Informe de Contraloría destapa grave desorden financiero en Valparaíso: casi $18 mil millones sin rendir marcan el último período de Jorge Sharp
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La gestión final del exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quedó severamente cuestionada tras un extenso y categórico informe de la Contraloría General de la República, que reveló un profundo desorden financiero, debilidades estructurales en los controles internos y conductas que podrían vulnerar el principio de probidad, dejando a la municipalidad porteña bajo una sombra de sospecha institucional y con millonarios recursos públicos sin respaldo claro.
Puntos Claves:
- Casi $18 mil millones sin rendición de cuentas: El Informe Final N°151-2025 de la Contraloría detectó que la cuenta municipal “Deudores por rendición de cuentas” mantiene un saldo acumulado de $17.965.143.939, sin que durante la administración de Jorge Sharp se acreditaran gestiones eficaces para exigir su rendición o reintegro. Este monto corresponde al período auditado 2023-2024, es decir, al tramo final de su mandato, y refleja un incumplimiento grave de la obligación básica de resguardar y fiscalizar el uso de recursos públicos.
- Desorden financiero estructural y controles inexistentes: La auditoría evidenció que las conciliaciones bancarias del municipio se realizaban mediante simples planillas Excel, una práctica rudimentaria y altamente vulnerable para una institución que administra miles de millones de pesos. A ello se suman 242 cheques caducados por más de $1.138 millones, giros y cargos no contabilizados por más de $13.700 millones, y discrepancias bancarias que impiden conocer con certeza el saldo real de las cuentas municipales.
- Posibles vulneraciones a la probidad administrativa: La Contraloría advirtió la realización de actividades de carácter electoral en horario laboral, además de manipulaciones en registros de asistencia y atrasos injustificados en la tramitación de sumarios administrativos. Estas prácticas, lejos de ser errores menores, apuntan a un uso irresponsable del aparato municipal y a una preocupante confusión entre gestión pública y proselitismo político.
- Responsabilidades que no se diluyen en terceros: Jorge Sharp intentó desmarcarse señalando que los montos observados corresponden a subvenciones que deben ser rendidas por organizaciones externas y que algunas arrastran retrasos desde 2007. Sin embargo, el punto central que el exalcalde evita enfrentar es que la ley obliga al municipio —y en particular a su máxima autoridad— a exigir, fiscalizar y corregir estas rendiciones, algo que, según el informe, no se realizó de manera eficaz. Heredar problemas no exime del deber de control y corrección.
- Defensas que eluden el fondo del problema: Sharp afirmó que el informe “descarta irregularidades graves” y que varias acusaciones tendrían un fin político. No obstante, el propio documento ordena procedimientos disciplinarios, la evaluación de restitución de recursos públicos y el envío de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, medidas que distan mucho de una simple observación administrativa sin consecuencias.
- Reacciones políticas y advertencia de acciones legales: Desde el Concejo Municipal, el concejal Leonardo Contreras confirmó que la oposición evalúa acciones legales tras conocerse el informe. En contraste, el exconcejal Vladimir Valenzuela cuestionó la redacción del documento, mientras la actual administración reconoció estar dentro del plazo legal para iniciar los procesos disciplinarios exigidos por la Contraloría.
- Críticas contundentes desde el Congreso: La senadora electa Camila Flores fue especialmente dura al señalar que “el informe de la Contraloría es demoledor y confirma que la gestión de Jorge Sharp fue un desastre administrativo, con miles de millones de pesos sin rendir, controles inexistentes y una opacidad absolutamente inaceptable en el uso de recursos públicos”. Añadió que no se trata de simples errores, sino de una forma de administrar que “huele mal” y vulnera principios básicos de probidad y transparencia.
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El informe de la Contraloría no solo desnuda un severo fracaso administrativo, sino que instala una pregunta de fondo sobre la responsabilidad política y ética de quien encabezó el municipio. Más allá de los intentos de relativizar o culpar a terceros, los antecedentes muestran que Valparaíso fue administrado sin los controles mínimos que exige la ley y el sentido común, dejando a los vecinos con legítimas dudas sobre el destino de recursos que pertenecen a todos.
Hoy, con sumarios en curso y antecedentes en manos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, el llamado “legado” de Jorge Sharp parece resumirse en desorden, opacidad y una gestión que, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, la debilitó profundamente. Para una ciudad históricamente golpeada por la mala administración, el daño no es solo contable, sino también institucional y moral.
