Estudiantes protagonizan destrozos y agresiones a civiles en protesta en Santiago: cruda muestra del deterioro en la educación pública y la incapacidad de las autoridades para controlarlo

Una protesta estudiantil en Santiago, convocada por liceos emblemáticos, terminó en violencia, destrozos y agresiones a civiles, desnudando no solo la preocupante radicalización de un sector del alumnado, sino también la pasividad del gobierno ante estos hechos reiterados. Lo ocurrido expone una cultura de impunidad en colegios públicos, donde un grupo reducido pero violento impone su agenda sin consecuencias claras ni liderazgo efectivo que lo frene.

Puntos Claves:

• Marcha estudiantil termina en vandalismo y violencia: La convocatoria, realizada por centros de estudiantes de seis liceos —entre ellos el Instituto Nacional, el Liceo 1 Javiera Carrera y el Liceo de Aplicación—, finalizó con ataques al edificio municipal de Santiago y agresiones físicas a peatones, lo que motivó la intervención de Carabineros.
• Ataques al municipio de Santiago: Manifestantes lanzaron objetos contundentes contra las instalaciones del municipio, provocando graves daños materiales. Se rompieron vidrios, incluso en el gabinete del alcalde Mario Desbordes, quien se encontraba en reunión al momento de los hechos.
• Agresiones a transeúntes: Además de los daños materiales, se reportaron ataques directos a personas que transitaban por el sector. El propio Desbordes publicó videos que muestran a jóvenes golpeando a quienes intentaban cuestionar la manifestación.
• Un movimiento que habla de diálogo pero actúa con violencia: Pese a declararse defensores de la educación pública, los organizadores del “mochilazo” terminaron protagonizando una jornada marcada por el caos, la destrucción y la intimidación. Las acciones demuestran una profunda incoherencia entre el discurso que promueven y los hechos que provocan.
• Nuevas tomas agravan la crisis educativa: Paralelamente a la marcha, cinco liceos del centro de Santiago —el Instituto Nacional, el Liceo 1 Javiera Carrera, el Liceo de Aplicación, el Barros Borgoño y el Liceo 4 Isaura Dinator— fueron tomados por estudiantes, impidiendo el normal funcionamiento académico. Las tomas fueron anunciadas por el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional como un “cese forzado de actividades”, ignorando completamente a quienes sí desean estudiar.
• Símbolos de odio y amenazas personales: Durante la protesta, se repartieron panfletos con la imagen del alcalde con una pistola apuntándole a la cabeza, lo que fue denunciado por Desbordes como una amenaza directa. Estas acciones reafirman que ya no se trata de una simple protesta, sino de una peligrosa escalada de radicalización.
• Estructura organizativa preocupante: El movimiento estudiantil informó que, dentro de las tomas, se crearán comisiones de “agitación y propaganda”, una señal clara de adoctrinamiento político que aleja aún más a los liceos de su rol educativo. “Han destruido la educación pública, con la ayuda de muchos adultos que se esconden detrás y justifican a estas minorías violentas”, denunció el alcalde.
• El Gobierno evita condenar la violencia con firmeza: La ministra vocera Camila Vallejo hizo un llamado al diálogo y pidió “separar lo intolerable”, sin condenar de forma explícita las agresiones y los daños registrados. Este tono ambiguo desde La Moneda contribuye a una sensación de permisividad frente a la violencia reiterada en establecimientos educacionales.
• El silencio de las familias y la complicidad pasiva: Desbordes responsabilizó directamente a los apoderados de los estudiantes involucrados, afirmando que “si lo saben, son cómplices de todo aquello”. La falta de control y supervisión desde el hogar agrava aún más una situación que ya es crítica.
• Afectación a la ciudadanía y colapso del tránsito: Las acciones de los estudiantes causaron cortes de calles y desvíos en el centro de Santiago, afectando la vida cotidiana de cientos de personas. Desde Transporte Informa se reportaron interrupciones en la calle San Diego, especialmente frente al Liceo Barros Borgoño.

La violencia no puede ser nunca una vía válida de expresión, menos aún cuando proviene de estudiantes que deberían estar formándose en el respeto, la convivencia y el diálogo. Lo ocurrido en Santiago no es una “protesta estudiantil”, es una muestra de descomposición y pérdida de límites, donde se normaliza el odio, el daño a terceros y la destrucción de lo público.

El Estado, por su parte, sigue sin ejercer autoridad. Los llamados al diálogo pierden todo valor si no van acompañados de una condena clara a los actos violentos. Si no se detiene esta espiral, no solo peligra la educación pública: peligra la democracia misma al tolerar que minorías organizadas impongan el miedo en lugar del debate.