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Fiscalía de Valparaíso investiga a senadora Camila Flores por presunto fraude al Fisco de $300 millones tras denuncia de cobros a asesores

Ilustración Camila Flores reunión secreta sobre cuota flores Imagen generada con IA. Click para ampliar T

La Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación de carácter reservado contra la actual senadora de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, por un presunto fraude al Fisco que alcanzaría los $300 millones de pesos. La indagatoria, que surge tras una denuncia anónima recibida en octubre de 2025, busca determinar si la parlamentaria implementó un sistema para apropiarse de una parte significativa de los sueldos de sus asesores durante su desempeño como diputada entre los años 2018 y 2025. El Ministerio Público —institución encargada de dirigir las investigaciones de delitos— junto al OS9 de Carabineros, analiza mensajes de WhatsApp y testimonios que apuntan a una red de cobros irregulares en efectivo conocida internamente como la “cuota Flores”.

Puntos Claves:

  • El mecanismo de la «cuota Flores»: Según la denuncia, la parlamentaria exigía a sus colaboradores la devolución de una parte importante de sus remuneraciones, las cuales son pagadas con asignaciones parlamentarias (dinero público que el Estado entrega a los congresistas para contratar a su equipo de apoyo).
  • Modus operandi en efectivo: Para evitar dejar registros bancarios, se acusa que los trabajadores debían retirar el dinero personalmente en las cajas del banco (giros por ventanilla) y entregarlo en sobres a la oficina de la legisladora.
  • Rol clave de la secretaria: Yolanda Olfos, secretaria de Flores desde 2018, es identificada como la intermediaria que coordinaba la recolección del dinero. El reportaje reveló que su propio sueldo tuvo alzas llamativas, pasando de $588.000 a más de $2,9 millones en 2026.
  • Evidencias en conversaciones digitales: La investigación cuenta con chats de mensajería donde Olfos coordinaba las entregas. En uno de los diálogos, la secretaria escribe a un asesor: «La diputada necesita recibir $1.200.000», indicando que el trabajador solo podía quedarse con una fracción menor de su sueldo líquido (el monto final que recibe un empleado tras los descuentos legales).
  • Casos específicos de altos montos: La denuncia menciona situaciones como la de un asesor que, teniendo un sueldo de $2,6 millones, debía entregar regularmente $1,8 millones a la parlamentaria para supuestos gastos personales.
  • La postura de la defensa: El abogado de la senadora, Luis Masferrer, descartó las acusaciones afirmando que «la senadora siempre ha actuado conforme a la ley y respetando el derecho», asegurando además que colaborarán plenamente con la justicia para esclarecer los hechos.
  • Posibles sanciones políticas: La directiva de Renovación Nacional, encabezada por Andrea Balladares, señaló que, si bien rige la presunción de inocencia, el partido suspenderá la militancia de Flores en caso de que sea formalizada (cuando la justicia comunica oficialmente a una persona que está siendo investigada por delitos específicos).
Reportaje completo T13 sobre Camila Flores

La investigación contra la senadora Camila Flores pone sobre la mesa una situación de extrema gravedad que afecta directamente la confianza en nuestras instituciones. El fraude al Fisco —que consiste en engañar al Estado para obtener beneficios económicos con dinero de todos los chilenos— es un acto que no admite matices ni defensas corporativas. Los ciudadanos exigen que quienes ostentan cargos de poder actúen con una ética intachable, y ante acusaciones de esta magnitud, las autoridades deben entregar explicaciones inmediatas, transparentes y convincentes que vayan más allá de simples declaraciones de buena voluntad.

La corrupción en la política es un mal que debe ser erradicado con firmeza, sin importar el sector al que pertenezca el involucrado. El uso de recursos públicos para fines personales es una bofetada a los miles de chilenos que trabajan honestamente día a día. Es imperativo que la justicia actúe con celeridad y rigor para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Chile no puede permitirse que las asignaciones parlamentarias, destinadas a mejorar la labor legislativa, terminen supuestamente engrosando los bolsillos de quienes fueron elegidos para servir al país y no para servirse de él.