autoridades recalcan respeto a la ley: Desde el municipio enfatizaron que la toma no generaba derechos sobre el terreno. El alcalde fue claro al afirmar: “Acá hay una ley que en Chile tenemos que respetar, uno no puede ir y tomarse un terreno de un día para otro y creer que ese terreno le pertenece, tomarte un terreno no te da derecho a saltarte la fila y tener una vivienda de manera inmediata en Chile tenemos instituciones, tenemos reglas, tenemos procedimientos”. El mensaje central fue que la vulnerabilidad no elimina la obligación de cumplir la normativa vigente.
• Plan social previo al desalojo: Según la municipalidad, el decreto de demolición fue notificado formalmente hace un mes y se realizaron asambleas e instancias informativas. Se ofrecieron subsidios de arriendo transitorio, cupos en albergues, traslado de enseres y apoyo para mascotas. Sin embargo, un grupo se negó a abandonar el lugar de forma pacífica.
• Recuperación de espacios públicos y señal política: Este es el tercer desalojo ejecutado por el municipio en menos de seis meses y el segundo en el eje Camino a Melipilla con Pajaritos. La administración comunal sostiene que busca recuperar espacios tomados y reforzar la seguridad del sector, frente a ocupaciones irregulares que se prolongan por años.

El desalojo del campamento Santa Marta en Maipú dejó en evidencia una situación que se repite en distintas comunas del país: tomas ilegales consolidadas, alta presencia de extranjeros en situación irregular y dirigentes acusados de aprovechar el desorden. Más allá de las dificultades sociales, la ocupación de terrenos fiscales vulnera la ley y afecta tanto a los vecinos como a las propias familias involucradas.

El desafío ahora es evitar que estos asentamientos vuelvan a instalarse y que la falta de control migratorio y de cumplimiento normativo siga generando conflictos. El respeto a la ley, junto con políticas sociales claras y ordenadas, aparece como una condición básica para enfrentar un problema que no puede seguir normalizándose.