Caso Chinamart empeora: PDI detecta gestiones irregulares de Karol Cariola en favor de empresario chino en Santiago

Un contundente informe de 94 páginas elaborado por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) reveló que la actual senadora Karol Cariola, militante del Partido Comunista, realizó una serie de gestiones «al margen de los canales regulares» para favorecer al empresario Bo Yang, apodado Emilio Yang, en la comuna de Santiago. La investigación, que ya está en manos del Ministerio Público —el organismo encargado de perseguir los delitos en el país—, apunta a que la parlamentaria utilizó su influencia para intentar que la Municipalidad de Santiago, bajo el mando de la también comunista Irací Hassler, renovara patentes de alcohol para el local «Chinamart», pese a que el Concejo Municipal ya había rechazado dicha solicitud por incumplimientos legales.

Puntos Claves:

• Nuevos antecedentes en informe de 94 páginas: La BRIAC (Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana) de la PDI remitió un extenso documento de 94 páginas donde concluye que las gestiones de la senadora se realizaron al margen de los canales regulares. En su declaración contenida en el informe, Cariola admitió haber contactado directamente a la exalcaldesa Irací Hassler por la patente de Emilio Yang y reconoció haber borrado mensajes de su celular para proteger su intimidad antes de la incautación del equipo.
• Intervenciones fuera de la norma: Según la BRIAC (Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana), las acciones de Cariola dieron origen a «actos administrativos excepcionales» para intentar rescatar permisos comerciales que ya habían sido denegados por las autoridades correspondientes.
• Presión directa sobre funcionarios municipales: El informe detalla que, tras la petición de Cariola a la exalcaldesa Hassler, se instruyó al funcionario Reynaldo Morales para «explorar alternativas administrativas» que permitieran reactivar la renovación de la patente del local Chinamart, algo que el propio Morales calificó como un hecho «excepcional» que nunca antes había vivido con otro parlamentario.
• Vínculos personales y beneficios bajo la lupa: La hoy senadora reconoció haber recibido regalos por parte de Yang, tales como un coche y ropa de bebé, además de mantener un contrato de arriendo verbal por un departamento vinculado a las sociedades del empresario, por el cual terminó pagando más de 28 millones de pesos mediante un cheque al finalizar el vínculo.
• La polémica excusa de la brecha idiomática: Ante la Fiscalía, Cariola argumentó que su intervención no fue tráfico de influencias —delito que ocurre cuando una autoridad usa su cargo para obtener beneficios indebidos—, sino una ayuda técnica, señalando que «existe una brecha idiomática y de comprensión de los procedimientos administrativos de nuestro país por parte de la comunidad china». En otras palabras, Cariola estaría «ayudando» al empresario chino entender la dinámica de los negocios en Chile. Al facilitar el camino a un empresario amigo, ignora que el tráfico de influencias consiste precisamente en eso: en romper la barrera necesaria entre la política y los negocios para evitar que el poder se use en beneficio de intereses particulares en lugar del bien común.
• Eliminación de evidencia digital: El informe policial consigna que la parlamentaria borró mensajes de su teléfono iPhone 15 antes de entregarlo a la policía, justificando esta acción por la necesidad de proteger su intimidad tras haber dado a luz recientemente, lo que dificulta la reconstrucción total de las conversaciones con el empresario.
• Gestiones en las más altas esferas del poder: Se detectó que la actual senadora también realizó gestiones para que la comitiva de Yang visitara el Palacio de La Moneda y sugirió incluir al empresario en delegaciones oficiales de negocios a China lideradas por el Gobierno.
• Conclusiones de la policía civil: La PDI fue enfática al señalar que las intervenciones de la legisladora «dieron origen a actos administrativos excepcionales, los cuales se prolongaron hasta el año 2023, orientados a obtener la renovación de las patentes de alcohol de Chinamart, sobre las cuales, previamente el Concejo Municipal ya había resuelto no renovar». Después de todo esto el Concejo Municipal de Santiago mantuvo su decisión y no renovó la patente de alcoholes, sino el intento de influir y el uso de canales informales para obtener beneficios que un ciudadano común no tendría. En términos legales en Chile, el delito de tráfico de influencias se considera tal por el solo hecho de ejercer esa presión indebida sobre un funcionario público, sin importar si se logró el objetivo final o no.

El caso «Chinamart» desnuda una forma de hacer política que los chilenos ya no toleran: el uso de los privilegios del poder para saltarse las reglas que todos los demás ciudadanos deben cumplir. Mientras miles de pequeños emprendedores en Santiago y en todo Chile deben enfrentar una burocracia lenta y rigurosa para obtener sus patentes —permisos legales para funcionar—, una diputada de la República, en ese entonces, habría utilizado su acceso directo a una alcaldesa de su mismo color político para intentar «arreglar» la situación de un amigo personal.

Este tipo de conductas no solo dañan la fe pública, sino que confirman el impacto negativo de una ideología que, mientras critica los privilegios en el discurso, los utiliza en la práctica para favorecer a sus redes de contacto. Es fundamental que la justicia actúe con máxima celeridad y sin presiones políticas para esclarecer si estamos ante un delito de tráfico de influencias, asegurando que el estándar de probidad y transparencia sea el mismo para todos, sin importar el cargo o la militancia.