Nueva polémica complica a Claudio Orrego: certificado médico firmado por Larraín se suma a caso ProCultura, mientras Corte de Antofagasta fijó audiencia de desafuero para el 6 de octubre

El caso ProCultura sigue golpeando con fuerza al gobernador metropolitano Claudio Orrego, quien enfrenta una solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta. A las acusaciones de fraude al fisco por más de $1.600 millones se suma ahora la polémica por un certificado médico presuntamente falso, firmado por Alberto Larraín, fundador de la cuestionada fundación ProCultura. Desde el Gobierno Regional (GORE) de Santiago, sin embargo, intentan bajar el perfil asegurando que Orrego solo utilizó un día administrativo para viajar a Buenos Aires a correr una media maratón.

Puntos Claves:

• Caso ProCultura y fraude al fisco: Claudio Orrego es investigado por convenios firmados con la fundación ProCultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, que significaron traspasos por $1.683 millones. Según la Fiscalía, la organización no tenía la capacidad técnica ni administrativa para ejecutar dichos programas, entre ellos el proyecto “Quédate” de prevención del suicidio, donde más de $1.000 millones no fueron restituidos.
• Solicitud de desafuero: La Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó para el 6 de octubre la audiencia donde se revisará la petición de desafuero contra Orrego. De concretarse, el Ministerio Público podrá formalizarlo por delitos de fraude al fisco y cohecho, abriendo la puerta a medidas cautelares e incluso prisión preventiva.
• El polémico certificado médico: Según El Mercurio, Orrego habría utilizado un certificado “ideológicamente falso”, firmado por Larraín, para justificar un viaje a Buenos Aires en junio de 2023 y participar en una media maratón. El GORE salió rápidamente a desmentirlo, asegurando que la carrera fue en agosto y que el gobernador usó un permiso administrativo. Aun así, la cercanía con Larraín y la reiteración de defensas públicas al cuestionado psiquiatra alimentan las dudas sobre la versión oficial.
• Conflictos de interés y favores políticos: La relación entre Orrego y Larraín viene de larga data. El gobernador lo patrocinó en su ingreso a la Democracia Cristiana, lo integró en su corporación regional y promovió millonarios convenios a su fundación. Incluso, en 2023, ya estallado el escándalo, Orrego le rindió homenaje en un acto público, agradeciéndole su “grandeza” y llamándolo “querido hermano”. Estos hechos contrastan con su intento de desmarcarse hoy de esa amistad.
• El rol del gobierno y la izquierda: Este nuevo escándalo confirma una práctica común en los gobiernos regionales y en la política chilena: el uso de fundaciones cercanas ideológicamente para el manejo de fondos públicos sin control real. Pese a la gravedad de los antecedentes, sectores de la izquierda han guardado silencio o relativizado las acusaciones, repitiendo el libreto de siempre: victimizar a los suyos y culpar a la oposición de “aprovechamiento político”.
• Una figura debilitada: Claudio Orrego enfrenta, además del proceso penal, un requerimiento de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y el cuestionamiento de la Contraloría por pagos de coaching vinculados a su campaña. Todo esto configura un patrón de uso indebido de recursos públicos, que hoy tiene al gobernador metropolitano en el banquillo de los acusados.

La historia de Claudio Orrego refleja los vicios más profundos de la política chilena: redes de favores, convenios directos sin licitación y la defensa corporativa de un sector político que se presenta como moralmente superior. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo miles de millones destinados a programas sociales terminan enredados en escándalos y posibles fraudes.

Es urgente que la justicia actúe con firmeza y que se rompa la lógica de impunidad que por años ha protegido a figuras de la élite política. Más allá de los descargos de su defensa, lo cierto es que el caso ProCultura desnuda la fragilidad institucional del país y el fracaso de una izquierda que prometió transparencia, pero que hoy encubre a los suyos, incluso cuando hay miles de millones de pesos en juego.