Diputada Labra exige explicaciones por escandalosos $3.989 millones gastados por Oficina de Género del Ministerio de Energía en transferencias y asesorías ideológicas
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El cuestionamiento de casi $4.000 millones en gastos de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía ha llevado a la diputada Paula Labra a oficiar nuevamente al ministro Diego Pardow. La parlamentaria busca explicaciones detalladas sobre las transferencias y compras realizadas entre 2023 y 2025, cuestionando la necesidad de esta oficina y calificando sus actividades como “gustitos ideológicos”.
Puntos Claves:
- Oficio de respuesta reveló millonarios gastos en pocos años:
El Ministerio de Energía respondió un oficio enviado por la diputada Paula Labra (IND-RN), detallando que entre 2023 y 2024 la Oficina de Género y Derechos Humanos gastó $3.474 millones mediante iniciativas directas y convenios de transferencia. Además, en bienes y servicios de consumo (subtítulo 22), el gasto fue de más de $644 millones en tres años. - Gasto en bienes y servicios aumentó considerablemente en 2024:
Según el Plan Anual de Compras (PAC) del ministerio, los gastos en el subtítulo 22 fueron:- $31.440.345 en 2022
- $47.566.862 en 2023
- $427.563.000 en 2024
- $138.291.000 en lo que va de 2025
La diputada calificó de “alarmante” el alza del 800% en el gasto de 2024.
- Transferencias millonarias bajo el subtítulo 24 y otros:
Entre las transferencias destaca una por casi $300 millones en 2024 por concepto de asistencia técnica al programa nacional “Lideresas”. Según el ministerio, se trata de una iniciativa enfocada en la equidad e inclusión en el acceso a la energía.
Además, Labra solicitó información sobre las transferencias realizadas bajo los subtítulos 24 y 33 durante 2025. - Estudios y actividades cuestionadas por su contenido ideológico:
La parlamentaria también identificó gastos en estudios y actividades que considera innecesarias o ideológicas, entre ellos:- $29 millones por servicios de consultoría para implementar la Norma Chilena N°3262-2021, que incluyó charlas sobre “corresponsabilidad y nuevas masculinidades”.
- $52 millones para el estudio “Identificación de brechas de género y enfoque de derechos humanos en el sector energético”. Este estudio fue contratado en 2024, pero responde a un programa iniciado bajo el gobierno anterior.
- Diputada Labra acusa duplicación de funciones estatales:
Labra criticó la existencia de una oficina de género y derechos humanos dentro de un ministerio sectorial como Energía, argumentando que estas funciones ya se cumplen a través del Ministerio de la Mujer, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
“La existencia de este tipo de oficinas internas en los ministerios solo significa más grasa estatal”, sostuvo. - Nuevo requerimiento exige detalles adicionales al ministro Pardow:
En un nuevo oficio, Labra exigió al Ministerio de Energía:- Detallar todos los programas, iniciativas y líneas de acción concretas de la Oficina de Género y Derechos Humanos.
- Precisar los recursos involucrados, tanto ejecutados como programados para el resto del año.
- Explicar cómo se coordinan estas iniciativas con el Ministerio de la Mujer.
- Entregar información específica sobre la asistencia técnica del programa “Lideresas”.
El debate en torno al rol y presupuesto de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía ha generado una creciente controversia en el Congreso. La diputada Labra ha insistido en que el Gobierno debe dar cuenta detallada del uso de los fondos públicos y evitar gastos que no tengan un impacto concreto y justificable en la política energética.
Mientras tanto, desde el ministerio, se ha defendido el rol de la oficina, asegurando que sus acciones están alineadas con políticas públicas como la Política Energética 2050, el Plan Nacional de Igualdad, y el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, entre otros.
La solicitud de la diputada refleja una preocupación más amplia sobre la gestión de los recursos fiscales y la pertinencia de ciertas estructuras administrativas en el aparato público. En su crítica, ha recalcado que el Ejecutivo debe priorizar el uso eficiente del gasto y evitar duplicar funciones entre distintas entidades del Estado.
