Exdiputado Joaquín Lavín León enfrenta a la justicia en Santiago por millonario fraude al fisco y corrupción

Este lunes 4 de mayo, el exdiputado Joaquín Lavín León comenzó a enfrentar un extenso proceso judicial en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía le comunicará los cargos en su contra por una serie de delitos de corrupción, incluyendo un presunto fraude al Estado por más de 104 millones de pesos. Durante la audiencia, que se extendería por tres días, el Ministerio Público detallará cómo el exparlamentario habría utilizado fondos públicos del Congreso para financiar campañas políticas, pagar herramientas electorales y ejercer tráfico de influencias en la comuna de Maipú, hechos por los cuales los querellantes solicitarán la medida de prisión preventiva mientras dure la investigación.

Puntos Claves:

Arista Congreso y Campañas

• Formalización y cargos: Joaquín Lavín León, quien fue diputado por tres periodos hasta marzo de este año y exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI, partido político de centroderecha), está siendo formalizado. Este trámite es la instancia donde un juez le informa a una persona que está siendo investigada oficialmente. Se le acusa de fraude al fisco (robar o malgastar dinero del Estado), tráfico de influencias (usar su cargo para conseguir favores) y uso de documentos falsos.
• Facturas falsas para pagar deudas: Según la fiscal Constanza Encina, el exdiputado entregó boletas falsas ante el Congreso Nacional. Este dinero, que debía usarse exclusivamente para su labor legislativa, supuestamente se desvió para pagar deudas de campañas políticas a través de la empresa Imprenta MMG, propiedad de Juan Silva, quien también es imputado en el caso.
• Plataforma electoral con fondos de todos: La investigación señala que cerca de 93 millones de pesos de los impuestos de los chilenos se gastaron en crear «SocialTazk», una aplicación desarrollada por la empresa Modo 74 SPA. Aunque se justificó como una ayuda para el Congreso, la Fiscalía asegura que en realidad se usó para recolectar datos de votantes y enviarles propaganda.
• Personal pagado por el Estado para campañas: Se acusa que Lavín destinó a funcionarios de su equipo, pagados por el Congreso, para que trabajaran en la sede de la campaña presidencial de su padre, Joaquín Lavín Infante, en la comuna de Las Condes durante el año 2021.
• Fuga y extradición de exasesor: Felipe Vásquez, excolaborador del diputado y dueño de la empresa detrás de la aplicación, no se presentó al tribunal porque actualmente se encuentra en España. Por esto, la Fiscalía pidió su extradición, es decir, iniciar un trámite legal internacional para traerlo de vuelta a Chile de forma obligatoria.

Arista Municipalidad de Maipú y Defensa

• Intervención en el municipio: Otra parte importante de la investigación apunta a que el exparlamentario habría intervenido en decisiones clave de la Municipalidad de Maipú entre 2016 y 2021, periodo en el que su esposa, Cathy Barriga, era la alcaldesa. Se investiga su influencia en la contratación y despido de funcionarios municipales.
• Defensa argumenta errores y pide libertad: El abogado del exparlamentario, Cristóbal Bonacic, afirmó que las irregularidades son solo errores administrativos y solicitó el sobreseimiento (cerrar el caso sin condena) de una parte de la investigación. «Nadie puede indicar que el señor Lavín no ha colaborado y por lo tanto que se justifica una medida cautelar que implique un arresto», argumentó la defensa para evitar la prisión preventiva.
• Querellantes exigen la cárcel: La Fiscalía, apoyada por la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE, el organismo de abogados que protege los intereses del país), buscan que Lavín quede privado de libertad. El abogado del municipio, José Pedro Silva, aseguró: «Nosotros efectivamente vamos a pedir las medidas cautelares más intensas que contempla nuestro ordenamiento jurídico».

La gravedad de estas acusaciones no solo recae en las millonarias cifras de dinero público presuntamente desviadas, sino en el profundo daño que estos actos generan en la confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades. Cuando los recursos que pertenecen a todos los chilenos, y que deberían destinarse a resolver los problemas reales de las personas, terminan financiando campañas políticas y beneficios personales, se debilita el corazón mismo de nuestras instituciones y se frena el progreso del país.

Resulta vital que la justicia actúe de manera impecable, rápida y con total transparencia para esclarecer cada uno de estos hechos. La sociedad civil merece un estándar ético intachable por parte de todos sus representantes, sin importar su sector político. Solo demostrando que no existen privilegios y aplicando las sanciones correspondientes con firmeza, lograremos construir un Chile más justo y respetuoso de los recursos de todos sus ciudadanos.