Los otros errores del Poder Judicial que liberaron a peligrosos imputados: liberaron por error a dos miembros de Los Trinitarios, tras fallo similar al del sicario del Rey de Meiggs

Un insólito error del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago permitió la liberación de dos integrantes de la banda internacional Los Trinitarios, quienes escaparon a Perú tras quedar sin prisión preventiva en abril de 2024. El caso, similar al del sicario del “Rey de Meiggs”, fue consecuencia de un fallo administrativo durante una acumulación de causas judiciales, que terminó con sanciones para jueza, personal administrativo y un funcionario judicial.

Puntos Claves:

• Liberación por error judicial de dos imputados de Los Trinitarios: En abril de 2024, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago dejó sin efecto por error las prisiones preventivas de tres imputados por tráfico de drogas, lavado de activos y tenencia ilegal de armas, todos de nacionalidad peruana. Dos de ellos —Alexander Luera Pomaquispe y Melanie Dafne Perales Aguilar— quedaron en libertad y escaparon a Perú.
• Fallos durante trámite de acumulación de causas: El error se produjo durante un trámite judicial de acumulación de causas, donde se debía integrar la causa RIT 1.291-2024 a la causa RIT 5.009-2023, ambas relacionadas con la banda Los Trinitarios que operaba en Cerrillos. Un funcionario judicial, Cristián Ramírez Gajardo, agregó un párrafo no autorizado al documento de acumulación, dejando sin efecto las medidas cautelares de los imputados.
• Firma sin revisión y retraso en rectificación: La jueza María Inés Hernández Cáceres firmó sin advertir la omisión el oficio que anulaba las prisiones preventivas, y no firmó a tiempo el documento que corregía el error. Aunque recibió por correo electrónico la versión corregida a las 15:16 horas del 24 de abril, solo lo firmó al día siguiente, permitiendo la liberación de los imputados por Gendarmería entre las 16:40 y 19:15 horas.
• Sanciones tras sumario del Poder Judicial: El sumario del Poder Judicial calificó como “doblemente negligente” la actuación de la jueza Hernández, por firmar un documento sin revisar adecuadamente y por no actuar con diligencia ante la advertencia del error.
  • Jueza María Inés Hernández Cáceres: Recibió una amonestación escrita.
  • Patricia Quiroz Muñoz (administradora del tribunal): También fue amonestada por no establecer protocolos claros.
  • Cristián Ramírez Gajardo (funcionario judicial): Recibió una multa equivalente a 15 días de sueldo por su rol directo en el error y su gestión tardía de la corrección.
• Comparación con el caso del sicario del “Rey de Meiggs”: Este incidente se suma al caso de Osmar Ferrer Ramírez, imputado por el asesinato del “Rey de Meiggs”, quien también fue liberado por un error del Octavo Juzgado de Garantía tras la anulación de su prisión preventiva por un problema de identificación.
• Detección y solicitud de extradición: El Ministerio Público detectó actividad digital de los imputados desde Lima el 19 de junio. La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud de extradición el 10 de octubre de 2024.
  • La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aprobó mediante resolución suprema la entrega de Alexander Luera Pomaquispe, con el respaldo de los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores.
  • Se estableció que antes de su entrega se debe verificar que no tenga otros procesos penales pendientes, y Chile debe garantizar que se le compute el tiempo de privación de libertad relacionado con la extradición.
  • Es importante destacar que este es un trámite largo y que, de hecho, en realidad no han sido capturados siquiera.

El caso evidencia graves fallas en la administración judicial, cuyas consecuencias aún se intentan remediar. Mientras se avanzan con las extradiciones, el sistema enfrenta cuestionamientos sobre sus protocolos y controles internos.

Los errores cometidos permitieron que peligrosos imputados quedaran en libertad y escaparan del país, afectando directamente la confianza pública en el sistema judicial. Las sanciones aplicadas buscan establecer responsabilidades, pero también exponen la fragilidad de los procedimientos administrativos cuando no se ejecutan con rigor.