Error tras error: Fiscalía confirma que sicario vinculado al “Rey de Meiggs” se llama Alberto Carlos Mejía y no Carlos Alberto como se informó inicialmente. Se emite nueva alerta internacional con nombre verdadero

En medio de una ola de confusiones, el Ministerio Público confirmó que el verdadero nombre del sicario venezolano acusado del asesinato del empresario José Reyes Ossa es Alberto Carlos Mejía Hernández, y no Carlos Alberto como se indicó inicialmente. El imputado, que fue liberado de forma irregular, permanece prófugo y es buscado internacionalmente bajo alerta de alto peligro.

Puntos Claves:

• Identidad real confirmada tras confusión inicial: La Fiscalía Metropolitana Occidente y Oriente confirmó que el nombre real del imputado por el asesinato del “Rey de Meiggs” es Alberto Carlos Mejía Hernández, desmintiendo la versión inicial entregada por Carabineros, que hablaba de “Carlos Alberto Mejía Hernández”. La identidad fue corroborada mediante sus huellas dactilares enviadas a Interpol.
• Alias utilizado en Chile era Osmar Ferrer: Durante su estadía en Chile, el joven venezolano de 18 años se hacía llamar Osmar Alexander Ferrer Ramírez, alias bajo el cual fue arrestado, formalizado y, posteriormente, liberado. Esta identidad fue validada por sus conocidos e incluso en la conserjería del edificio donde vivía.
• Liberación irregular: un error o algo más grave: El 10 de julio, menos de 24 horas después de ser formalizado por homicidio y quedar en prisión preventiva, Mejía fue liberado. Según el Poder Judicial, tres documentos contradictorios fueron emitidos en 11 minutos debido a errores en la redacción del nombre. Gendarmería ejecutó la orden incorrecta y lo dejó en libertad.
• Confusión institucional y versiones cruzadas: La liberación del imputado provocó tensiones entre Gendarmería y el Poder Judicial. Gendarmería afirma haber seguido las instrucciones judiciales al pie de la letra, mientras que desde la judicatura aseguran que la orden de prisión preventiva fue notificada con suficiente antelación, y que hubo falta de diligencia de Gendarmería al no interpretar correctamente los documentos recibidos.
• Fiscalía indaga si hubo premeditación en la liberación: La Fiscalía Occidente, encabezada por Marcos Pastén, lidera una investigación para determinar si la liberación fue un error humano o una acción premeditada. Las diligencias incluyen la incautación de celulares, revisión de cámaras de vigilancia y toma de declaraciones a funcionarios judiciales y penitenciarios.
• Acompañantes al momento de su salida del penal: Las cámaras de seguridad captaron a dos personas esperando a Mejía al momento de su excarcelación. La Fiscalía intenta establecer si se trata de integrantes de una red de apoyo o si existió coordinación interna que facilitó su fuga, lo que podría implicar una grave vulneración institucional.
• Nueva alerta internacional emitida con identidad correcta: Tras confirmar su verdadera identidad, Carabineros y la PDI emitieron una nueva alerta internacional de búsqueda, describiendo a Alberto Carlos Mejía Hernández como un individuo de alto peligro, vinculado al Tren de Aragua. La alerta destaca que ingresó al país de forma irregular y que participó en el asesinato de un empresario el 19 de junio en Ñuñoa.
• Características físicas y tatuaje distintivo: El imputado mide 1,74 metros, tiene pelo negro, tez morena y un tatuaje del rostro de Zeus en el dorso de su mano derecha. Esta última característica fue incluida en el afiche de búsqueda difundido por las policías.
• Confusión del ministro Cordero también generó polémica: El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, inicialmente se refirió al imputado como “Carlos Alberto”, sumándose a la confusión. Luego rectificó, alineándose con la versión de la Fiscalía y señalando que lo más relevante eran las huellas y el pasaporte del acusado: “Es Alberto Carlos, se ha corregido la gráfica”.
• Nueva arista: revisión de la identidad de los otros detenidos: El ministro Cordero también señaló que se está corroborando la identidad de los otros detenidos junto a Mejía. Además, fue consultado por un posible uso de celulares dentro de la celda del imputado, tema que también forma parte de la investigación en curso.
• Medidas adoptadas por el Poder Judicial y Corte Suprema: En respuesta a la grave situación, la Corte Suprema ordenó un pleno extraordinario, encargó un informe sobre posibles fallas del sistema electrónico judicial y solicitó diseñar un protocolo único para órdenes de ingreso y egreso de imputados, con el fin de evitar futuros errores administrativos o interpretaciones ambiguas.
• Allanamiento a oficinas del Poder Judicial: La Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la PDI realizó dos allanamientos esta semana a las oficinas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La diligencia fue ordenada por el fiscal Pastén y busca determinar si hubo delitos informáticos o manipulaciones internas en la excarcelación de Mejía.
• Defensa a la jueza Irene Rodríguez: La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados emitió una declaración en defensa de la jueza que dictó la prisión preventiva, argumentando que la orden fue emitida y notificada correctamente a Gendarmería. Asimismo, rechazaron los llamados a su destitución por parte de autoridades políticas.
• Presión pública e institucional por esclarecer responsabilidades: A una semana de la liberación, el caso se ha convertido en un símbolo de las falencias del sistema penal chileno. Tanto la ciudadanía como las instituciones exigen esclarecer las responsabilidades y evitar que un hecho de esta gravedad vuelva a repetirse.

El caso del sicario vinculado al asesinato del “Rey de Meiggs” ha destapado serias deficiencias en la coordinación entre Gendarmería, el Poder Judicial y las policías. Mientras continúa la búsqueda de Alberto Carlos Mejía Hernández, persiste la incertidumbre sobre cómo fue posible su liberación pese a existir una orden vigente de prisión preventiva.

Las víctimas de este caso, en particular la familia del empresario José Reyes Ossa, siguen esperando justicia en medio de un escenario cargado de irregularidades y confusión institucional. El país entero observa con atención las diligencias en curso, esperando que se determine si hubo dolo en la liberación y se identifique a los responsables de este grave error.