La Contraloría General de la República reveló este martes dos hallazgos de alto impacto en la administración pública: más de 13 mil funcionarios públicos asistieron a casinos de juegos mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024, y el Ministerio de Obras Públicas realizó pagos improcedentes por casi $330 millones a la concesionaria de la Ruta 66. Ambos hechos, considerados graves por el ente fiscalizador, generaron el inicio de sumarios, demandas y acciones disciplinarias que ya involucran a múltiples organismos estatales.
Puntos Claves:
- 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos durante licencia médica:
La Contraloría General de la República (CGR) reveló que miles de servidores del Estado acudieron a al menos uno de los 25 casinos de juego del país, pese a estar en reposo médico. La información se encuentra en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), que cruzó datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). - Datos globales del informe:
- El informe cubre el período 2023-2024.
- Se emitieron 5.235.890 licencias médicas a funcionarios públicos.
- Se registraron 218.372 ingresos de trabajadores del Estado a casinos.
- En total, las 13.286 personas identificadas presentaron 14.599 licencias médicas.
- La información fue recabada de registros electrónicos de ingreso a casinos.
- Reincidentes: 1.486 funcionarios ya habían viajado al extranjero en licencia:
Una fracción significativa de los funcionarios detectados (1.486) ya había sido identificada en el informe de mayo pasado por haber salido del país mientras se encontraban con licencia médica. - Distribución geográfica de los ingresos a casinos:
La CGR identificó 14.923 asistencias a casinos por parte de los funcionarios, siendo las regiones más afectadas:- O’Higgins: 3.376 ingresos (23%)
- Biobío: 2.180 (15%)
- Valparaíso: 2.162 (14%)
- Los Lagos: 1.454 (10%)
- La Araucanía: 1.125 (7%)
- Entidades más comprometidas:
Las 14.599 licencias médicas cuestionadas provienen de 799 instituciones públicas. Las entidades con más casos fueron:- Municipalidades: 30% del total
- Hospitales y servicios de salud: 29%
- Junta Nacional de Jardines Infantiles (516 licencias)
- Fundación Integra (480)
- Servicio de Salud de Concepción (332)
- Servicio de Salud de O’Higgins (233)
- Codelco (211)
- Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (182)
- Acciones de Contraloría:
La CGR notificará a las instituciones correspondientes para que inicien los sumarios respectivos. Además, remitirá la información a:- Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN)
- Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)
- Ministerio Público
- Consejo de Defensa del Estado
Millonario pago improcedente en la Ruta 66-Camino de La Fruta
- Pago sin respaldo de más de $329 millones:
La CGR detectó que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones (DGC), realizó pagos improcedentes a la concesionaria de la Ruta 66 por un total de $329.540.767. Las facturas no acreditaban relación directa con la ejecución de la obra. - Total de gastos bajo observación:
El informe auditó un monto de $1.734.425.077 en pagos aceptados por la DGC sin documentación suficiente para justificar su vínculo con el avance del proyecto. - Irregularidades adicionales detectadas en la obra:
- La Inspección Fiscal aprobó el 80% de avance en dos subsectores sin respaldo documental suficiente.
- Parte de los proyectos de ingeniería de detalle fueron entregados incompletos.
- Se aprobó el proyecto de agua potable y alcantarillado para un área de servicios sin la autorización sanitaria requerida.
- Acciones dispuestas por la CGR:
- Se ordenó iniciar un juicio de cuentas para recuperar los fondos.
- La DGC deberá justificar los porcentajes de avance reportados.
- El inspector fiscal deberá proponer multas por atrasos y omisiones.
- Se exigirá iniciar procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas.
La gravedad de ambos casos ha activado múltiples procesos de fiscalización y sanción en distintas instituciones públicas. En el caso de los funcionarios que infringieron el reposo médico, se expone una conducta reiterada que ya había sido advertida con los viajes al extranjero. Mientras que el caso del MOP refleja debilidades en los controles administrativos que comprometen el correcto uso de los recursos públicos.
Ambas situaciones evidencian una preocupante falta de fiscalización y control interno en instituciones del Estado. Desde la Contraloría se han dispuesto acciones legales y administrativas que buscan no solo sancionar, sino también corregir las malas prácticas detectadas. En medio de una creciente demanda ciudadana por mayor probidad en el servicio público, estos informes refuerzan la urgencia de implementar medidas efectivas de supervisión y transparencia.