Servel rechaza 46 candidaturas parlamentarias, pero aprueba las de Daniel Jadue y Miguel Ángel Calisto pese a procesos judiciales en su contra

El Servicio Electoral (Servel) sacudió el panorama político al rechazar 46 candidaturas parlamentarias, incluyendo a diputadas en ejercicio del Partido Comunista y el Frente Amplio, pero al mismo tiempo validó las postulaciones de dos figuras cuestionadas: el exalcalde Daniel Jadue (PC), formalizado por graves delitos de corrupción, y el desaforado diputado Miguel Ángel Calisto, investigado por fraude al fisco. La decisión ha dejado en evidencia las contradicciones y tensiones dentro de la izquierda, que busca mostrarse como garante de probidad, mientras ampara a candidatos con causas judiciales pendientes.

Puntos Claves:

• Rechazo a 46 candidaturas: El Servel informó que 46 aspiraciones parlamentarias quedaron fuera de la papeleta de noviembre: 3 al Senado y 43 a la Cámara de Diputados. Entre las más llamativas están las de las diputadas en ejercicio María Candelaria Acevedo (PC) y Carolina Tello (FA), ambas por no cumplir requisitos básicos como la presentación de declaraciones juradas notariales.
• Formalidades incumplidas por la izquierda: El caso de Acevedo fue explicado como una «omisión formal», mientras que Tello señaló que apelará. Sin embargo, estos descuidos evidencian improvisación y desprolijidad en partidos que exigen estándares éticos a los demás, pero tropiezan en cumplir requisitos mínimos.
• Candidatura de Daniel Jadue aceptada en votación dividida: El Servel aprobó la postulación del exalcalde de Recoleta a diputado por el Distrito 9, pese a que está formalizado y acusado por fraude al fisco, cohecho, estafa y delitos concursales. La decisión fue tomada gracias a la mayoría oficialista en el Consejo Directivo, lo que refuerza las críticas de acomodo político. Dentro del mismo oficialismo existen resistencias, ya que su presencia ensucia la campaña presidencial de Jeannette Jara.
• Defensa jurídica de Jadue: Sus abogados, encabezados por Ciro Colombara, apelaron al principio de inocencia y a fallos previos del TC y el Tricel, buscando que se le mantenga el derecho a sufragio. No obstante, el hecho de que un candidato acusado de delitos graves pueda aspirar a legislar en el Congreso plantea serias dudas sobre la coherencia de la izquierda.
• Miguel Ángel Calisto y su oportunismo político: El desaforado diputado, procesado por fraude en el uso de asignaciones parlamentarias que involucraría más de $100 millones, logró inscribirse como candidato a senador por Aysén bajo el paraguas del Frente Regionalista Verde Social (FRVS). Tras un quiebre con Chile Vamos y Demócratas, terminó alineado con una lista vinculada al oficialismo de izquierda, en una jugada que refleja pragmatismo electoral y no principios.
• Reacciones contradictorias: Mientras en la oposición se evalúa no impugnar la candidatura de Jadue porque perjudica más a la izquierda, en el oficialismo la incomodidad es evidente. La presidenta del FRVS, Flavia Torrealba, debió justificar la inclusión de Calisto, asegurando que su partido no se «trasladó a la izquierda». Sin embargo, lo cierto es que su alianza con un imputado refuerza la percepción de incongruencia en los discursos de probidad.
• La izquierda en entredicho: Estos casos muestran una constante: mientras se rechazan candidaturas de figuras de menor peso por errores administrativos, se mantienen las postulaciones de quienes enfrentan acusaciones graves de corrupción. En vez de dar señales de transparencia, la izquierda aparece protegiendo a sus cartas más cuestionadas, como Jadue, y abriendo la puerta a oportunistas como Calisto.

La decisión de aceptar las candidaturas de Daniel Jadue y Miguel Ángel Calisto, mientras se rechazaban otras por meras formalidades, evidencia que la izquierda está dispuesta a pagar altos costos políticos con tal de retener espacios de poder. El caso de Jadue es ilustrativo: pese a enfrentar acusaciones graves y ser un lastre para la campaña oficialista, su postulación fue defendida con fuerza, incluso en un Servel dividido, lo que refleja una apuesta calculada por asegurar un cupo parlamentario aunque luego deba ser reemplazado.

Más que un error administrativo o un problema legal, lo que se observa es una estrategia fría y pragmática: mantener nombres cuestionados en la papeleta porque lo que importa no es la transparencia ni la probidad, sino no ceder terreno en el Congreso. La política se convierte así en un juego de mercenarios por el poder, donde la ética queda relegada y los ciudadanos vuelven a ser testigos de cómo se prioriza el cálculo electoral por sobre la coherencia y la confianza pública.