No es solo en ENAP: Laura Albornoz, vocera de Jeannette Jara, también recibe millonaria remuneración en otra empresa estatal

Laura Albornoz, exministra del Sernam y actual vocera de la campaña presidencial de Jeannette Jara, se ha visto envuelta en una fuerte controversia tras revelarse que, además de integrar el directorio de ENAP con una dieta mensual de más de 3,8 millones de pesos, también percibe alrededor de 2 millones adicionales como directora de la empresa estatal Desarrollo País. Su doble remuneración y su rol activo en política ponen en entredicho la neutralidad exigida a los directorios de empresas públicas, generando duras críticas de la oposición y dejando al gobierno en una incómoda defensa legalista.

Puntos Claves:

• Doble remuneración en el Estado: Laura Albornoz recibe cerca de $3,8 millones mensuales por su rol en ENAP y alrededor de $2 millones adicionales como directora de Desarrollo País, sumando más de $5 millones al mes provenientes de empresas públicas. Además, en 2025 ha recibido viáticos por más de $3 millones y solicitó reembolsos por gastos.
• Nombramientos bajo Boric: Fue nombrada en ambos directorios a través del sistema de Alta Dirección Pública durante la administración de Gabriel Boric, lo que la vincula directamente al oficialismo. Su ingreso a Desarrollo País se concretó en enero de 2025, aunque la empresa informó su participación recién en julio.
• Conflicto de interés por rol político: Mientras percibe estas remuneraciones, Albornoz ha desplegado un rol activo como vocera de la campaña de Jeannette Jara, acompañándola en giras nacionales y actos públicos. Desde la oposición acusan que su trabajo político erosiona la independencia de ENAP y constituye una forma de intervencionismo electoral encubierto.
• Defensa del gobierno: El ministro de Energía, Diego Pardow, aseguró que “no hay una incompatibilidad legal” porque los cargos fueron designados por Alta Dirección Pública. En la misma línea, La Moneda sostuvo que la situación fue revisada “jurídicamente” y que no existe impedimento formal. No obstante, el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reconoció que “se están consultando los antecedentes”.
• Críticas desde la oposición: La UDI exigió su renuncia inmediata, acusando que “mientras recibe una doble remuneración que proviene de los recursos que le pertenecen a todos los chilenos, ella se dedica a recorrer el país promoviendo una candidatura presidencial”. José Antonio Kast también emplazó a que siga el ejemplo de Francisco Vidal, quien renunció a la presidencia de TVN por razones similares.
• Intervencionismo electoral y probidad: La Ley 21.025 exige que los directores de ENAP velen por el interés exclusivo de la empresa y la Nación, y la Ley 18.575 impone principios de probidad y prescindencia en períodos electorales. La oposición sostiene que el doble rol de Albornoz vulnera estos principios, aunque no exista una prohibición expresa.
• Controversia en redes sociales: Albornoz también ha sido cuestionada por difundir en redes mensajes ofensivos contra José Antonio Kast, lo que refuerza la percepción de que su rol político choca con la neutralidad institucional exigida a una directora de empresas estatales.
• Historial de polémicas: Ya en el pasado, durante su paso por Codelco entre 2014 y 2018, Albornoz fue acusada por otros directores de difundir información sensible y hacer declaraciones imprudentes. Hoy, nuevamente, su estilo genera tensiones y críticas.

El caso de Laura Albornoz se ha transformado en un símbolo de los cuestionamientos al gobierno de Gabriel Boric y a la izquierda en general, que insisten en defender lo “legal” mientras desatienden lo “ético”. Para la oposición, la presencia de una vocera de campaña en directorios estatales no solo erosiona la confianza en instituciones clave, sino que también agrava la percepción de intervencionismo y uso político de los recursos públicos.

Más allá de tecnicismos legales, lo que está en juego es la credibilidad de las empresas del Estado y la transparencia de un proceso electoral. La doble función de Albornoz —directora bien remunerada y vocera política activa— es vista por muchos como un ejemplo del doble estándar de un gobierno que prometió probidad y termina defendiendo privilegios y conflictos de interés en su propio sector.