María Benavides: la exrectora del INBA imputada por el caso de los estudiantes quemados que vive gratis dentro del liceo y exige una millonaria indemnización al Estado

Una reciente investigación de El Líbero reveló un hecho insólito y vergonzoso: María Alejandra Benavides, exrectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA) imputada en el caso de los 35 estudiantes quemados, continúa viviendo sin pagar arriendo en una casa dentro del propio liceo, a pesar de haber sido desvinculada hace meses de la Municipalidad de Santiago. Su caso no solo evidencia un abuso de privilegios, sino también el nivel de irresponsabilidad y doble discurso que caracteriza a ciertos sectores de la izquierda chilena, que durante años han relativizado la violencia y amparado la impunidad bajo el disfraz del “progresismo”.

Puntos Claves:

• Vive gratis en un inmueble público pese a haber sido despedida: Según El Líbero, Benavides reside desde junio de 2023 en una casa de tres pisos, de aproximadamente 80 metros cuadrados, dentro del terreno del INBA. La vivienda fue entregada durante la gestión de la exalcaldesa comunista Irací Hassler, bajo la figura de comodato gratuito, sin pago de arriendo, servicios ni gastos comunes. A pesar de que su contrato con la Municipalidad terminó el 1 de julio, continúa ocupando el inmueble sin autorización, situación que la administración actual calificó como irregular.
• El municipio exige su salida, pero ella se resiste: El alcalde Mario Desbordes confirmó a El Líbero que la exrectora debe abandonar la propiedad a más tardar el 14 de noviembre. Diversos funcionarios del liceo afirmaron que esta situación es conocida por toda la comunidad educativa y que ha generado malestar, especialmente porque la casa tiene acceso directo a uno de los patios del establecimiento, donde ocurren reiteradas manifestaciones violentas.
• Imputada en el caso de los 35 estudiantes quemados: Benavides está formalmente imputada en la investigación por la explosión de una bomba molotov ocurrida el 23 de octubre de 2024, que dejó a 35 alumnos heridos, varios de ellos en estado crítico. Su teléfono fue incautado por orden de la Fiscalía, y desde entonces su rol en el manejo del establecimiento está bajo la lupa. A pesar de ello, ella insiste en presentarse como víctima y no como responsable.
• Simpatizante de Antifa y crítica de la Ley Aula Segura: En 2022, poco después de asumir el cargo, Benavides declaró abiertamente ser “una mujer de izquierda” y contraria a la Ley Aula Segura. En redes sociales se mostró usando una polera del grupo radical Antifa, movimiento de extrema izquierda que participó en actos violentos durante el estallido social de 2019. Su discurso, que rechazaba las sanciones por violencia escolar, quedó en evidencia cuando su propia gestión terminó marcada por incendios, ataques con bombas molotov y agresiones a profesores.
• Protegida por la administración de Hassler: El nombramiento de Benavides fue impulsado por la alcaldesa Irací Hassler en mayo de 2022. Su administración, en línea con su programa que buscaba poner fin a la “criminalización de los estudiantes”, sostuvo una política permisiva frente a la violencia en los liceos emblemáticos. Este ambiente de tolerancia contribuyó a que se consolidara una cultura del desorden y la impunidad en el INBA, con graves consecuencias humanas y materiales.
• Nueva demanda millonaria contra la Municipalidad de Santiago: En vez de asumir responsabilidades, Benavides presentó una demanda laboral exigiendo más de $42 millones de indemnización y otros $86 millones por remuneraciones hasta 2027, argumentando “daño psíquico” y “descrédito público”. En su escrito, acusa al alcalde Desbordes de haberla evaluado en medios y pide que se le prohíba referirse a su gestión. La exrectora, pese a su imputación, pretende ahora cobrar al Estado más de 120 millones de pesos.
• Postura de víctima y oportunismo político: Desde su desvinculación, Benavides se ha presentado como una víctima del sistema, alegando persecución y sufrimiento psicológico. Sin embargo, su discurso contrasta con los hechos: vive sin pagar en una propiedad pública, enfrenta una imputación penal y busca una millonaria compensación. Su caso refleja una práctica reiterada en ciertos sectores de la izquierda chilena: victimizarse mientras se abusa de los privilegios y se elude cualquier responsabilidad.
• El reflejo de un problema mayor: La persistencia de hechos violentos en el INBA, incluso después de la salida de Benavides, confirma que el problema trasciende a una sola persona. Se trata de una estructura ideológica que, amparada en discursos progresistas, ha justificado la violencia y debilitado la autoridad educativa. En vez de formar ciudadanos, se ha permitido que los liceos se transformen en centros de adoctrinamiento y vandalismo.

El caso de María Benavides es una muestra alarmante de cómo ciertos sectores políticos amparan la irresponsabilidad y el oportunismo con recursos públicos. Que una persona imputada por negligencia grave y símbolo de una gestión fracasada viva gratis en un inmueble fiscal no solo es un abuso, sino una burla al sentido común y a los contribuyentes.

La izquierda chilena, que se autoproclama defensora de la igualdad y la transparencia, debería mirar en este caso un espejo de su propia incoherencia. Mientras se predica austeridad y ética pública, se protegen privilegios personales y se excusan fracasos bajo la retórica del victimismo. La verdadera reparación para los estudiantes del INBA no vendrá de discursos, sino de asumir responsabilidades y devolver lo que se ha tomado sin derecho.