Corrupción en EFE: Sobornos, extorsiones y negligencia en proyectos millonarios bajo gestión estatal

La reciente investigación de Reportajes T13 ha sacudido a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), revelando un entramado de presuntos sobornos, coimas y extorsiones vinculados a obras en los proyectos de trenes hacia Melipilla y Batuco. Un subgerente fue despedido tras conocerse los hechos, mientras Contraloría y el Ministerio Público investigan posibles delitos en una empresa pública que ha recibido millonarias inversiones bajo la administración del actual gobierno de izquierda.

Puntos Claves:

• Graves denuncias reveladas por T13: La investigación de Reportajes T13, a cargo de Patricio Escobar y Alejandro Rivera, destapó un caso de corrupción interna en EFE, con pagos ilícitos que habrían beneficiado a un funcionario a cambio de facilitar contratos en obras ferroviarias. Los antecedentes ya fueron entregados a la Contraloría y al Ministerio Público por su posible carácter delictual.
• El funcionario acusado y su modus operandi: Según la denuncia, el subgerente César Jara Cáceres habría exigido dinero a empresas subcontratistas para adjudicar trabajos en los proyectos de Batuco y Melipilla. Usaba computadores externos y facturas simuladas para ocultar su participación directa. Se registraron pagos de hasta 200 UF (más de 7 millones de pesos) en efectivo como sobornos, coordinados a través de mensajes y encuentros personales.
• Extorsión y hostigamiento dentro de la empresa: Una contratista denunció haber sido extorsionada por Jara, quien le habría pedido dinero para asegurar contratos. Un trabajador que intentó exponer estas irregularidades ante sus superiores aseguró haber sido presionado y finalmente despedido tras acudir a la Contraloría. “Yo quiero hacer la denuncia bien puesta y no quiero que quede en agua de borrajas”, declaró el denunciante, identificado en el reportaje como Rogelio.
• La reacción tardía de EFE: Pese a que las denuncias databan de 2024, la empresa solo inició una investigación formal meses después, y recién actuó tras la intervención de Contraloría. Llama la atención que el funcionario denunciante haya sido despedido un día después de que el órgano fiscalizador solicitara una reunión con EFE para revisar el caso.
• Respuesta oficial de la estatal: En un comunicado, la empresa aseguró que “el compromiso de la empresa es irrestricto con el debido proceso”, aunque evitó referirse a los ejecutivos cuestionados que continúan en funciones. Este tipo de respuestas ha sido criticado por su ambigüedad y por la falta de responsabilidad institucional ante hechos tan graves.
• Contraloría respalda al denunciante: El organismo de control emitió un informe con observaciones “complejas” sobre la gestión de EFE, señalando fallas graves en sus procesos de control interno y recomendando la entrega de antecedentes al Ministerio Público. El informe también destacó la falta de medidas efectivas de supervisión y la vulneración de derechos laborales del denunciante.
• Fallas estructurales y gestión política: EFE, una empresa pública dependiente del Estado y dirigida por autoridades designadas por el actual gobierno de izquierda, ha sido objeto de múltiples observaciones por falta de transparencia. Este nuevo caso revive cuestionamientos sobre la eficacia de la supervisión estatal y la tendencia de gobiernos progresistas a defender instituciones públicas, incluso frente a evidentes actos de corrupción.
• Un patrón repetido: No es la primera vez que EFE enfrenta acusaciones de corrupción. En el pasado, la compañía ya había sido investigada por presunto fraude al fisco bajo la presidencia de Luis Ajenjo. Si bien fue absuelto en 2015, el episodio dejó al descubierto un patrón de falta de control interno y mala gestión que parece haberse repetido con los años.

EFE enfrenta hoy una profunda crisis de credibilidad. Lo que comenzó como un proyecto de modernización del sistema ferroviario chileno, con inversiones por más de 2.000 millones de dólares, se ha visto empañado por denuncias de coimas, extorsiones y negligencia institucional.

El país espera respuestas claras y acciones concretas, no solo comunicados formales. La corrupción en empresas públicas no solo afecta los recursos de todos los chilenos, sino que también socava la confianza en un Estado que dice defender la transparencia mientras cierra los ojos ante los abusos en su propia administración.