Contraloría detecta graves faltas a la probidad: Ministra Vallejo usó auto fiscal para fines partidistas y exministra Jara ocultó reuniones de Lobby

Un demoledor informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló graves irregularidades en el corazón del Gobierno, señalando que la ministra vocera Camila Vallejo utilizó vehículos fiscales para asistir a celebraciones de partidos políticos, mientras que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, omitió registrar reuniones clave bajo la Ley de Lobby. La investigación especial N°643, que analizó el periodo entre enero de 2023 y abril de 2024, expone una gestión deficiente en el uso de recursos estatales y una falta de transparencia sistemática que también afecta a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde el subsecretario Claudio Araya ha desoído por 17 meses las órdenes del organismo fiscalizador para cobrar millonarias deudas al Estado.

Puntos Claves:

• Uso de recursos de todos los chilenos para fines políticos: La Contraloría confirmó que la ministra Camila Vallejo (PC) utilizó el automóvil institucional los días 4 de junio de 2023 y 19 de abril de 2024 para trasladarse a los aniversarios del Partido Comunista y del Partido Socialista en el Teatro Coliseo. El organismo fue tajante al señalar que «existe una prohibición absoluta de usar vehículos estatales en cometidos particulares o ajenos al servicio, ya sea en días hábiles o inhábiles».
• Reuniones «secretas» de la ministra Jara al margen de la ley: La investigación detectó que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo al menos siete reuniones con grupos de interés que no fueron ingresadas a la plataforma de la Ley de Lobby. Entre los asistentes figuran representantes de la CUT, Marta Lagos y Cristóbal Huneeus, vulnerando los principios de transparencia que rigen a la administración pública.
• Traslados injustificados a clínicas privadas en Las Condes: El informe cuestiona viajes de la ministra Vallejo desde su domicilio hacia una dirección particular en la calle Málaga, Las Condes. Aunque el Gobierno intentó justificarlo como una «urgencia médica», la Contraloría observó que no se presentaron antecedentes que acreditaran el fin institucional de dichos trayectos realizados en vehículos del Estado.
• Crisis en la Subtel: Deudas sin cobrar por 17 meses: En la Subsecretaría de Telecomunicaciones, liderada por Claudio Araya (PC), se detectó que no se han cobrado multas ni quitado permisos a empresas que deben dinero al Estado por más de seis meses. A pesar de que la Contraloría dio la orden hace 17 meses, la Subtel sigue sin actuar, dejando una deuda millonaria que ahora deberá resolver el próximo gobierno.
• Justificaciones de la vocera frente a la normativa: Ante los hallazgos, la ministra Vallejo intentó normalizar la situación señalando que «es muy normal que los ministros, sobre todo los ministros que somos políticos, del comité político, asistamos a estos actos», una declaración que contrasta con la jurisprudencia de Contraloría que impide usar bienes públicos para actividades de carácter político contingente.

Descontrol administrativo en las bitácoras fiscales

• Registros ilegibles y falta de control: La auditoría detectó deficiencias generalizadas en las subsecretarías de Minería, Trabajo, Medio Ambiente y Agricultura. Se encontraron bitácoras incompletas, sin identificación de conductores ni recorridos detallados, y vehículos estacionados en lugares no autorizados, lo que facilita el uso discrecional y arbitrario de los bienes públicos por parte de las autoridades.

Este escenario revela una preocupante cultura de desapego a las normas de transparencia y probidad por parte de figuras clave del Ejecutivo. Mientras los ciudadanos enfrentan urgencias cotidianas, los líderes del oficialismo parecen priorizar sus agendas partidarias y reuniones fuera de registro, utilizando para ello recursos que pertenecen a todos los chilenos. La falta de gestión y la resistencia a cumplir con las instrucciones de la Contraloría no son solo errores administrativos, sino una señal del agotamiento de un modelo de gobierno que predica la ética pública pero falla sistemáticamente en su ejecución.

Es imperativo que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto, considerando que la Contraloría ya remitió los antecedentes para que se persigan las responsabilidades políticas correspondientes. La administración del Estado exige un estándar de gestión que este Gobierno, sumido en omisiones de lobby y mal uso de privilegios, parece no estar dispuesto a cumplir, dejando una pesada herencia de deudas no cobradas y una institucionalidad debilitada.