Crisis en el Ministerio de la Mujer: Poder Judicial desmiente a Orellana y revela grave negligencia del SernamEG en el caso de Nabila Rifo

El caso de Nabila Rifo vuelve a remecer al país. Un informe oficial del Poder Judicial desmintió categóricamente a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, confirmando que la víctima sí fue debidamente notificada sobre la libertad condicional de su agresor, Mauricio Ortega. El documento deja al descubierto una cadena de errores y omisiones del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), organismo que abandonó su representación legal, permitiendo que el condenado quedara en libertad. La controversia ya escaló a nivel político, con Renovación Nacional exigiendo la salida de la ministra y acusando al gobierno de Boric de “doble estándar” y “defensa corporativa”.

Puntos Claves:

• El Poder Judicial contradice a la ministra Orellana: El Juzgado de Garantía de Coyhaique certificó que Nabila Rifo fue debidamente notificada el 9 de septiembre de este año, casi un mes antes de la audiencia en que se concedió la libertad condicional a su agresor, Mauricio Ortega. Este documento oficial desmiente las declaraciones públicas de la ministra Antonia Orellana, quien había asegurado que la víctima “no fue notificada”.
• Cómo y dónde se notificó a Nabila Rifo: Según el expediente judicial, la notificación se efectuó por cédula en su domicilio registrado en el proceso, es decir, se dejó copia de la resolución “ajustada al portón de acceso” de su vivienda. Este procedimiento está contemplado en la ley chilena como una forma válida de notificación, y se usa cuando la persona no se encuentra presente al momento de la visita del funcionario judicial. Expertos en derecho penal precisan que la responsabilidad de actualizar el domicilio recae en las partes, no en el tribunal. En este caso, correspondía a la víctima o su abogada patrocinante informar cualquier cambio de dirección. En el expediente no existe registro de que se haya presentado tal solicitud. En palabras simples: el tribunal notificó correctamente donde correspondía, pero el SernamEG no cumplió con su deber de mantener los datos actualizados ni de asegurarse de que la comunicación llegara a Nabila.
• Negligencia del SernamEG y cadena de errores: El documento judicial revela que el SernamEG nunca reasignó la representación legal de Nabila, pese a que la abogada que la representaba —Beatriz Ramírez Díaz— fue suspendida y destituida años atrás. Su correo institucional, bloqueado desde 2019, seguía figurando como medio oficial de contacto. Como resultado, las notificaciones electrónicas enviadas por el tribunal rebotaron sin que nadie las revisara, y la víctima no recibió asesoría ni defensa para oponerse a la libertad de su agresor. Según expertos judiciales, este tipo de omisiones constituyen una falta de servicio grave, pues era responsabilidad del SernamEG mantener la representación activa y designar otra abogada tras la desvinculación de Ramírez.
• Orellana defendió lo indefendible: A pesar de los antecedentes judiciales, la ministra Orellana salió en defensa del SernamEG. En una declaración en redes sociales afirmó que “quien debía ser notificada era la víctima y la víctima nos ha comunicado que no lo fue”, agregando: “Nosotros le creemos”. Sin embargo, el informe del Poder Judicial es explícito: la víctima fue debidamente notificada, y lo único que no consta es que “haya evacuado descargos o alegaciones” frente a la solicitud de Ortega. En otras palabras, Nabila tuvo la oportunidad de manifestar su oposición, pero el Estado —a través del SernamEG— no la asistió ni la representó.
• Contradicciones en la versión de la ministra: Orellana argumentó que la representación del SernamEG terminó con la sentencia ejecutoriada de 2017, pero el documento de patrocinio firmado por Nabila en 2016 indica expresamente que la abogada del servicio la representaría “hasta la completa ejecución de la sentencia”. Esto significa que el patrocinio seguía plenamente vigente hasta 2034, y que el servicio tenía la obligación de actuar en defensa de la víctima.
• El fallo político: exigencia de renuncia y crítica transversal: La bancada de Renovación Nacional pidió al presidente Boric la destitución inmediata de Orellana y de la directora del SernamEG, argumentando que su actuar refleja una “defensa corporativa” y una falta absoluta de autocrítica. En una carta enviada a La Moneda, los diputados señalaron que “la promesa de un gobierno feminista está desahuciada”, acusando al Ejecutivo de haber convertido el discurso de protección de las mujeres en un mero eslogan político.
• Responsabilidades compartidas y un vacío institucional: Según juristas y funcionarios judiciales, la secuencia de errores se explica por falta de comunicación entre el tribunal, la víctima y el SernamEG, pero la responsabilidad principal recae en este último, al no haber garantizado la continuidad de la representación legal ni informado los cambios pertinentes. El Poder Judicial cumplió formalmente con su deber al notificar a la dirección registrada, y no existen antecedentes de negligencia por parte del tribunal. Un funcionario judicial señaló que “el tribunal notificó donde correspondía; el problema fue que el Estado dejó sola a la víctima”.
• Una comisión bajo la lupa: La Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique, la misma que benefició a Ortega, también liberó a seis reos condenados por violación y abuso sexual de menores, varios de ellos con alto riesgo de reincidencia, según informes de Gendarmería. Esta situación ha provocado nuevas críticas hacia el sistema, al evidenciar criterios poco rigurosos en la evaluación de libertades condicionales.
• Discurso oficial vs. realidad: Mientras la ministra Orellana pedía públicamente “evitar actos de revictimización”, su ministerio —a través del SernamEG— omitía las acciones mínimas necesarias para defender a Nabila. El contraste entre la retórica feminista del gobierno y la negligencia institucional ha generado una profunda desconfianza pública y un creciente reclamo social.
• Omisión clave de Orellana:
  En su video de defensa (que adjuntamos abajo), la ministra Antonia Orellana afirmó que “¿Se entregó la libertad condicional a Mauricio Ortega porque el SernamEG no hizo su trabajo? No, eso es falso”. Sin embargo, omitió que el portal del Poder Judicial ya mostraba, desde el 29 de septiembre, la solicitud de libertad condicional de Ortega, información pública que el ministerio no advirtió.
  Según expertos, esta omisión evidencia falta de monitoreo y coordinación por parte del Estado. Además, Orellana no mencionó que la abogada patrocinante de Nabila seguía registrada pese a haber sido desvinculada, lo que explica por qué nadie actuó a tiempo ante la petición del agresor.

Nos referimos a las últimas informaciones que se han entregado respecto a la libertad condicional de Mauricio Ortega. Reiteramos que proteger la dignidad de las mujeres que han vivido violencia es responsabilidad de todas/os, hacemos un llamado a evitar actos de revictimización. pic.twitter.com/gZ7n1Zkaxo

— Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) October 10, 2025

El caso de Nabila Rifo simboliza no solo el dolor de una víctima, sino el fracaso estructural de las instituciones encargadas de protegerla. El informe judicial deja en evidencia que el Estado sí notificó, pero el aparato político y administrativo no actuó. La ministra Orellana insistió en defender al SernamEG, pero los hechos y documentos oficiales la desmienten de manera irrefutable.

La historia muestra un patrón que se repite: más discurso que acción, más defensa partidista que empatía real. En un país donde los casos de violencia contra las mujeres siguen aumentando, lo ocurrido con Nabila Rifo es una advertencia sobre lo que pasa cuando la ideología y la incompetencia pesan más que la justicia y la protección. Esta vez, el Estado volvió a fallar, y la víctima —otra vez— fue dejada sola.