La Contraloría General de la República destapó un grave caso de posibles conflictos de interés y nepotismo en la Municipalidad de El Tabo, liderada por el alcalde Alfonso Muñoz, militante del Partido Socialista de Chile (PS). La fiscalización reveló la existencia de 56 funcionarios con vínculos familiares o de amistad con las principales autoridades municipales, incluyendo 24 con relación directa al propio alcalde, lo que abre un nuevo capítulo en la crisis de confianza hacia la gestión municipal y la transparencia en la izquierda chilena.
Puntos Claves:
- Grave informe de Contraloría: La fiscalización detectó que 56 funcionarios municipales presentan vínculos familiares o cercanos con el alcalde Alfonso Muñoz o con otros altos directivos del municipio de El Tabo. De ellos, 24 funcionarios mantienen una relación directa con el jefe comunal.
- Familiares directos en cargos públicos: Entre los vínculos identificados destacan dos hermanas, la pareja y varios sobrinos del alcalde, todos empleados en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). También se encontró a su sobrina Karla Muñoz contratada en la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), pese a que su contratación fue declarada nula por inhabilidad legal.
- Falta de acreditación laboral: En el caso de Karla Muñoz, la Contraloría advirtió ausencia total de documentación que acreditara sus labores, sin informes ni registros de trabajo que justificaran el pago por sus servicios. Este tipo de omisiones representa una falta grave al principio de probidad que rige en la función pública.
- Conflictos de interés y favoritismo: El informe señala la necesidad de investigar posibles inhabilidades y conflictos de interés derivados de estas designaciones, que incluyen parentesco directo, amistad y relaciones personales. En palabras del abogado experto en transparencia, Alberto Precht, la Contraloría aplica una interpretación amplia del principio de probidad precisamente para evitar que se usen los cargos públicos con fines particulares.
- Directivos también involucrados: No solo el alcalde socialista aparece comprometido. Tres altos funcionarios del municipio —Patricio Lagos (director jurídico), Carolina Acevedo (directora de Control) y Vicente Catalán (director de Administración y Finanzas)— también registran numerosos familiares contratados dentro del municipio, en distintos departamentos y niveles jerárquicos.
- Municipalidad guarda silencio: Consultada por los medios sobre el contenido del informe, la Municipalidad de El Tabo se negó a entregar declaraciones, lo que refuerza la percepción de falta de transparencia y ocultamiento de información pública.
- Un patrón que se repite en la izquierda: Este nuevo caso vuelve a poner en entredicho el discurso de “ética pública” que suele levantar la izquierda chilena. Mientras el Partido Socialista promueve un relato de probidad y justicia social, sus propios cuadros políticos parecen caer en prácticas de nepotismo y clientelismo, utilizando los recursos municipales como plataforma de favores familiares y políticos.
El caso de El Tabo refleja una preocupante desconexión entre el discurso y la práctica. La confianza ciudadana en las instituciones locales se erosiona cada vez más cuando las autoridades, lejos de servir a la comunidad, convierten el aparato público en un espacio para sus propios cercanos.
La Contraloría ha cumplido su rol fiscalizador, pero corresponde ahora a las autoridades judiciales y políticas asegurar que estas irregularidades no queden impunes. El nepotismo y el abuso de poder, especialmente cuando se dan bajo gobiernos que se autodenominan “progresistas”, socavan la credibilidad del sistema y afectan directamente a los vecinos que esperan una gestión limpia y eficiente.