Detención de Ángela Vivanco: exministra de la Corte Suprema enfrenta formalización por cohecho y lavado de activos en la “trama bielorrusa”

La detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ocurrida la noche del domingo en la comuna de Las Condes, marca un hecho inédito en la historia reciente del Poder Judicial chileno. La exmagistrada fue arrestada por Carabineros del OS7 tras quedar habilitada su persecución penal y será formalizada por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, en el marco de la investigación conocida como la “trama bielorrusa” o caso “Muñeca Bielorrusa”, vinculada a fallos judiciales que favorecieron a un consorcio extranjero en una disputa millonaria con Codelco.

Puntos Claves:

• Detención tras perder el fuero judicial: La exministra Ángela Vivanco fue detenida luego de que la Corte Suprema acogiera una querella de capítulos en su contra, un procedimiento especial que se aplica a jueces y altas autoridades. En términos simples, este trámite no declara culpabilidad, pero permite que el Ministerio Público investigue penalmente a quien antes tenía fuero. Con esta resolución, Vivanco quedó en igualdad de condiciones que cualquier imputado ante la justicia penal.
• ¿De qué delitos se le acusa?: La Fiscalía Regional de Los Lagos imputó a Vivanco los delitos de cohecho y lavado de activos.
  • El cohecho ocurre cuando una autoridad pública recibe dinero u otros beneficios a cambio de realizar —u omitir— actos propios de su cargo. En este caso, se investiga si Vivanco habría recibido pagos para votar a favor de una empresa privada en causas que resolvió como ministra de la Corte Suprema.
  • El lavado de activos se configura cuando se intenta ocultar o disimular el origen ilícito de dinero, reinsertándolo en el sistema financiero formal o utilizándolo en gastos que aparenten legalidad, como viajes o compras.
• La “trama bielorrusa”: El caso se origina en una disputa entre la minera estatal Codelco y el consorcio Belaz Movitec (CBM), integrado por la empresa chilena Movitec y la firma estatal bielorrusa Belaz. En 2023, la Corte Suprema ordenó a Codelco devolver fondos y maquinarias por más de $11 mil millones al consorcio, tras acoger un recurso de protección. Vivanco participó en esa decisión cuando presidía provisoriamente la Tercera Sala del máximo tribunal.
• Presuntas coimas millonarias: Según la Fiscalía, Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, habrían recibido al menos $90 millones y más de US$29 mil de parte de los abogados del consorcio —Mario Vargas y Eduardo Lagos— como retribución por votos y resoluciones favorables. La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer sostuvo que:
  “Vivanco intervino y resolvió en razón de su cargo a favor de CBM (…) con infracción a sus deberes estatutarios como magistrado del máximo tribunal, en la medida que no declaró su inhabilidad”.
• Uso del dinero y lavado de activos: La Fiscalía detalló que parte de estos dineros, presuntamente obtenidos mediante sobornos, habrían sido utilizados en viajes personales al extranjero. Según Wittwer:
  “Los imputados Vivanco Martínez y Migueles Oteiza, estando en conocimiento de su origen ilícito por provenir del soborno (…) usaron (las coimas) con ánimo de lucro en un viaje recreativo”, lo que constituye, a juicio del Ministerio Público, una forma de lavado de activos.
• Prisión preventiva solicitada: La Fiscalía pidió la medida cautelar más grave —prisión preventiva— argumentando que existen antecedentes suficientes sobre la existencia de los delitos, la participación de la exministra y el riesgo que su libertad representa para la investigación. El fiscal Marco Muñoz señaló que se cumplen los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal, que regula esta medida excepcional.
• Defensa cuestiona la detención: El abogado Jorge Valladares calificó la detención como “innecesaria” y expresó preocupación por el estado de salud de su representada. Sin embargo, el tribunal rechazó declarar ilegal la aprehensión y dio curso a la formalización.
• Impacto institucional: Autoridades de distintos sectores coincidieron en la gravedad del caso. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó:
  “No tenemos registros históricos de una situación similar en el pasado en la trayectoria de la Corte Suprema. Es, por cierto, un golpe institucional muy severo”.
  Desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo advirtió que conflictos de interés de esta magnitud dañan la democracia y la confianza pública.

La detención y formalización de Ángela Vivanco abre un capítulo sin precedentes para el sistema judicial chileno, al tratarse de la primera exministra de la Corte Suprema en enfrentar cargos penales de esta naturaleza. Más allá del desenlace judicial que determine la justicia, el caso expone una profunda crisis institucional y pone bajo escrutinio la probidad, la independencia judicial y los mecanismos de control sobre quienes ejercen los cargos más altos del Poder Judicial.

Mientras el tribunal define las medidas cautelares y la investigación avanza, el proceso genera un fuerte impacto en la confianza ciudadana y reabre el debate sobre la necesidad de reformas estructurales para prevenir conflictos de interés y eventuales actos de corrupción en la administración de justicia.