Caso ProCultura: juez Patricio Álvarez deja en libertad a Alberto Larraín pese al manejo de más de $1.600 millones fiscales, incluidos recursos invertidos ilegalmente en fondos mutuos

La decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de rechazar la prisión preventiva y el arresto domiciliario total para los principales imputados del caso ProCultura generó un fuerte impacto público. El fallo, dictado por el juez Patricio Álvarez, dejó a Alberto Larraín y a otros involucrados únicamente con arraigo nacional, pese a tratarse de una investigación por el eventual uso irregular de más de $1.600 millones en recursos fiscales, profundizando la sensación de desconcierto e indignación ciudadana.

Puntos Claves:

• Libertad para los imputados pese a la magnitud del caso: El tribunal rechazó las medidas cautelares más gravosas solicitadas por la Fiscalía contra Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, dejándolos solo con prohibición de salir del país. El caso se enmarca en el programa “Quédate” del Gobierno Regional Metropolitano y forma parte de una de las aristas más sensibles del caso Convenios.
• Fondos públicos invertidos en fondos mutuos: Uno de los antecedentes más graves es que parte de los recursos fiscales transferidos a ProCultura habrían sido depositados en fondos mutuos, una práctica prohibida por la normativa vigente. Desde la querella se denunció que no solo se mantuvieron dineros sin ejecutar, sino que además se habrían generado intereses con dinero del Fisco, situación que el tribunal consideró de carácter administrativo, una calificación que ha sido duramente cuestionada.
• Un fallo que “le falla a la ciudadanía”: El abogado querellante calificó la resolución como “un fallo judicial que le falla a la ciudadanía” y “realmente inentendible”, apuntando a contradicciones evidentes. Con los mismos antecedentes que inicialmente permitieron la detención de los imputados, el tribunal ahora sostiene que los hechos podrían no constituir delito, lo que a juicio de la parte querellante evidencia un cambio de criterio difícil de explicar.
• Errores graves en la calidad de funcionario público: Uno de los puntos más criticados es que el juez Álvarez sostuvo que Alberto Larraín no tendría la calidad de funcionario público. Esta afirmación fue calificada como un error grave, considerando que Larraín dirigía una corporación vinculada al Gobierno Regional y administraba recursos públicos. La legislación chilena y estándares internacionales consideran funcionario público a quien cumple funciones públicas, incluso bajo la modalidad de honorarios.

El juez Patricio Álvarez y un historial judicial altamente cuestionado:

Fallos polémicos previos

• Caso Pío Nono: En 2023, Álvarez excluyó una prueba clave en la preparación del juicio del ex carabinero Sebastián Zamora, decisión que fue posteriormente revertida. El caso terminó con Zamora absuelto, pero la exclusión inicial de evidencia generó fuertes cuestionamientos a su criterio.
• Recusación en el caso Moyano: En 2013, la Corte de Apelaciones acogió por unanimidad una recusación en su contra por falta de imparcialidad, tras excluir indebidamente a un testigo clave, lo que favoreció a ex lautaristas acusados del asesinato del cabo Luis Moyano, ocurrido tras el asalto al Banco Security en 2007.
• Autorizaciones revertidas: También fue cuestionado por autorizar visitas a imputados de alta peligrosidad en recintos de máxima seguridad (migrantes indocumentados), decisión que debió ser frenada por la Corte de Apelaciones.

Vínculos personales y activismo judicial

• Amistad con Daniel Urrutia: El propio juez Álvarez se ha inhabilitado en causas donde interviene el magistrado Daniel Urrutia, reconociendo una relación de amistad. Urrutia es conocido públicamente por su activismo político y por declaraciones como el llamado a “disolver Carabineros” y “refundar el Poder Judicial”.
• Sospechas legítimas de sesgo ideológico: Este contexto ha llevado a que distintas voces planteen, de manera legítima, sospechas sobre un posible activismo ideológico encubierto en la actuación del juez Álvarez. No se trata de una imputación penal, sino de una preocupación institucional sobre si sus convicciones personales influyen en fallos de alta connotación pública.

• Falta de transparencia en una causa de alto interés público: A esto se suma la decisión del magistrado de impedir la transmisión por streaming de las audiencias del caso ProCultura, a diferencia de otros procesos de alto impacto mediático, lo que reforzó las críticas sobre opacidad en una causa que involucra millones de pesos del Estado.
• La Fiscalía insiste y apelará: El Ministerio Público sostuvo que existió un actuar concertado para defraudar al Fisco, mediante una asignación discrecional y sin licitación de recursos públicos. Tras el rechazo de las cautelares, la Fiscalía confirmó que apelará ante la Corte de Apelaciones.
• Silencios que aumentan la desconfianza: Pese a los extensos alegatos de las defensas, los abogados de los imputados evitaron explicar públicamente dónde se encuentran los fondos no ejecutados, una omisión que sigue alimentando las dudas ciudadanas.

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GLORIA ANA CHEVESICH dijo: “Cada denuncia de faltas a la probidad que me llegue, incluso si son anónimas, las voy a llevar al pleno”

DENUNCIO al juez PATRICIO ÁLVAREZ que tiene AMPLIO HISTORIAL en BENEFICIAR a IMPUTADOS como ALBERTO LARRAÍN !@PJudicialChile pic.twitter.com/bQQ9Wax8Xr

— Chilena (@ProfeMuyChilena) February 4, 2026

La resolución que dejó en libertad a Alberto Larraín y a los demás imputados del caso ProCultura no solo representa una derrota para la Fiscalía, sino que reabre un debate profundo sobre el rol de los jueces en causas que involucran recursos públicos, probidad y confianza institucional. Cuando existen antecedentes tan sensibles —millones de pesos fiscales, inversiones prohibidas y un juez con un historial polémico—, la exigencia de transparencia, coherencia y ausencia total de sesgos no es ideológica: es una demanda básica de la ciudadanía.