

La directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco Pizarro, se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras ser detectada incumpliendo una licencia médica de reposo total el pasado martes 31 de marzo. A pesar de que su médico tratante le ordenó estrictamente permanecer en su domicilio en la comuna de Colina debido a su complejo estado de salud, Carrasco se trasladó más de 30 kilómetros para dar una entrevista presencial en los estudios de CNN Chile y conversó con otros medios de comunicación en la vía pública. Este hecho no solo pone en duda la veracidad de su impedimento para trabajar, sino que también arriesga la invalidación de su licencia por parte de la Isapre, lo que obligaría al Estado a asumir costos financieros adicionales en medio de una gestión que ya era cuestionada por el actual gobierno debido a graves deficiencias administrativas y falta de probidad.
La aparición de una licencia médica con carácter retroactivo —es decir, que tiene validez sobre días que ya pasaron— justo en el momento en que se notificaba su salida por mala gestión, resulta ser una coincidencia demasiado conveniente para ser ignorada. Si bien la ley protege la salud de los trabajadores, estos derechos no deben ser malentendidos ni utilizados como un escudo para evitar la rendición de cuentas ante ineficiencias administrativas. La conducta de Carrasco sugiere un intento de abusar del sistema de protección laboral, tratando de transformar una situación de salud personal en una herramienta política para mantenerse en un cargo donde ya no goza de confianza técnica ni política.
El hecho de que la directora haya «olvidado» que estaba bajo reposo total al momento de trasladarse a un set de televisión demuestra una contradicción insalvable: si estaba lo suficientemente sana para dar entrevistas y movilizarse por la capital, también debería haberlo estado para cumplir con sus funciones o, en su defecto, acatar su salida. Este actuar no solo arriesga la validez de su permiso ante la Isapre, sino que representa un agravio a la fe pública y a la probidad que se espera de un alto mando. Al final del día, el uso de narrativas de victimización para encubrir una gestión deficiente solo profundiza el daño a las instituciones que deben velar, con seriedad y eficiencia, por los derechos de todas las mujeres en Chile.