“El Presidente no tiene injerencia”: FACH desafía a Boric y Corte le da 24 horas para entregar antecedentes en caso narco que La Moneda intenta reducir a un malentendido comunicacional

El caso de narcotráfico detectado al interior de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) no solo ha desatado una alarma por la infiltración del crimen organizado en las instituciones armadas, sino que abrió un conflicto de competencias entre la justicia militar y civil. El Presidente Gabriel Boric quedó en el centro de la polémica luego de que el comandante en jefe de la FACh, general Hugo Rodríguez, declarara públicamente que el mandatario “no tiene injerencia” para instruir la entrega de antecedentes, contradiciendo directamente lo afirmado por el Gobierno. A esto se suma que la Corte de Apelaciones de Iquique dio un plazo de 24 horas para entregar información completa sobre el caso, dejando en evidencia la falta de coordinación y claridad institucional por parte del Ejecutivo.

Puntos Claves:

• Justicia militar y civil: ¿quién investiga a los uniformados?
  Cuando un delito es cometido por militares dentro de un recinto institucional, la ley chilena indica que debe ser investigado por la justicia militar, a través de tribunales especializados y fiscalías de aviación o del Ejército, dependiendo de la rama involucrada. Estos tribunales están bajo el Poder Judicial, no dependen de las Fuerzas Armadas ni del Gobierno.
  La justicia civil, en cambio, corresponde al Ministerio Público, que puede investigar a cualquier persona, incluyendo militares, si el delito no tiene un carácter estrictamente militar.
  Para cambiar la competencia de un caso, se debe solicitar formalmente una contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones respectiva, como hizo la fiscal regional de Tarapacá. Ningún presidente ni ministro puede por sí solo determinar qué tribunal debe investigar un delito.
• El Presidente, fuera de sus atribuciones en medio de crisis institucional:
  El comandante en jefe de la FACh fue enfático: “El Presidente no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia”. La frase marcó un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas.
  La controversia comenzó cuando el ministro Luis Cordero afirmó que Boric había instruido a la FACh entregar los antecedentes a la Fiscalía de Tarapacá. Pero tal “instrucción” no solo fue desmentida por el general Rodríguez, sino que generó incomodidad dentro de la propia coalición de Gobierno.
• Ministros se contradicen: Delpiano niega “instrucción”, Cordero se desdice:
  La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, descartó que Boric haya dado una orden formal: “No instruyó. No creo que haya sido la palabra. Fue una conversación”. Con eso, intentó disminuir el conflicto, pero terminó exponiendo la falta de coordinación entre autoridades.
  Posteriormente, el propio Cordero se retractó: “Jamás ha sido instrucción del Presidente”. Estas contradicciones intentan reducir el conflicto a un problema de comunicación, pero el daño institucional ya está hecho.
• FACh entrega antecedentes, pero Fiscalía los considera insuficientes:
  Tras la presión pública, la FACh envió información parcial sobre el caso. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, denunció que el informe era incompleto, no incluía detalles relevantes y omitía diligencias claves como incautación de teléfonos y declaraciones.
  Frente a esta situación, la Corte de Apelaciones de Iquique dio un plazo de 24 horas a la FACh para entregar todos los antecedentes en forma detallada, dejando en evidencia que la colaboración institucional fue, en el mejor de los casos, deficiente.
• Ketamina y crimen organizado: cinco cabos implicados en traslado de droga:
  El hecho ocurrió el 3 de julio en la Base Aérea Los Cóndores, donde se descubrió que cinco funcionarios intentaron subir una maleta con ketamina a un avión institucional con rumbo a Santiago. La FACh informó que los involucrados fueron dados de baja y se encuentran detenidos.
  La droga, ketamina, es una sustancia usada para fabricar “tusi”, asociado al Tren de Aragua y otras bandas criminales internacionales. Esto refuerza la hipótesis de penetración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas.
• Una segunda arista en el Ejército refuerza la alerta nacional:
  En paralelo, se investiga un caso similar en la Segunda Brigada Acorazada del Ejército, también en Tarapacá, donde se habrían trasladado al menos 10 cargamentos de cocaína desde Bolivia. En junio fueron detenidos siete suboficiales y una civil, acusados de tráfico y asociación ilícita.
• Respuesta de Boric: ambigua, tardía y sin autocrítica:
  Desde La Moneda, el Presidente intentó matizar sus dichos: “Lo que señalé fue que era imperativo entregar los antecedentes”. Sin embargo, agregó que “otra cosa es la competencia, que eso es un tema propiamente jurisdiccional”.
  Aunque trató de enmendar la situación, no asumió responsabilidad por la confusión generada ni por la evidente contradicción con sus ministros. La estrategia ha sido presentar el conflicto como una simple diferencia semántica, ignorando su gravedad institucional.
• FACh reafirma autonomía judicial y disposición a colaborar:
  Pese al enfrentamiento, el general Rodríguez subrayó que la FACh colaborará con todas las instituciones, pero que la Fiscalía de Aviación “define lo pertinente” en cada etapa. También reafirmó que la institución considera este caso como una traición a la patria y espera que la justicia actúe con el máximo rigor.

La situación ha puesto en evidencia la falta de claridad en el manejo del Gobierno frente a hechos de alta complejidad institucional. Las contradicciones entre ministros, el intento de intervención en un tribunal militar y la respuesta ambigua del Presidente Boric reflejan debilidad política en un contexto en que se exige firmeza y claridad frente al avance del crimen organizado.

El caso no solo es grave por la droga incautada, sino por el precedente institucional: cuando se trata de respetar la autonomía judicial, el Gobierno parece más preocupado por cuidar la imagen que por defender con convicción el estado de derecho. Las autoridades civiles tienen la responsabilidad de ejercer control sobre las Fuerzas Armadas, pero dentro del marco legal. Cuando se traspasan los límites, incluso con buenas intenciones, lo que se erosiona es la confianza pública.