Todo lo que necesitas saber sobre la megatoma de San Antonio: el Gobierno oficializa expropiación e incumple la ley

El Gobierno de Gabriel Boric oficializó la expropiación de más de 110 hectáreas en el cerro Centinela de San Antonio, donde se emplaza la mayor toma de terrenos del país. La medida, publicada en el Diario Oficial, evita el cumplimiento inmediato del fallo judicial que ordenaba el desalojo del lugar. Con ello, el Ejecutivo no solo posterga el cumplimiento de una sentencia firme de la Corte Suprema, sino que instala un grave precedente: la validación de la usurpación de terrenos privados bajo el argumento del “problema humanitario”.

Puntos Claves:

• El decreto de expropiación y su justificación “humanitaria”: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) publicó el decreto exento N° 88 el 3 de diciembre de 2025, apenas horas antes del plazo legal fijado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para ejecutar el desalojo de la megatoma. El documento autoriza la expropiación de 1.105.953,95 m² —más de 110 hectáreas— y argumenta que el desalojo “constituye un problema humanitario, considerando que más de 3.000 niños habitan el lugar”. Con esta fórmula, el Gobierno sortea el mandato judicial que ordenaba el retiro de las familias ocupantes y reemplaza el fallo de la justicia por una decisión política.
• Una administración que premia la ilegalidad: El fallo de la Corte Suprema de marzo de 2024 obligaba al Estado a cumplir el desalojo en un plazo de 30 días, instrucción ratificada el 4 de noviembre pasado. Sin embargo, el Ejecutivo decidió expropiar el terreno en lugar de cumplir la sentencia. En la práctica, quienes usurparon terrenos serán premiados con la posibilidad de quedarse en ellos, mientras los propietarios legítimos recibirán un pago inferior al valor comercial. Un “acto de justicia social”, según el discurso oficial; un atropello al Estado de Derecho, según la oposición.
• “El Estado no expropia para regalar”, afirma el ministro Montes: El ministro Carlos Montes defendió la medida señalando que las familias “tendrán que pagar el equivalente al valor del terreno”. No obstante, el propio decreto reconoce que el pago será parte de un plan de ahorro de $1.500.000 por familia, subsidiado por programas del Minvu. Es decir, el Estado asume buena parte del costo y las familias obtendrán los terrenos a un valor rebajado, validando un precedente peligroso para futuras usurpaciones.
• Empresarios acusan arbitrariedad e incapacidad del Gobierno: La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., dueña del terreno, acusó un “trato injusto y arbitrario” y sostuvo que el Gobierno “actúa sin diálogo y sin respetar el fallo de la Corte Suprema”. La empresa había ofrecido tres rebajas de precio, pero el Ejecutivo optó por la vía de la expropiación sin acuerdo. Según la compañía, esto demuestra “una muestra más de la incapacidad del Gobierno para relacionarse constructivamente con el sector privado”.
• La oposición exige investigar la legalidad del proceso: Diputados de Renovación Nacional solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre la legalidad de expropiar terrenos ocupados ilegalmente. En su requerimiento, los parlamentarios advirtieron que la medida “vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley”, ya que transforma una conducta ilícita —la ocupación— en un acto premiado por el Estado.
• Una toma fomentada por autoridades de izquierda: La megatoma del cerro Centinela comenzó en 2019, tras el estallido del 18-O, y se expandió durante la gestión de la exalcaldesa Constanza Lizana, cercana al Frente Amplio. La exautoridad municipal no solo evitó los desalojos judiciales, sino que —según registros de audio difundidos por Radio Bío Bío— habría instruido a los ocupantes a “no colaborar” con la PDI ante eventuales inspecciones. En su mandato, el campamento pasó de unas pocas familias a más de 10.000 personas.
• El Gobierno dilata fallos judiciales por razones políticas: La expropiación se concretó justo antes de la segunda vuelta presidencial, aplazando la ejecución del fallo judicial y trasladando el costo económico y político al próximo gobierno. Se estima que el Estado desembolsará más de $11.000 millones para pagar por el terreno expropiado. Con ello, se desvían recursos que podrían haberse destinado a quienes sí cumplen las reglas y esperan una solución habitacional por las vías formales.
• El patrón de incumplimiento legal en la administración Boric: El caso de San Antonio no es aislado. Ya ocurrió con los indultos presidenciales a condenados por delitos del estallido social, donde el propio Presidente cuestionó públicamente a la Corte Suprema. También se ha observado con la Ley de Migración, que se aplica con criterios laxos, reduciendo drásticamente las expulsiones de extranjeros con antecedentes penales. El Gobierno de izquierda ha convertido el incumplimiento de la ley en un método de gestión política, debilitando la institucionalidad y la confianza ciudadana.
• La corrupción como telón de fondo: Los escándalos de ProCultura y Democracia Viva, donde se desviaron fondos públicos a fundaciones vinculadas a partidos oficialistas, evidencian la misma lógica: leyes que se aplican según conveniencia política. A la fecha, no hay condenas firmes ni devoluciones de recursos. La justicia avanza a paso lento, y cuando intenta hacerlo, se cambia al fiscal o se bloquean diligencias. Todo ello refuerza la percepción de impunidad en un gobierno que predica transparencia mientras actúa con opacidad.
• El llamado a restablecer el Estado de Derecho: Como señaló el candidato José Antonio Kast en el debate presidencial de Archi, “nosotros vamos a cumplir los fallos judiciales y vamos a aplicar la ley”. En Chile no faltan leyes; lo que falta es voluntad para hacerlas cumplir. La expropiación en San Antonio no solo representa un golpe a la propiedad privada, sino una señal alarmante de que el Gobierno está dispuesto a sacrificar la legalidad en nombre del relato ideológico.

El caso de la megatoma de San Antonio refleja con crudeza cómo la ideología puede imponerse sobre la ley. Un fallo judicial firme fue reemplazado por un decreto político que legitima la usurpación de terrenos y debilita la confianza en las instituciones. Los verdaderos perjudicados son los chilenos que respetan las normas, pagan sus impuestos y esperan soluciones dentro del marco legal.

Mientras el Ejecutivo justifica su accionar con el argumento del “problema humanitario”, el mensaje hacia la ciudadanía es devastador: en Chile, la ley ya no es igual para todos. Si no se revierte esta tendencia, el país se encamina hacia un escenario donde el Estado de Derecho es reemplazado por la discrecionalidad política. Y cuando eso ocurre, lo que se pierde no es solo la propiedad privada, sino la esencia misma de la democracia.