Grau ingresa proyecto de reajuste del sector público con “amarre” de funcionarios y desata críticas por financiamiento y por el cuestionado informe de Javiera Martínez en Dipres
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El ingreso del proyecto de reajuste del sector público volvió a tensionar el debate político y fiscal, luego de que el Gobierno decidiera avanzar con una iniciativa extensa, con normas polémicas y serias dudas de financiamiento, generando críticas transversales desde la oposición e incluso reparos de expertos por el rol del ministro Nicolás Grau y el cuestionado informe financiero elaborado por la Dipres bajo la dirección de Javiera Martínez.
Puntos Claves:
- Proyecto extenso y cuestionado desde su origen: El proyecto de reajuste del sector público ingresó con retraso, contiene 129 artículos y mezcla el aumento salarial con múltiples materias ajenas al reajuste, lo que fue criticado por parlamentarios de oposición que pidieron dividir la iniciativa para avanzar de forma rápida en los sueldos y bonos.
- Críticas por falta de prolijidad legislativa: Diputados advirtieron que la extensión y diversidad de temas impiden una tramitación responsable. Felipe Donoso (UDI) advirtió que “un proyecto tan largo no se puede discutir de manera rápida”, mientras otros legisladores alertaron que esto termina perjudicando a los propios trabajadores del Estado.
- Reajuste acotado, pero con alto costo fiscal: El proyecto contempla un aumento total de 3,4% en dos etapas (2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026), con un costo fiscal estimado de US$1.775 millones en 2026. Pese a ello, solo hay provisionados US$660 millones, dejando más de US$1.100 millones sin financiamiento claro.
- Financiamiento basado en supuestos frágiles: El Ejecutivo plantea que el mayor gasto se cubrirá con reasignaciones presupuestarias, holguras por la llamada “regla 3×1” y eventuales transferencias del Tesoro Público, lo que fue interpretado como una señal de improvisación y riesgo fiscal de mediano plazo.
- La polémica “norma de amarre”: El proyecto endurece las condiciones para no renovar contratas, exigiendo actos administrativos fundados y permitiendo reclamar ante Contraloría con solo dos años de antigüedad. Para la oposición, esto limita la capacidad de gestión del próximo gobierno y transforma un gasto variable en permanente.
- Informe de Dipres bajo la lupa: El informe financiero firmado por Javiera Martínez sostiene que esta norma no tiene costo fiscal, argumento que fue duramente cuestionado. Expertos y parlamentarios sostienen que la mayor dificultad para desvincular funcionarios sí genera costos a largo plazo, aunque no estén explicitados.
- Críticas técnicas y falta de transparencia: El economista David Bravo cuestionó la ausencia de cifras claras sobre beneficiarios y costos reales, señalando que “la inamovilidad representa un costo y eso no queda reflejado en el informe”, apuntando directamente a la debilidad del análisis de la Dipres.
- Advertencias políticas y electorales: Desde la oposición se acusa que el Gobierno busca asegurar la continuidad de funcionarios de la actual administración, dificultando eventuales ajustes del próximo gobierno, lo que ha sido interpretado como una señal política más que técnica.
- Grau descarta dividir el proyecto: Pese a las críticas, el ministro Nicolás Grau rechazó separar el reajuste de las normas polémicas y sostuvo que “ganamos, ganamos; perdemos, perdemos”, postura que fue vista como una falta de autocrítica y disposición al diálogo.
El debate sobre el reajuste del sector público evidencia una vez más las debilidades del Gobierno en materia de gestión fiscal y diseño legislativo. Más allá de la legítima discusión sobre mejoras salariales, las dudas sobre el financiamiento, la rigidez que se busca imponer al empleo público y la fragilidad del informe de la Dipres han abierto un flanco político que erosiona la credibilidad del Ejecutivo.
En un contexto económico exigente, la falta de claridad, la resistencia a corregir el proyecto y el rol de figuras clave como Nicolás Grau y Javiera Martínez refuerzan la percepción de un Gobierno que prioriza amarrar decisiones antes que asegurar responsabilidad fiscal y transparencia, dejando abiertas interrogantes que el Congreso difícilmente podrá ignorar.
