Escándalo en el Servicio Médico Legal: joven buscado desde agosto en Viña del Mar estuvo 75 días sin identificar en la Región Metropolitana; SML bajo la dirección ligada al Partido Comunista

El hallazgo del cuerpo de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de la Universidad de Chile desaparecido desde agosto, ha desatado una ola de indignación pública tras confirmarse que permaneció más de dos meses en el Servicio Médico Legal (SML) sin ser identificado. El caso reabre cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del organismo, hoy dirigido por figuras con militancia comunista, y revive las denuncias de politización y maltrato laboral que ya pesaban sobre su administración.

Puntos Claves:

• Grave negligencia institucional: Luis Felipe Correa, de 19 años, desapareció el 21 de agosto. Su familia lo buscó intensamente por semanas, incluso en Viña del Mar, mientras su cuerpo se encontraba en dependencias del SML de Santiago desde ese mismo día. Falleció tras caer a las vías del Metro en la estación Pedro de Valdivia, hecho que fue registrado pero sin identificar a la víctima. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, y aunque se ha planteado la posibilidad de un suicidio, esta hipótesis aún no ha sido confirmada ni descartada oficialmente.
• Identificación tardía y explicaciones insuficientes: El SML aseguró que la demora de 75 días en identificar el cuerpo se debió a una “situación excepcional” atribuida al Registro Civil. Según el organismo, la autopsia se realizó el 22 de agosto y las huellas fueron enviadas de inmediato, pero recién el 4 de noviembre recibieron respuesta confirmando la identidad del fallecido. Sin embargo, el Registro Civil explicó que la demora se debió a problemas con la calidad de las huellas y que la revisión manual, aunque más lenta, garantiza precisión.
• Dolor y reclamos de la familia: La abogada de la familia, Mariana Rojas, denunció un trato inhumano y negligente por parte del SML. Señaló que el padre del joven llamó diariamente al servicio sin recibir información clara: “Imagínate lo que significa más de 70 días de búsqueda, y que después aparezca donde siempre estuvo… aparte de la negligencia hay un maltrato hacia las personas”. La jurista calificó el hecho como “una extrema crueldad” y pidió que se determinen las responsabilidades institucionales.
• Dirección del SML bajo cuestionamiento político: La directora nacional del SML, Marisol Prado Villegas, militante del Partido Comunista de Chile (PCCh), enfrenta acusaciones de maltrato laboral y politización interna desde su nombramiento en 2023. En 2024, disolvió la Unidad de Derechos Humanos del servicio, decisión que generó fuertes críticas en organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Su gestión ha sido catalogada como errática y marcada por decisiones administrativas controvertidas.
• Nombramientos polémicos: En agosto de 2025, fue designado como subdirector Julio Sarmiento, médico salubrista cubano y ex pareja de la diputada Camila Vallejo (PCCh). Sarmiento no tiene formación ni experiencia en medicina forense, lo que ha encendido las alarmas sobre la idoneidad de los nombramientos dentro del SML. Diversos expertos y gremios internos han señalado que el organismo se ha convertido en un espacio de cupos políticos más que técnicos.
• Politización y pérdida de confianza pública: Diversos sectores cuestionan la creciente influencia partidista dentro del SML, un organismo que por su naturaleza requiere independencia y rigor científico. La presencia de altos funcionarios vinculados al PCCh, junto a las denuncias de negligencia en casos sensibles, plantea dudas sobre la neutralidad institucional y la calidad de los procedimientos forenses.
• El SML intenta eximirse de responsabilidad: En su comunicado, el organismo insistió en que “realizó, en tiempo y forma, los procedimientos establecidos”, responsabilizando al Registro Civil por la tardanza. Sin embargo, las versiones no han logrado calmar la indignación pública ni explicar cómo un cuerpo pudo permanecer dos meses y medio sin identificar mientras la familia lo buscaba activamente.
• Impacto social y exigencias de investigación: El caso de Luis Felipe Correa se ha transformado en símbolo de la descoordinación estatal en materia de búsqueda de personas. Organizaciones de derechos humanos y expertos en políticas públicas exigen una investigación independiente para esclarecer las responsabilidades, revisar los protocolos de identificación y evaluar la gestión política del SML.

Respecto a los esfuerzos del SML por culpar al Registro civil es importante considerar:

• El Registro Civil cumple un rol específico y limitado en estos procesos: recibe las huellas dactilares enviadas por el SML y las compara con su base de datos. Normalmente ese trámite no demora más de 48 horas, incluso cuando hay leves problemas en la calidad de las huellas.
• En cambio, el SML es el organismo encargado de tomar correctamente esas huellas, revisar, cotejar, y —muy importante— mantener comunicación directa con las familias y con la fiscalía. Por tanto, la explicación entregada por el SML parece bastante débil y poco creíble.

El escándalo deja en evidencia las graves falencias del sistema forense chileno y la necesidad urgente de garantizar que organismos técnicos como el SML no sean cooptados por intereses partidistas.

La muerte de Luis Felipe Correa no solo representa una tragedia familiar, sino también un reflejo de la desconexión entre las instituciones del Estado y los ciudadanos que esperan humanidad y profesionalismo en los momentos más difíciles. La familia, en medio del dolor, pide justicia y verdad; el país, transparencia y cambios profundos.