«El chinito quiere una mano»: chats revelan gestiones de Marcos Barraza y Karol Cariola en red de favores del PC para beneficiar a empresario chino
Imagen generada con IA. Click para ampliar T
Las conversaciones incorporadas por la Fiscalía a una investigación por presunto tráfico de influencias volvieron a poner bajo escrutinio a figuras relevantes del Partido Comunista, entre ellas el exministro Marcos Barraza y la diputada Karol Cariola, a raíz de gestiones realizadas en favor del empresario chino Emilio Yang, con un operador partidario como intermediario y el aparato municipal como posible vía para concretar favores administrativos.
Puntos Claves:
- Investigación por presunto tráfico de influencias en curso:
La Fiscalía indaga una serie de gestiones realizadas a favor del empresario chino Emilio Yang para obtener permisos municipales, resoluciones sanitarias y una licencia de conducir, hechos que involucran a dirigentes del Partido Comunista y a autoridades ligadas a la Municipalidad de Santiago. - El rol del intermediario político:
Jorge Cárcamo, conocido como “Juanito González”, histórico militante del PC, aparece como nexo directo entre Yang y autoridades políticas. Desde su teléfono —incautado tras un allanamiento— se extrajeron mensajes que evidencian solicitudes explícitas de ayuda para trámites que deberían seguir un curso regular y sin privilegios. - Chats comprometedores con Marcos Barraza:
Uno de los mensajes más reveladores fue enviado por Cárcamo al entonces jefe de gabinete de la alcaldesa Irací Hassler y hoy diputado electo, Marcos Barraza: “Hola Marcos, ¿cómo estás? Te cuento, el chinito quiere una mano para una licencia de conducir. Saludos”.
Aunque Barraza no respondió inicialmente por escrito, luego habría sostenido llamadas y enviado instrucciones precisas para realizar el trámite, incluyendo horarios, documentos requeridos y el contacto directo con la jefa del departamento de licencias. - Gestiones fuera de la norma:
Los mensajes indican que no se trataba de una renovación de licencia, sino de obtenerla por primera vez, incluso cuando la secretaria del empresario tendría problemas de visión. La Fiscalía busca determinar si estas gestiones derivaron en intervenciones indebidas y si hoy existen licencias vigentes obtenidas de forma irregular. - Más favores administrativos bajo sospecha:
La investigación también apunta a trámites por resoluciones sanitarias y permisos vinculados a una bodega en calle Chacabuco, asociada a la empresa América Comercial Yang y Compañía Limitada. No se descarta que estos favores hayan sido parte de un patrón de ayuda sistemática al empresario. - Karol Cariola y el borrado de información:
La diputada del PC figura como imputada en la causa. En su teléfono, la Fiscalía detectó búsquedas relacionadas con el borrado de información y eliminación de mensajes, además de la ausencia de conversaciones con Yang y González, pese a que los contactos seguían registrados. Parte de esos mensajes habría sido eliminada, aunque algunos fueron recuperados. - Vínculos personales y posibles beneficios:
El informe fiscal consigna que Yang arrendaba un departamento a Cariola por un monto cercano a los $950 mil, alrededor de un 28% bajo el precio de mercado, y que celebraciones privadas habrían reunido al empresario con figuras políticas del PC y exautoridades municipales. - Fiscalía apunta a eventuales contraprestaciones:
Ante la gravedad de los antecedentes, el Ministerio Público sugirió solicitar el levantamiento del secreto bancario de los involucrados para establecer si existieron beneficios económicos a cambio de los favores gestionados. Como señala el propio informe, “el chinito quiere una mano para licencia de conducir” fue la frase que abrió una cadena de contactos hoy bajo la lupa penal.
Reportaje completo de T13
Reportaje realizado por T13 donde se revelan nuevos antecedentes ligados a Emilio Yang y los favores con militantes del PC
La acumulación de antecedentes dibuja un cuadro preocupante sobre el uso de redes políticas para intentar torcer procedimientos administrativos en favor de intereses privados, contradiciendo el discurso de probidad que el Partido Comunista suele enarbolar en el debate público. Más allá de las responsabilidades penales que deberán establecer los tribunales, el caso vuelve a erosionar la confianza ciudadana en autoridades que, lejos de actuar con igualdad ante la ley, aparecen gestionando “manos” y atajos para amigos y operadores.
Mientras la Fiscalía profundiza las diligencias y analiza teléfonos, cuentas bancarias y permisos otorgados, el impacto político ya es evidente: una nueva trama que golpea a la izquierda oficialista y refuerza la percepción de que el tráfico de influencias no distingue colores ideológicos cuando el poder y los favores se cruzan.
