Un operativo conjunto entre la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI permitió la detención de tres cabos del Ejército de Chile y un civil en Puerto Aysén, luego de que retiraran una encomienda que contenía más de 11 kilos de marihuana desde un local de Chilexpress. El caso, que ya suma reacciones políticas y militares, se enmarca en una serie de investigaciones sobre narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas.
Puntos Claves:
- Entrega vigilada en Chilexpress de Puerto Aysén: La encomienda, enviada desde Chillán y detectada en el aeropuerto de Santiago durante controles de rutina, contenía 11.492 gramos de marihuana distribuidos en 10 paquetes. Fue retirada por un civil acompañado por tres cabos activos del Regimiento N°8 Chiloé, momento en que fueron interceptados por la PDI.
- Detenidos y formalización: Los cuatro imputados —de entre 20 y 32 años— fueron trasladados a la Fiscalía Local de Puerto Aysén y formalizados en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por tráfico de drogas. La jueza Dalia Illesca decretó prisión preventiva para un cabo y el civil, mientras que los otros dos militares quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional. El Ministerio Público apeló para que todos queden en prisión preventiva. Se fijó un plazo de investigación de 75 días.
- Defensas de los imputados: Los militares señalaron que solo acompañaban a su amigo civil a retirar “algo” y desconocían el contenido del paquete. La defensa de dos de los cabos aseguró que “estaban en el momento y lugar equivocado”, mientras que el abogado del civil insistió en que su representado colaboró con la investigación.
- Allanamientos y medidas adicionales: Tras las detenciones, se realizaron allanamientos en las habitaciones de los tres uniformados dentro del Regimiento N°8 de Chiloé. Mientras dure el proceso, los militares permanecerán recluidos en ese mismo recinto.
- Reacción del Ejército: La IV División del Ejército emitió un comunicado rechazando el hecho y asegurando su “plena colaboración con las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias”.
- Condena del Gobierno: La ministra de Defensa, Adriana Delpiano (PPD), calificó el hecho como “completamente inaceptable” y confirmó que el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, entregó un informe detallado. La secretaria de Estado anunció reforzamiento de medidas internas y eventuales aumentos en las sanciones para casos similares.
- Dimensión política: El diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile) solicitó que la ministra Delpiano sea citada nuevamente a la Comisión de Defensa de la Cámara, acusando que “este hecho es de la máxima gravedad, pues corresponde al tercer caso de tráfico de drogas en los últimos meses en las FF.AA.”. Además, pidió que el Presidente convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para abordar la penetración del crimen organizado en las instituciones armadas.
Este caso se suma a otros dos recientes en que suboficiales del Ejército han sido formalizados por delitos relacionados con narcotráfico, lo que ha encendido alarmas respecto de intentos de organizaciones criminales por cooptar personal uniformado aprovechando su entrenamiento y conocimientos estratégicos.
La detención de tres cabos y un civil en Puerto Aysén revela nuevamente la urgencia de reforzar controles internos en las Fuerzas Armadas y de generar políticas efectivas para impedir que el narcotráfico continúe penetrando instituciones clave para la seguridad del país. Más allá de las medidas judiciales, el impacto humano y social de estos hechos golpea la confianza ciudadana en el Ejército y abre un debate mayor sobre cómo enfrentar la infiltración del crimen organizado en espacios estatales estratégicos.