Ministro Poduje prepara liquidación de contrato a constructora Tapusa por abandono de obras en el Bío Bío y enfrenta insólita defensa del diputado socialista Antonio Rivas a la empresa española

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), entidad del Estado encargada de planificar y desarrollar las ciudades, anunció que iniciará el proceso para terminar de forma anticipada el contrato con la empresa española Tapusa, debido al abandono de tres importantes obras viales en las comunas de Talcahuano y Concepción, en la Región del Bío Bío. La decisión definitiva se oficializará este martes, plazo límite otorgado por el Gobierno para que la compañía presente un plan de trabajo, aunque las autoridades y el delegado presidencial ya anticipan que el camino inminente es la liquidación para poder retomar rápidamente los trabajos que hoy mantienen a 400 obreros afectados y en la incertidumbre.

Puntos Claves:

El abandono de las construcciones y medidas del Estado

• Obras viales paralizadas: La constructora Tapusa dejó abandonados los trabajos del puente Perales y el histórico eje Colón en Talcahuano, además del puente Esmeralda en Concepción. Estos proyectos están bajo la administración del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que es la institución responsable de ejecutar las mejoras urbanas en los barrios.
• Proceso de término inminente: El delegado presidencial, Julio Anativia, confirmó que los trámites para finalizar el vínculo ya comenzaron: “Constatándose que las obras no han continuado, se ha retirado la maquinaria y no se presentó un plan con las características requeridas, lo primero que procede es liquidar el contrato y hacer efectivas las garantías”. Esto último significa cobrar los dineros que la empresa dejó como respaldo en caso de incumplimiento.
• Búsqueda de soluciones rápidas: Para evitar que las maquinarias sigan detenidas, el ministro Iván Poduje adelantó que buscarán entregar la continuidad de las obras a una nueva empresa mediante un «trato directo», es decir, un mecanismo legal de contratación rápida que evita los largos meses de espera que exige una licitación tradicional.

Incertidumbre laboral y resguardo de dineros públicos

• Trabajadores a la deriva: Cerca de 400 obreros y subcontratistas protestaron en Concepción por la falta de pago de sus sueldos de mes y los finiquitos correspondientes. Las autoridades aseguraron que el pago de estas obligaciones está contemplado dentro del proceso legal de liquidación del contrato.
• Fondos regionales protegidos: El gobernador de la Región del Bío Bío, Sergio Giacaman, aclaró que los recursos entregados por el Gobierno Regional (GORE) —la institución que administra el presupuesto local de la zona— están a salvo y que todos los pagos realizados a la empresa estuvieron siempre al día, descartando de plano cualquier tipo de deuda por parte del Estado.

Firmeza frente a la defensa política de la empresa

• Emplazamiento a diputados de izquierda: Durante una tensa reunión para abordar la crisis, el diputado socialista Antonio Rivas intentó justificar a la empresa extranjera asegurando que el Estado chileno le debía dinero. El ministro Poduje desmintió tajantemente esta información y exigió pruebas: “Le dije al diputado Rivas que eso es falso y que él me demuestre con un comprobante dónde está la plata que el fisco le debe a esta empresa”.
• Desconexión con las urgencias ciudadanas: La firme postura del ministro para proteger los recursos de todos los chilenos generó la molestia del diputado Rivas y del diputado Álvaro Ortiz. En lugar de aportar soluciones para los vecinos que viven entre escombros y los obreros que no tienen sueldo, los legisladores optaron por ofenderse ante el tono directo y de exigencia de la autoridad gubernamental.

La paralización de estas obras refleja el grave daño que sufren los ciudadanos de esfuerzo cuando el sistema estatal falla en la fiscalización de los millonarios contratos entregados a empresas privadas. Hoy, los vecinos del Gran Concepción deben lidiar a diario con calles cortadas, tierra y congestión vehicular, mientras cientos de familias de trabajadores enfrentan la profunda angustia de no recibir el sustento para sus hogares; una realidad dolorosa que exige soluciones en terreno y no burocracia administrativa.

En este escenario, la actitud firme del Ministerio de Vivienda para no ceder ante presiones y avanzar en la liquidación del contrato marca el camino correcto para limpiar el sistema y proteger los recursos de todos los chilenos. Resulta incomprensible que, frente a una crisis que golpea tan duro la calidad de vida y el bolsillo de los trabajadores, ciertos sectores de la izquierda opten por ofenderse y buscar justificaciones para una constructora infractora, demostrando una preocupante desconexión con las prioridades reales de un país que exige menos defensas políticas y más obras concretas para sus barrios.